Beneficios para la agricultura y reformas en industria, monopolios y sistema financiero
La adhesión de España a las Comunidades Europeas tendrá consecuencias favorables para la agricultura española. Esta es una de las conclusiones de un informe que, con carácter reservado, ha sido entregado al Gobierno por el ministro encargado de las Relaciones con la CEE, Leopoldo Calvo Sotelo, y que fue elaborado por altos funcionarios de diez ministerios. De él se desprende que España deberá reestructurar su legislación de zonas francas, adoptar medidas contra la polución industrial, reformar el sector del automóvil y, en especial, la industria auxiliar de automoción, replantear las ayudas estatales a ciertas empresas del INI, aceptar un largo período transitorio para la libre circulación de trabajadores y admitir una posterior presencia de trabajadores de Portugal y países del Magreb, así como solucionar el tema del cierre de la frontera de Gibraltar. Asimismo España deberá institucionalizar un sistema automático de cambios y reformar los monopolios de CAMPSA y Tabacalera.
El informe1a sido elaborado por un total de 45 altos funcionarios de los ministerios de Asuntos Exteriores, Hacienda, Interior, Trabajo, Industria, Agricultura, Comercio, Sanidad, Economía y Relaciones con la CEE, departamento este último que coordinó los trabajos que se realizaron sobre un total de 34 ponencias. Más de trescientas paginas recogen el resultado de las conclusiones de los expertos a lo largo de ocho capítulos, en los que se analizan la estructura de la negociación y los temas unión aduanera, agricultura, industria, política comercial, mano de obra, euratom y movimiento de capitales y ayudas y monopolios.EL PAIS, que publicará en los próximos días un resumen de estas conclusiones, sabe que los grupos de trabajo iniciaron nuevas reuniones encaminadas a desarrollar otras cuestiones como presupuestos, unión aduanera y contingentes. Unos estudios que, como los primeros, no presuponen en sus conclusiones, cual será la posición negociadora definitiva de España en sus conversaciones para la adhesión, aunque sí incluyen las líneas generales de la estrategia hispana. La posición última dependerá también de la actitud comunitaria y del desarrollo final de la posición española. Paralelamente a estos trabajos, el Ministerio de Relaciones con la CEE ha iniciado otra serie de conversaciones de carácter técnico, con representantes de las Comunidades como las que se inician en Madrid hoy jueves para el estudio del. derecho derivado.
En las conclusiones del primer informe -el segundo se espera que quede concluido para finales de abril o primeros días de mayo- se señala, en primer lugar, la necesidad de que España prepare un equipo negociador con vistas a las sesiones formales de adhesión hispano-comunitarias que se iniciarán en el próximo otoño y en las que la CEE estará representada por el Comité de Representantes Permanentes (Coperer) y asesorada por la Comisión Europea.
Asimismo, las conclusiones recogen toda una serie de ideas por sectores que pueden resumirse de la siguiente manera:
1. Unión aduanera: se considera que los aspectos técnicos aduaneros «no constituirán un problema sustancial» y se señala que ya se han realizado estudios previos sobre la homologación arancelaria de España a la Tarifa Exterior Comunitaria (TEC) y a temas específicos como el tránsito aduanero, las llamadas zonas francas y sobre el tráfico de perfeccionamiento. Se consideran problemas complejos los que se refieren a las adaptaciones del régimen de la maquinaria introducida en las zonas francas y de operaciones autorizadas, adaptaciones de los plazos de permanencia en zonas francas y necesidad de supresión de las reglas del draw-back. También se ha estudiado la adaptación de la unión aduanera y sus repercusiones en los productos sensibles industriales españoles, que deberán graduar su desarme en el contexto de los llamados períodos transitorios de la adhesión. Los trabajos sobre estos temas han concluido con la elaboración de una lista de veintiún sectores y ha elaborado un modelo o matriz de sensibilidad.
2. Agricultura: Se estudiaron los reglamentos y precios de la Política Agrícola Comunitaria (PAC), aplicación de la TEC y acuerdos con terceros países. Las conclusiones sobre este sector revelan que España obtendría ventajas en los productos siguientes: trigo duro, centeno, cebada, arroz, vino, aceite de oliva, carne, girasol y soja. Por el contrario, la posición hispana aparece en desventaja en trigo blando, maíz, remolacha y leche. En las conclusiones se señala que la adhesión beneficiará a la agricultura española de manera general, obligará una reestructuración de los sectores lácteo, remolachero, del trigo blando y del maíz y se necesitarán acciones socioestructurales con ayuda del Estado y de la CEE en programas de modernización de instalaciones, retiros anticipados y formación profesional, así como para programas específicos de carácter regional destinados a la agricultura de montaña. También se buscará apoyo a las exportaciones y se intentará la regulación de la campaña de acuerdo con las estructuras comunitarias.
3. Industria: En el capítulo industrial, las conclusiones. Unión Aduanera aparte, se refieren a la necesidad de adaptar al sistema comunitario los temas relacionados con la contaminación industrial (en especial las industrias de papel). También se señala que el sector textil español se verá beneficiado y que deberán limitarse las importaciones cuantitativas mientras que la CEE mantenga sus restricciones actuales a la importación.
