La recuperación de El Saler podría costar 2.000 millones a la ciudad de Valencia
La recuperación de la zona verde de El Saler necesita un período previo de información exhaustiva a los ciudadanos antes de adoptar decisiones municipales sobre su futuro. En estos términos se manifestó la Federación de Asociaciones de Vecinos a raíz de la reunión mantenida con representantes del ayuntamiento y miembros de la comisión que elaboró un informe técnico hecho público días atrás, en el que se ofrecen varias alternativas para que la corporación apruebe un plan para salvar El Saler.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Pedro Zamora, ha afirmado que la desprivatización de El Saler y la recalificación de la zona podría costarle al ayuntamiento unos 2.000 millones de pesetas.El movimiento vecinal propone la paralización inmediata de todas las construcciones y edificaciones actualmente en curso, con el eslogan de «Ni un ladrillo más en El Saler», y la necesidad de abrir una investigación de las responsabilidades que puedan derivarse del estado actual de la zona, después del proceso de privatización y destrucción del ecosistema emprendido a lo largo de los últimos años.
«No pensamos que con estas medidas se vayan a recoger fondos suficientes para recuperar El Saler», expresó un portavoz de la federación, «pero no podemos dejar pasar por alto que cualquier propuesta de recuperación plantee al erario municipal un desembolso aproximado de ochocientos millones de pesetas para pagar deudas contraídas por errores de anteriores corporaciones».
La envergadura del tema plantea decisiones no sólo administrativas, como parece ser el criterio de la comisión del ayuntamiento que estudia las soluciones, sino sobre todo políticas, que cuenten con la participación de los movimientos ciudadanos y ecologistas que han reivindicado El Saler como zona verde frente a los intereses urbanísticos de las corporaciones franquistas. En este sentido, la federación propone un plan de recuperación de forma inmediata sobre las dunas y, en general, sobre todo el ecosistema al norte del canal del Puchol, que sería previo a la decisión sobre los aspectos legales y administrativos, así como la apertura de un proceso de consulta popular, haciendo uso del derecho legal a tener iniciativa por parte del ciudadano, cuya posibilidad de concluir en una convocatoria de referéndum está siendo estudiada por juristas expertos.
La comisión municipal, integrada por el concejal de Urbanismo y cuatro representantes, uno por cada fuerza política del ayuntamiento, estudia entre tanto la propuesta a llevar a la decisión del pleno, según las conclusiones del informe de los técnicos. Parece decantarse por una solución intermedia entre no tocar nada o rescatar toda la zona para uso público, que supone concentrar las nuevas edificaciones en la parte ya urbanizada y recuperar, sobre todo, la zona sur del canal del Puchol. Por parte de los comunistas existen, sin embargo, reservas para zanjar el tema sin recoger aspectos de las reivindicaciones planteadas por el movimiento vecinal.
