Inquietudes y recelos

Delegado del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España ante las Comunidades EuropeasEl esbozo de decepciones y dificultades de nuestro anterior artículo no deben alejarnos de Europa, rompiendo la línea tradicional de nuestra trayectoria. Al contrario, debemos tomar conciencia clara del problema y preparar la complementariedad en lugar de la divergencia, impidiendo, así, que en el momento histórico nacional que vivimos, España y sus pueblos sigan siendo la mala conciencia de Europa.

Es cierto que existen obstáculos económicos y siempre los ha habido y lo que permite que hoy se hable exclusivamente de problemas económicos es, precisamente, porque al haber desaparecido los políticos no existe ningún otro obstáculo que impida abordar los problemas técnicos que se resuelven negociando.

Ante esta situación, creo que debe hacerse, en primer lugar, un llamamiento urgente a nuestros políticos, para que manifiesten a sus homólogos europeos la imagen real del país y les digan que nuestros trabajadores y nuestros empresarios también tienen serios problemas económicos planteados y que no es precisamente el momento más oportuno ni consecuente con la demanda de adhesión para imponernos limitaciones, cláusulas de salvaguardia y servirse de nosotros para hacer declaraciones contrarias a las que han venido haciendo cuando la situación política española impedía que aflorasen los problemas económicos.

Sólo dentro de un clima de distensión y serenidad podrá abordarse el tema fundamental inmediato: las negociaciones de adhesión.

Aceptabilidad de la candidatura

El Consejo de Ministros del 19 de septiembre o el inmediatamente posterior del mes de octubre deberán dar una respuesta de principio a la solicitud española, pero limitándose a acusar recepción y a ordenar a la comisión europea la elaboración de un informe. Paralelamente al estudio de la comisión, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social se pronunciarán también emitiendo sus propios pareceres.De acuerdo con las disposiciones institucionales vigentes, el Consejo, a la vista del informe de la comisión, se pronunciará positiva o negativamente sobre la candidatura, iniciándose, entonces, la verdadera etapa de negociaciones que fijarán las condiciones de la adhesión y las modalidades de asunción, por parte del Estado adherente, del activo o logros comunitarios.

A pesar de las reacciones prudentes o negativas señaladas anteriormente y de las inquietudes de ciertos Gobiernos que expondremos más adelante, los Estados miembros y las instituciones comunitarias darán, con toda seguridad, un sí político a la candidatura española y las instituciones consideran la adhesión de España como un hecho adquirido y como un bien política y económicamente necesario.

Sin embargo, el dar una respuesta positiva a la apertura de negociaciones no prejuzga de sus modalidades institucionales ni económicas.

Por ello, la actuación deberá concentrarse en la obtención de una respuesta positiva, la negociación de las condiciones y la preparación adecuada para asumir con plenitud los derechos y obligaciones.

Con la presentación de la candidatura no se hace sino poner en marcha un mecanismo que, dentro de seis u ocho meses dará una respuesta que permitirá abordar o no la fase de negociación.

Inquietudes comunitarias

La aceptación de la candidatura española no deberá presentar ningún problema de tipo político porque los jueces de la democracia en España son nuestros propios partidos, reconocidos por ellos, no siendo, por consiguiente, admisible una injerencia exterior. Tanto la reunión informal de Leeds Castle como las reflexiones posteriores ponen de manifiesto la voluntad de una respuesta positiva, pero señalan un triple orden de inconvenientes: los problemas institucionales y económicos y la globalización de las negociaciones con Portugal y Grecia.Los inconvenientes de orden institucional tienen una doble vertiente: los pequeños Estados temen que, con la ampliación, se disuelva la idea de integración europea en una vasta zona de concertación y de libre comercio, al no consentir los «grandes» la reforma de los mecanismos institucionales y, especialmente, del sistema de voto. El segundo aspecto del problema es, precisamente, que, con los mecanismos actuales, la admisión de tres nuevos miembros provocaría una gran pesadez del aparato administrativo.