En el sector del automóvil, el informe señala la necesidad de una reestructuración, ante los riesgos que comporta la Unión Aduanera y la adopción de la legislación comunitaria industrial. Se piensa que la incidencia de la CEE en este sector hispano se hará sensible a partir del tercer o cuarto período transitorio, y se señala que las dificultades más importantes surgirán en la industria auxiliar de la automoción, que deberá ser defendida por los negociadores españoles, en busca de la permanencia de las cláusulas de nacionalización durante el mayor tiempo posible.
El informe analiza la futura situación del Instituto Nacional de Industria, al que los comunitarios pueden acusar de violar las reglas de la competencia por las ayudas directas que ciertas empresas del INI reciben del Estado. A este respecto se concluye que las empresas del INI, por su carácter de derecho privado, no incurren en falta con respecto al artículo 90 del Tratado de Roma. No obstante, los expertos
Beneficios para la agricultura y reformas en industria, monopolios y sistema financiero
anuncian nuevos estudios sobre las, subvenciones estatales a la empresa Bazán, sobre la política de créditos - sobre el Estatuto de la y Empresa Pública.
4. Política comercial común: Sobre este tema, el informe reconoce que la entrada en la CEE supone la cesión de competencias nacionales al ámbito supranacional, por ser ésta una política común. Asimismo se reconoce que España deberá sufrir la competencia de numerosos productos industriales de países comunitarios y de la EFTA, aunque no mediterráneos.
Entran en este apartado los llamados períodos transitorios, o espacios de tiempo de cinco a diez años, para la adaptación definitiva de las estructuras hispanas a las comunitarias a partir del día de la adhesión. El informe no se pronuncia aún sobre la necesidad o no de mantener períodos transitorios diversificados. También en este capítulo entran las medidas autónomas que España debe adoptar para prepararse a la adhesión, como la adopción de la nomenclatura comercial comunitaria y la adaptación de los acuerdos comerciales.
5. Libre circulación de trabajadores: El informe señala que se prevé una dura resistencia de la CEE a la libre circulación de los trabajadores españoles en el territorio comunitario, según lo establecido en el artículo 48 del Tratado de Roma «cuya aplicación es irrenunciable para España». Se admite, no obstante, la posibilidad de que se imponga a este sector un período transitorio «cuyos plazos no deben exceder a los que se impongan a otros sectores». Se señala que, de todas maneras, los trabajadores españoles «deberán gozar desde la adhesión de los mismos beneficio y ventaja sociolaborales concedí dos a los comunitarios».
No se prevén problemas en la adopción d e las normas comunitarias de este sector, y sí en lo que se refiere a los permisos de trabajo y residencia. Se considera beneficiosa la aplicación a los trabajadores hispanos del Fondo Social Europeo. El informe reconoce, por otra parte, que la libre circulación de trabajadores dará también problemas a España. Se refiere concretamente al derecho que tendrán los trabajadores portugueses de instalarse en nuestro territorio, y al contencioso hispano- británico sobre Gibraltar, que deberá someterse a esta libre circulación de trabajadores. Se añade también que España deberá aceptar los acuerdos que la CEE tiene concluidos con los países árabes, lo que puede también «traer mayores consecuencias».
6. Movimientos de capital: Las normas comunitarias «traerán una transformación importante de las normas vigentes» en España, como las siguientes: modificación de los límites y sistema de autorización de ciertas inversiones extranjeras en España, ampliación de posibilidades de inversiones españolas fuera de nuestras fronteras, liberalización de pagos (seguros y banca), adaptación del sistema de inversiones inmobiliarias, de la CEE y autorización de un régimen automático de cambios.
7. Ayudas y monopolios del Estado: España deberá adaptarse a las directrices de la libre competencia comunitaria, lo que tendrá efectos en los monopolios de CAMPSA y Tabacalera. En general, en este sector, España deberá mantener los niveles de recaudación que ofrecen los monopolios por impuestos o rentas, liberalización de precios, adaptaciones fiscales por el tabaco y reformar el sistema actual de concesionarios y distribuidores.
8. Euratom: Se señala que la adhesión de España al Euratom no obliga a la firma hispana del Tratado de no Proliferación Nuclear, y tampoco aportará dificultades mayores en la adaptación de este sector.
Conclusiones provisionales: Hasta aquí las ideas más destacadas de las conclusiones del informe, cuyos apartados más significativos iremos desarrollando por sectores. El trabajo constituye el primer inventario serio elaborado por la Administración española sobre el proceso negociador y las incidencias posibles en la política económica, comercial y social española del ingreso de nuestro país en las Comunidades Europeas.
Los temas tratados en este trabajo lo son, en muchos casos, superficialmente, y está previsto que constituyan objeto de desarrollos posteriores. Por todo ello, hay que destacar la provisionalidad de estas conclusiones, que no presuponen una postura negociadora definitiva de España, aunque sí marcan las líneas generales de las posiciones hispanas, que deberán ser definidas en una comisión interministerial, una vez que se cree el organismo negociador español, en el que estarán representados la mayoría de los departamentos españoles. Asimismo, la posición negociadora española estará condicionada por la actitud de la parte comunitaria en las discusiones-formales que se abrirán en el próximo otoño, y cuyos preparativos iniciales se están iniciando por una y otra parte.
