De la ruptura fiscal a la contrarreforma
Con el hundimiento de las economías capitalistas más avanzadas en la profunda crisis económica actual se han alzado voces preconizando la reducción de la presión fiscal y expresando su confianza en la dinámica del sector privado para remontar el tremendo bache. También ha surgido un griterío clamando contra la reforma fiscal.Se alega que aquí se eleva la fiscalidad, mientras que en los demás países se reduce, que se han acortado sustancialmente las distancias fiscales entre España y la CEE y que el ritmo de la reforma fiscal está colocando la presión a niveles insostenibles. Lo que pretenden esos portavoces no es otra cosa que olvidarse de la ruptura fiscal de Fernández Ordóñez y encontrar argumentos para la contrarreforma.
Pero al contrastar con los datos de la realidad las afirmaciones alarmistas, las conclusiones a que se llega, en el período 1965-1979, son las siguientes:
1. El nivel de la presión fiscal en España está muy lejos de los niveles medios de los países de la CEE y de la OCDE. Por agrupaciones de países, la presión fiscal en la CEE es el 41%; en la OCDE europea, el 38%; en toda la OCDE, el 36%, y en Norteamérica, el 31%. España se queda en el 23%, mientras que Suecia alcanza el 53%.
2. Tan inexacto es concluir que se ha aflojado en todos los países de la OCDE la presión impositiva como señalar que se ha generalizado su elevación. Lo único que puede afirmarse, en contra de las opiniones neoliberales, es que no hay una tendencia estructural a intentar salir de la crisis disminuyendo la fiscalidad y el tamaño del sector público. Al contrario, ante la crisis, se multiplican las presiones sobre la economía pública en demanda de ayudas. El Reino Unido, buen ejemplo de cambio de rumbo en la política fiscal y presupuestaria, está lejos de proporcionar a la señora Thatcher el placer de ir a una reelección mostrando sus logros económicos.
3. Comparando los niveles de España en 1979 con los de la CEE en 1977, la diferencia es nada menos que de dieciocho puntos del PIB, tanto si se incluye como si se excluye la seguridad social. Lo peor del caso no es sólo la separación actual. Lo más llamativo es que, en lugar de acercarnos, nos vamos distanciando, situación francamente complicada para un país que pretende integrarse en la Comunidad. En efecto, se mire, con o sin incluir las cotizaciones a la Seguridad Social, con series antiguas o revisiones modernas para España, el resultado es el mismo: mayor diferencia que en 1965.
4. El punto anterior nos lleva de la mano a otro, el del incremento del peso de la fiscalidad en nuestro país y el papel jugado por la Seguridad Social. Si nos atenemos a la evolución de la presión fiscal en sentido estricto, en los quince años que van desde 1965 a 1979 ni siquiera ha crecido un punto, pues la variación ha sido del 11,5% al 12,2% del PIB. En cambio, incluyendo las cotizaciones sociales, se registra un aumento de siete puntos. He aquí una manifestación de cómo el propio sistema ha tenido que recurrir a una fiscalidad encubierta, cuyo peso ha caído sobre la creación de puestos de trabajo para suplir en alguna medida la insuficiencia del aparato fiscal.
5. En 1978 tuvo lugar un acontecimiento que, dada la tradición del sistema fiscal español, puede calificarse de histórico, al superar los impuestos directos a los indirectos en recaudación, aunque las previsiones del Ministerio de Hacienda dan para 1980 mayor crecimiento de la recaudación indirecta que de la directa. Lo que no se ha explicado suficientemente es que ese avance de los impuestos directos se debe a dos factores combinados. Por un lado, los efectos de la inflación, que sometieron a gravamen rentas antes exentas, sobre todo rentas de trabajo, erosionadas, por otra parte, como consecuencia de la subida del coste de la vida. Y, por otro lado, la sorprendente alza de los rendimientos del IRTP, que entre 1970 y 1977 se multiplicaron por veintidós, mientras que los del impuesto sobre capital o sobre la renta de las personas físicas crecieron en el mismo período sólo seis y siete veces, respectivamente. Estas matizaciones son imprescindibles para comprender el verdadero alcance de la «progresivización» reciente del sistema fiscal español.
6. Algunos sectores han argumentado que desde que Fernández Ordóñez inició la reforma fiscal ista se está llevando a cabo a un ritmo intolerable. Si se tiene en cuenta que el proceso se inició en 1977, que aún permanecen en las Cortes sin haberse discutido algunos proyectos de ley, como el que gravará el valor añadido, y que faltan desarrollos complementarios de otros que pasaron el Rubicón parlamentario, como el de sociedades, está uno en condiciones de opinar sobre la velocidad de una reforma que no estará totalmente a punto, si llega al final del camino, en menos de cinco años entre pitos y flautas. Traducido todo a números, se resume en unavariación de la presión fiscal entre 1977 y 1979 de 0,6 puntos, incluyendo la Seguridad Social.
En fin, el análisis de algunos datos significativos no avala, antes al contrario, desautoriza y desarma las alarmas lanzadas por algunos sectores, aprovechando el lógico malestar de los que a la hora de hacer estos días la declaración de la renta se encuentran con la obligación de tener que pagar a Hacienda más de lo esperado, como consecuencia de unas retenciones bajas, por error de cálculo o por motivos electorales. Ni la presión fiscal española está a niveles cercanos a los europeos, ni se ha desmadrado el ritmo de la reforma fiscal, ni hay en Occidente una tendencia estructural a superar la crisis económica aflojando la fiscalidad, aunque esto último suceda en algunos países, que, por cierto, no han logrado mejorar sus perspectivas. ¿Cómo interpretar entonces el griterío que se ha alzado en el centro del salón? Todo parece indicar que se ventilan opciones políticas y no económicas. La reforma de Suárez tocó techo en diciembre de 1978, cuando se refrendó la Constitución. Desde entonces, venimos asistiendo a una ofensiva para frenar primero, parar después y dar marcha atrás finalmente en algunos avances conseguidos. La acción combinada de intereses económicos e ideológicos de carácter oligárquico y reaccionario puede dar al traste con una oportunidad histórica.