Los problemas económicos empezaron a florecer al anunciarse la candidatura griega y la portuguesa pero tenían como punto de mira la candidatura española.

Los problemas económicos se refieren, en primer lugar, a los problemas agrícolas, ya que la adhesión de España a las comunidades incrementará el grado de autoaprovisionamiento en ciertos productos y podrá acrecentar los excedentes, con lo cual se plantea un triple problema para la Comunidad: un problema de financiación de excedentes, un problema de competitividad de cierias producciones, hoy comunitarias, y un problema de margen de negociación agrícola internacional, especialmente en el Mediterráneo.

En su dimensión industrial, los problemas que plantea la adhesión de España se resumen en unos pocos productos que coinciden con sectores en declive en la propia Comunidad.

En los aspectos presupuestarios, la principal preocupación es expresada por Alemania que calcula que el costo presupuestario adicional será de 2.000 millones de unidades de cuenta, de los cuales mil millones irían en beneficio de España, Portugal y Grecia.

Finalmente, de un punto de vista general, el problema que plantean los comunitarios es el del desnivel de las situaciones económicas comparativas, que constituiría un handicap para la integración económica y monetaria de los «doce», institucionalizando, en la práctica, una integración europea a dos velocidades, según el grado de desarrollo económico de las dos categorías de paises que la componen.

Por lo que se refiere al último de los inconvenientes generales, es decir, la globalización de las negociaciones con Grecia, Portugal y España, el problema que se plantean los comunitarios es el de saber si deben proseguir y concluir las negociaciones con Grecia e iniciar las negociaciones con Portugal, independientemente de la candidatura española.

Inquietudes españolas

Los problemas institucionales tienen un peso menor dentro de las inquietudes españolas, siendo conscientes de la necesidad de aligerar la mecánica institucional y deseando, de la misma forma que Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que se progrese en el camino de la integración supranacional económica y política, puesto que una Europa de mercaderes no tiene el suficiente atractivo como para constituir el polo de orientación de una opción política. Sin embargo, en materia institucional, no interesan a España soluciones intermedias que sólo permitan una asociación en los mecanismos de decisión, en lugar de una participación completa. Toda tentativa en esta dirección debe ser desechada.Las inquietudes españolas se manifiestan, más bien, a nivel de las relaciones transitorias, hasta la adhesión, y en los órdenes industrial y agrícola.

En materia de relaciones transitorias el gran problema consiste en encontrar, en el próximo otoño, una fórmula que, al mismo tiempo que nos prepare a asumir las consecuencias comerciales de la adhesión y a rodarse en la participación institucional, permita establecer un clima de confianza y un trato de casi-partenaire, eliminando las discriminaciones a las que actualmente está sometida la exportación española frente a países que no quieren, o no pueden, formar parte de la Europa comunitaria. Lo que es evidente, a este respecto es que la preparación a la adhesión debe ser mutua, no pudiendo servir la candidatura únicamente para que la Comunidad exija de España desarmes arancelarios industriales que le interesan, sino para que se nos conceda un trato como futuro hermano, en todos los órdenes -industrial, agrícola, pesquero, institucional, etcétera-. Si es cierto que España debe prepararse, también lo debe hacer la Comunidad y sería incongruente -so pena de pensar en egoísmos y que de España sólo interesa su mercado- que se nos siguiera considerando como país tercero.

Las preocupaciones industrial y agrícola tienen como motivación esencial el establecimiento de una unión aduanera y la adopción de los compromisos comerciales exteriores de las Comunidades, lo que supone, por una parte, la libre circulación de mercancías con los «nueve», la adopción de un arancel a terceros sensiblemente inferior al actual de España y la concesión de las preferencias industriales y agrícolas que las Comunidades han otorgado a numerosos países, por vía de acuerdos o mediante decisiones autónomas. En cifras, esto supone que, partiendo de la estructura actual de la balanza comercial, en 1986, el 65% de las importaciones españolas se efectuarían con derechos nulos. Los temores nacen, por consiguiente, de las incidencias que sobre la producción industrial tendría la casi total supresión de la protección arancelaria. En materia agrícola, mayor incidencia que la liberalización aduanera podría tener el juego de los mecanismos de la política agrícola en todos aquellos sectores en los que España es deficitaria (cereales, productos lácticos, etcétera) o con muy baja rentabilidad (agricultura de secano).

