Será necesario multiplicar por diez los presupuestos de investigación

«España dedica sólo un 0,37% de su producto interior bruto a investigación -se declara en el Informe sobre la investigación universitaria, elaborado por los vicerrectores de las universidades españolas- Para hacerse una idea de la pequeñez de esta cifra, basta decir que la media para 67 países incluidos en el informe es del 0,9%. El esfuerzo económico en investigación de España no es superior al de muchos países africanos. »Ante este hecho, ya reiteradamente conocido, pero, al parecer, indefinidamente postergado en su solución más radical, fuentes consultadas por EL PAÍS han declarado: «Creemos conveniente, ahora que se ha creado el Ministerio de Universidades e Investigación, sacar a relucir el informe de los vicerrectores de investigación de varias universidades españolas. Ante los problemas del anterior ministerio, la universidad había quedado generalmente relegada, en especial en su aspecto investigador. Ahora, al asociar ambos nombres, se pone en relación directa la universidad con la investigación. Este informe demuestra que las inversiones deben multiplicarse según un factor nueve o diez. Este número resulta, a su vez, del producto de dos factores tres por tres. Un factor tres resulta del hecho de que España debe incrementa el porcentaje de su producto nacional bruto dedicado a la investigación, pasando del 0,35 % actual al 1%. El otro factor tres resulta del hecho de que la inversión por investigador universitario es, en general, una tercera o cuarta parte de la destinada para otros investigadores de centros estatales, con excepción quizá del CSIC.»

Distribución

Según los especialistas en el tema, «la realización de investigación básica y aplicada es indispensable dentro de una universidad que tiene la responsabilidad de formar investigadores y de contribuir a la solución de problemas como consecuencia de la conexión de las tareas universitarias con la sociedad en la que está inmersa».Pero, según las mismas fuentes, «junto al objetivo anterior de crecimiento habría de contemplarse otro de carácter redistributivo, de tal manera que el subsector de enseñanza superior pasea ocupar la importancia relativa que le corresponde, de acuerdo con el grado de desarrollo científico y tecnológico que se pretende alcanzar».

Según datos de la propia universidad, sumando todos los fondos que ha recibido la universidad española con destino a investigación en 1977, se obtiene la cifra de unos mil millones de pesetas, «incluyendo las ayudas paralelas a las becas, que extrae la universidad de sus propios presupuestos de actividades docentes. Dividiendo esta cifra entre los 5.000 profesores numerarios que aproximadamente tiene la universidad española, llegamos a una cifra de 200.000 pesetas por numerario. Pero si dividimos entre los 25.000 profesores universitarios, incluyendo los PNN, llegamos a la cifra de 40.000 pesetas/año por profesor».

«Estas cifras -prosigue el informe- son ridículas si se las compara con los 40.000 dólares por investigador que se invertían en Alemania, Francia y el Reino Unido en 1971 (ponencia del III Plan de Desarrollo), con los 30.000 dólares de media mundial (Unesco, 1974), con los 2.000.000 de pesetas por investigador empleados en España en 1974... e incluso con los 9.000 a 20.000 dólares empleados en varios países africanos.»

En otros países del mundo se ha optado por la solución de crear un Ministerio de Educación y otro de Ciencia y Tecnología. El de Educación se ocupa, en esos casos, de todos los problemas relacionados con la enseñanza, tanto la superior como la secundaria. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, por su parte, cubre la investigación en organismos que en nuestro país dependen de otros ministerios. En el caso español esto afectaría al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), a la JEN (Junta de Energía Nuclear), INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial)..., que actualmente están encuadrados en ministerios diferentes. «Otra de las ventajas de esta forma de estructurar la investigación -declararon las mencionadas fuentes a EL PAÍS- en relación directa la ciencia con la tecnología o la investigación fundamental con la aplicada. »

Los profesionales consultados opinan que para la creación de la política científica y la elaboración de los grandes programas de investigación se podrían crear comités formados por científicos y parlamentarios, tal como se hace en otros países. «Estos comités -concluyen las declaraciones- discutirían las propuestas presentadas por el Gobierno, así como las mociones de los propios miembros del Parlamento. Asimismo, podrían discutir asuntos relacionados con la política científica y elaboración de objetivos y programas a escala nacional (en sanidad, urbanismo, energía, etcétera).»