Antonio Pedrol: "La abogacía lamenta no haber colaborado en el desarrollo constitucional"

La abogacía española ha venido ofreciendo reiteradamente en los últimos tiempos su colaboración al Parlamento y al Gobierno, desde los campos de la técnica y de la experiencia profesional, en los trabajos de desarrollo legal de la Constitución. El ofrecimiento, sin embargo, no ha encontrado eco hasta ahora, aun cuando ya han sido remitidos al Parlamento proyectos de ley tales como los relativos al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, de los que deberán formar parte, entre otros, eminentes abogados y juristas, según el mandato constitucional. La asamblea de decanos de colegios de abogados de toda España ya expresó, en su reunión del pasado mes de junio, su sorpresa ante el rechazo de la colaboración ofrecida. Antonio Pedrol, presidente del Consejo General de la Abogacía y decano del Colegio de Abogados de Madrid, expone sus criterios sobre este asunto y las gestiones realizadas.

Pregunta. La abogacía, como institución, ¿está participando de alguna forma en el desarrollo legal de la Constitución?Respuesta. Con motivo de la asamblea de decanos, celebrada en el mes de junio, hicimos público nuestro ofrecimiento de colaboración corporativa a los trabajos de desarrollo constitucional, dejando muy claro, por anticipado, que ni pretendemos invadir campos propios del poder legislativo ni suministrar conocimientos científicos de los que se encuentran perfectamente dotados los muchos compañeros que en la Administración del Estado y en los órganos parlamentarios se ocupan de tales cuestiones.

Pero es evidente que el abogado que lucha en el frente de la realización de la justicia recoge una experiencia diaria que no se aprende en los libros, y que sería extremadamente útil para detectar problemas y encauzar inquietudes populares. Aprovecho esta ocasión para reiterar nuestro ofrecimiento, totalmente desinteresado, y anuncio que después de vacaciones proyectamos organizar en los colegios de abogados coloquios en los que se comenten algunos aspectos de interés público. Empezaremos con el tema del divorcio, que ya tratamos por primera vez públicamente, en el Centro de Estudios Jurídicos, a primeros de los años setenta, cuando estas cuestiones eran todavía tabú.

P. ¿Cómo podría concretarse, y a través de qué mecanismos, esa aportación de la abogacía al desarrollo constitucional?

R. Legalmente, el Gobierno no está obligado a pedir nuestra opinión mas que en aquellos temas relacionados con la organización profesional. Pero lo que ocurre con los abogados es que todo lo que se relaciona con la justicia, si no les afecta en sentido estricto, sí constituye, en cambio, un mundo que condiciona de alguna manera la actividad del abogado. En una interpretación, por tanto, amplia, habría motivos para que, de acuerdo con la ley de Colegios Profesionales, esos proyectos de ley relativos a la organización de la Administración de Justicia y del Poder Judicial nos fuesen enviados para su informe en el Consejo General de la Abogacía.

Misión informativa

P. ¿Cree que el Consejo General de la Abogacía debería ser consultado por el Congreso y el Senado sobre los nombres de los candidatos abogados y juristas en el momento de confeccionar las listas de los componentes del Tribunal Constitucional y del Consejo del Poder Judicial?R. Cuando yo era senador y se planteó en el debate constitucional el tema del Consejo General del Poder Judicial, sugerí. en unas gestiones de pasillo, la posibilidad de que se le pidiesen al Consejo General de la Abogacía nombres de abogados prestigiosos e independientes para que los tuvieran a la lista los parlamentarios a la hora de elegirlos, sin que, en ningún momento, esas listas nuestras pudieran ser vinculantes, ya que se trata de una facultad que corresponde exclusivamente al poder legislativo.

Pensaba que podíamos nosotros tener una actividad informativa, y que para los parlamentarios podía ser útil que quienes conocemos la ida y milagros de nuestros compañeros, su competencia e independencia, les facilitásemos esa labor.

La respuesta que se me dio en entonces fue que lo que yo proponía era una sugerencia más propia para ser tratada en la futura ley que en el texto constitucional, argumento perfectamente comprensible. Pero cuando se han remitido al Parlamento los proyectos de ley del Tribunal Constitucional y del Consejo del Poder Judicial, nada de esto se ha hecho, por lo que me temo que el Consejo General de la Abogacía no tendrá, no digo ya intervención oficial, sino ni siquiera contactos a nivel consultivo.

P. De su respuesta parece deducirse la existencia en la abogacía, y en sus órganos de gobierno, de gran malestar por esta marginación.

R. Bueno, es verdad que existe cierta decepción, porque nosotros vamos ofreciendo colaborar, pero esa mano que tendemos no encuentra respuesta. Sobre todo nos preocupa porque cuando se discutió, por ejemplo, el reglamento del Senado hice una propuesta para que, igual que ocurre en el Senado norteamericano, cuando se fuera a discutir un proyecto de ley se abriese un período de información pública durante el cual el sector o grupo social interesado pudiese solicitar ser oído por la comisión correspondiente. Esta es una práctica muy frecuente, y en Washington hay un sector de abogados cuya especialidad consiste en comparecer ante las comisiones del Senado para suministrar esos elementos de juicio.

Mi propuesta fue desechada por razones contradictorias, pero coincidentes. UCD tuvo miedo de las comisiones de vecinos, y el PSOE, de las asociaciones patronales, y entonces se pusieron de acuerdo para decir no.

P.Su presencia, junto con otras personalidades españolas, en la Trilateral, ha causado extrañeza. ¿Puede explicar por qué está usted dentro de una institución tan criticada y cuyos fines son, por lo menos, ambiguos?

R. He leído estos meses muchos juicios de valor sobre la Trilateral , pero los reflectores de los examinadores se han parado poco sobre la preocupación que aquélla ha mostrado por los derechos humanos, preocupación que posiblemente influenció algunas declaraciones programáticas del presidente Carter al comienzo de su mandato. Porque la Trilateral había estado ocupándose de los derechos humanos. ¿No cree usted que en momentos difíciles y aun trágicos para mis compañeros de Latinoamérica, puede ser muy importante para ellos que desde dentro de la Trilateral yo recuerde la necesidad de respetar sus derechos a defender libremente?