Bronca parlamentaria entre Gobierno y oposición por el secuestro de la película "El crimen de Cuenca"

El Congreso de los Diputados debatió ayer, en medio de una gran bronca, la situación creada por el secuestro de la película El crimen de Cuenca, ordenado por la justicia militar. El vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril, tuvo una intervención, en tono airado, en la que advirtió a la oposición que no están los tiempos para buscar conflictos con las instituciones, en una clara referencia a las Fuerzas Armadas. Alfonso Guerra, número dos del PSOE, replicó que tal advertencia es una amenaza intolerable para el Parlamento.

El debate se suscitó por una pregunta del mismo Guerra al ministro de Cultura, sobre la situación de la película en cuestión. El dirigente socialista se interesaba por la actitud del Gobierno ante el secuestro de la obra y el procesamiento de su autora, Pilar Miró, y sobre las intenciones del Gobierno en relación con la lucha por la libertad de expresión.Ricardo de la Cierva contestó que la actitud del Gobierno ante una decisión de la justicia, en este caso la militar, no puede ser más que acatarla. Añadió que el Gobierno no puede dar instrucciones al ministerio fiscal para que la jurisdición militar se inhiba en favor de la ordinaria, ya que la justicia de las Fuerzas Armadas no puede ser mediatizada por el Gobierno, en virtud de la división de poderes constitucionalmente regulada.

En cuanto a la libertad de expresión, el ministro de Cultura afirmó que está totalmente comprometido con ella, y citó como ejemplos las felicitaciones que se le dieron cuando en tiempos pasados dimitió de la Dirección General de Cultura Popular por haber llevado una política liberal y abierta. Pero advirtió Ricardo de la Cierva que la libertad de expresión implica también el respeto del derecho al honor y a la propia imagen, entre otras cosas.

Añadió que el Gobierno en su conjunto está en el mismo compromiso por la libertad de expresión, y citó numerosos ejemplos de actuaciones en favor de la misma, al mismo tiempo que anunció varias modificaciones de la legalidad vigente en el mismo sentido. Al término de la intervención, la oposición abucheó al ministro y aporreó los pupitres.

Alfonso Guerra replicó que no es cierto que el Gobierno haya respetado la legalidad, ya que el artículo veinte de la Constitución prohibe la censura previa y el secuestro si éste no se hace en virtud de una resolución judicial, y afirmó a renglón seguido que la autoridad militar no ha respetado la Constitución, la cual limita sus competencias al ámbito estricto de las Fuerzas Armadas.

También dijo que no se le había contestado a las interrogantes de si el Gobierno considera que narrar unos hechos reales ocurridos hace sesenta años es constitutivo de delito. «Usted ha demostrado que no ejerce como ministro de Cultura», terminó Guerra.

Ricardo de la Cierva replicó que estaba decepcionado por las pocas cualidades de jurista del dirigente socialista, e inició una frase que decía textualmente: «Si hiciéramos caso de la Constitución, que no lo hacemos...». En ese momento la oposición dedicó un gran aplauso al ministro, queriéndole hacer ver que reconocían que no se cumple la Constitución. Este aplauso se unió a las protestas y pateos que habían acompañado el debate hasta entonces.

El ministro de Cultura aseguró que el secuestro es constitucional, puesto que se ha producido en virtud de una resolución judicial, y respecto a si la narración de unos hechos es delito, afirmó que el diputado Guerra sabe de sobra que narrar cinematográficamente no equivale a narrar simplemente. Terminó mostrando serias dudas sobre la fidelidad de la película a los hechos reales.

En ese momento pidió la palabra el vicepresidente Abril, quien afirmó que la oposición no preguntaba realmente para aclarar una cuestión, sino para extraer conclusiones negativas supuestas de antemano. Afirmó que es absolutamente injusto decir que el Gobierno, que ha contribuido como el que más a traer la democracia, no defiende la libertad de expresión.

Acusó a la oposiciór, de no reconocer que lo que no quieren es que el caso de la película esté en la jurisdicción militar, ante lo que surgió un clamor en los bancos de la izquierda, cuyos ocupantes gritaron: «Claro que sí». Después dijo que una respuesta responsable al asunto consiste en tramitar urgentísimamente la reforma del Código de Justicia Militar, y terminó advirtiendo, que no están los tiempos y la situación para buscar conflictos con las instituciones o desgastar al Gobierno. La intervención del vicepresidente acabó con un gran aplauso de UCD y los ya repetidos pateos de la oposición, en medio de una gran bronca.

Replicó Alfonso Guerra que si había dicho que el caso no debe estar en la jurisdicción militar y se mostró sorprendido de que pida ese trámite urgente del nuevo código un representante del Gobierno que ha tenido meses para preparar el proyecto. Preguntó qué quiere decir la expresión «que no se hagan conflictos con las instituciones» y si el deseo del Gobierno es que no se pueda discutir en el Parlamento sobre las Fuerzas Armadas.

El ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, pidió la palabra a su vez para afirmar categóricamente que el Gobierno no ha retenido el proyecto del Código de Justicia Militar, sino todo lo contrario, pero que debe quedar claro que el código que hoy está vigente hay que cumplirlo. Alfonso Guerra respondió que el presidente de Congreso y la Mesa son testigos d que el ministro de la Defensa desconoce el tema o no dice la verdad, ya que ha sido el representante del Grupo Socialista el que ha tenido que pedir ante la Junta de Portavoces que se reúna la ponencia que informa del proyecto.