Las Cortes tendrán que considerar la financiación oficial del programa siderúrgico
El Congreso tendrá la palabra final en la puesta en marcha del plan siderúrgico preparado por el Gobierno y que será aprobado en el próximo Consejo de Ministros. El Congreso tendrá información sobre el conjunto del plan y tendrá que aprobar o denegar una o dos leyes de crédito extraordinario para financiar el plan siderúrgico. Estos créditos extraordinarios afectarían al programa de inversiones del INI y a los recursos del crédito oficial.
El programa de actuación propuesto por el Gobierno en materia financiera se articula en dos direcciones. La primera, en el campo de reforzamiento de los recursos propios de las tres empresas integrales del sector.
Ampliaciones de capital
En el caso de Ensidesa, empresa en la que el INI tiene prácticamente la totalidad de las acciones, se trata de aumentar el capital social en el plazo de 1978-80 en 20.000 millones de pesetas. Una primera ampliación de 10.000 millones debería producirse en mayo.
Para Altos Hornos de Vizcaya se defiende una ampliación del orden de 5.000 millones de pesetas que deberían cubrir los accionistas institucionales y los financieros de la entidad.
En Altos Hornos del Mediterráneo, el plan señala que en el mes de mayo la junta general de la entidad formada por bancos, cajas, Altos Hornos de Vizcaya y la U. S. Steel, deberá reducir la actual cifra de capital a cero y proceder a una inmediata ampliación de 12.000 millones, de los cuales 7.920 serían con cargo a los accionistas privados y 4.080 al INl, que entrará a participar con el 34 % del capital de la sociedad. El 31 de enero de 1979, el IN l adquiriría la totalidad del capital de AHM, por el que pagará el precio que fije una auditoría independiente. En este tiempo, hasta el 1 de enero, en la empresa se realizarán diversos activos y se procederá a una reducción de plantilla que debe afectar a 460 personas.
En el capítulo de reforzamiento de capital de las tres empresas, el Estado aportará 20.000 millones a Ensidesa (empresa pública) y 4.080 millones a Altos Hornos del Mediterráneo, donde luego adquirirá el capital nominal de 8.000 millones al precio que se fije. El sector privado aportará 5.000 millones a Altos Hornos de Vizcaya y 8.000 millones a Altos Hornos del Mediterráneo, a base de transformar créditos en capital. Es decir, el sector privado pone 5.000 millones de nuevos fondos.
En toda esta historia no se conoce el papel que pretende jugar la U. S. Steel -multinacional americana del acero- dispuesta a perder el capital (15 %) en Mediterráneo y a no acudir a la ampliación de Altos Hornos de Vizcaya, donde cuenta con un 25% del capital (primer accionista individual).
21.000 millones de crédito oficial
En el capítulo de Financiación los compromisos que adquiere el sector público (Instituto de Crédito Oficial, o si se quiere Banco de Crédito Industrial) son los siguientes: en julio, créditos oficiales a Altos Hornos de Vizcaya y del Mediterráneo en cuantía respectiva de 8.000 y 5.000 millones de pesetas. En diciembre, nuevos créditos a las empresas por valor de 5.000 y 3.000 millones. En total, 21.000 millones, para los que se requiere una ley de crédito extraordinario.
Este programa financiero está en parte negociado con los intereses privados a los que se exigen 5.000 millones de nuevo capital y consolidación de 8.000 millones de crédito en capital que luego será comprado por el INI (31-1-79). La banca parece que ha mostrado estar dispuesta a aceptar la operación, aunque falta aún la respuesta de las cajas.
El Gobierno, por su parte, tiene la información sobre el plan en fase de estudio, una vez que el Ministerio de industria ha informado en comisión delegada y en un reciente Consejo de Ministros. En la reunión del Gobierno, que previsiblemente se celebrará el próximo viernes, una vez que el presidente Suárez haya regresado de Canarias, se aprobará el plan y los proyectos de ley que lo articulan.
En el campo de política laboral, el plan de Industria no contempla ninguna reducción de plantillas excepto en el caso de Altos Hornos del Mediterráneo (5.600 trabajadores), donde se plantea limitar el empleo en 460 personas en diversos sectores de la empresa. Para las otras dos empresas, más dotadas de personal, no se plantea más que una congelación de nuevas contrataciones. Por esta vía, el acuerdo con las centrales sindicales parece perfectamente viable.
