El espacio debe ser patrimonio de la humanidad
Sin acuerdos concretos sobre una materia tan compleja como es la utilización pacífica del espacio extraterrestre, terminó, a fines de la semana pasada, una reunión de expertos que agrupó a juristas de 46 países, cuya preocupación central durante casi un mes de debates fueron las consecuencias jurídicas de la tele-observación de la tierra a partir del espacio.
El problema radica en que en 1967 la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó un texto de acuerdo en el que se especifica que «el espacio extraterrestre, los cuerpos celestes y la Luna están abiertos a la exploración y al uso de todos los Estados», considerada en principio esa «área infinita» como patrimonio común de toda la humanidad. Hoy, a casi once años de la ratificación de ese tratado, los países en desarrollo, e incluso muchos industrializados, advierten que el vertiginoso avance tecnológico, en algunos casos, se vuelve contra los intereses de los mismos Estados, y plantean la necesidad de la existencia de un cuerpo jurídico internacional que delimite ciertas operaciones espaciales o las condicione al respecto de la soberanía de los países.La teleobservación de la Tierra desde el espacio mediante sofisticados satélites, puesta ya en práctica de «hecho y de derecho» en virtud de lo acordado en 1967, puede cumplir una variada gama de objetivos, entre ellos información de tipo militar, evaluación de la calidad del medio ambiente, evaluaciones meteorológicas y, lo que en la realidad preocupa, «evaluación de los recursos naturales terrestres e incluso subterráneos de cualquier zona o país del mundo».
Los países en desarrollo no se oponen a la práctica de este sistema de teleobservación de la Tierra, entre otras cosas, según algunos delegados a la reunión, porque no están técnicamente en condiciones de oponerse y reconocen la utilidad científico-económica que en un futuro cercano puede prestar este sistema en la explotación de sus recursos; pero exigen ciertos requisitos a las potencias que monopolizan la tecnología espacial, con el objeto de evitar por todos los medios -sostienen- que en pocos años, como consecuencia de este sistema, se faciliten los cauces para la implantación de una competencia económica desleal.
En concreto, los países en desarrollo piden que la tele-observación no se haga a «espaldas de los Estados». Piden ser informados cuando se realicen tales operaciones sobre sus territorios y participar en dichos experimentos, a la vez que tener derecho pleno a la información que proporcionen estas investigaciones, a la evaluación a que lleguen los científicos y a los datos primarios que se registren. Los países en desarrollo, como decíamos anteriormente, reconocen las ventajas de este sistema, «pero siempre y cuando las potencias espaciales actúen de buena fe y no en detrimento de los intereses de los Estados tele-observados».
José Luis Vallarta, el delegado de México, uno de los países que participó en esta reunión, declaró a EL PAÍS que, «evidentemente, las potencias espaciales están intentando obtener ventajas en estas negociaciones, que continuarán en marzo de 1979, pues ellas quisieran -afirmó- tener una libertad absoluta para llevar a cabo la tele-observación sin tener como contrapartida ninguna obligación». «Debo decir -agregó- que, en la práctica, las potencias espaciales se suelen mostrar generosas, pero al mismo tiempo tienen actitudes renuentes para que esa generosidad se convierta en una obligación contractual debidamente explicitada en un tratado internacional.»
Entre tanto, la teleobservación es ya un hecho tecnológico consumado, capaz de tele-observar a los mismos juristas que en tierra, en el seno de las Naciones Unidas, seguirán discutiendo sus delimitaciones jurídicas en 1979, junto a otros problemas «legales» que plantea el espacio, como es el «libre tránsito» de los vehículos espaciales equipados de reactores atómicos, y un tratado sobre la explotación de las riquezas de la Luna.