Además, se añaden a estas inquietudes otras derivadas de la multitud de disposiciones en materia fiscal, social, mercantil, etcétera, que, por ser consideradas como «logro comunitario», constituyen un cuerpo importante de derecho derivado que España debería introducir en su sistema jurídico interno.

Elementos de respuesta

Para dar una respuesta adecuada a las inquietudes que se plantean creo necesario partir de dos consideraciones genéricas:Toda estructura económica, social o política es perfectible y la Comunidad de mañana no tiene por qué ser idéntica a la Comunidad de hoy. Más aún, los teóricos de la construcción europea están de acuerdo en que la Comunidad debe repensar su estructura y funcionamiento si se quiere progresar en el camino de la integración económica y política, porque las coordenadas de 1977 son distintas de las de 1958.

La adhesión de España a las Comunidades, por otra parte, como la de cualquier otro país, requiere un plazo de tiempo relativamente largo, lo que permite la puesta en marcha de mecanismos apropiados para que la adecuación de las economías se haga sin traumatismos y sin riesgos.

Partiendo de estos supuestos, y dentro de un espíritu de objetividad y neutralidad, es necesario precisar algunos extremos de las inquietudes que españoles y comunitarios expresan.

En materia institucional, es cierto que la ampliación puede ocasionar ciertos problemas, pero que no son graves ni de solución imposible, con tal de que exista una voluntad política por parte comunitaria. Precisamente, la reflexión y la reforma institucional, sobrepasando los «acuerdos de Luxemburgo», sería la prueba manifiesta de que la Comunidad no quiere quedar estancada, sino progresar.

Los problemas económicos, industriales y agrícolas son más espectaculares porque se prestan, en primer lugar, a un fácil manejo demagógico y porque, en segundo lugar, pueden producir consecuencias nefastas, si no se abordan correctamente. Sin embargo, los problemas técnicos encuentran siempre soluciones a través de mecanismos adecuados y de calendarios apropiados.

Entre ellos, uno de los problemas de trato más delicado sería, sin ningún lugar a dudas, el agrícola, porque, hasta el momento, nunca la política agrícola comunitaria se ha atacado al fondo de los problemas estructurales, limitándose a consolidar las posiciones nacionales y a montar un complicado mecanismo interno y externo que permitiese que las situaciones nacionales siguieran existiendo. En la Comunidad de hoy, la situación es ya insostenible, porque la modificación de la estructura de los costos agrícolas y de la competencia obliga a derrochar medios financieros importantes, únicamente para el sostén de precios, restituciones a la exportación y fluctuaciones inter-monedas. La experiencia demuestra que los Estados no se atacan a las políticas agrícolas hasta que no se ven obligados a hacerlo. En Europa se han ido postergando las soluciones hasta llegar a un impasse.

En el fondo, todos los problemas e inquietudes que hemos manifestado tienen un denominador común: iniciar una reflexión conjunta sobre los aspectos institucionales, industriales, agrícolas, presupuestarios, etcétera, para inventar nuevas soluciones que den un ímpetu renovador a Europa.

Esto es lo que personalmente entiendo por globalización, es decir, reflexión general. Es evidente que los mecanismos especiales, fechas de transición, etcétera, para Grecia, Portugal y España deben ser distintos, por ser distinta su estructura económica, pero sería un grave error ampliar la Comunidad sin una reflexión global del presente y futuro de Europa.

A este respecto, no sería una mala idea convocar un Consejo Europeo de miembros y candidatos que abordasen los problemas de principio, mientras que grupos técnicos buscarían soluciones idóneas.

Si ya muchos europeos convencidos creen en la necesidad de un nuevo Messina, para dar a Europa su «segundo soplo», ¿por qué la perspectiva de ampliación no sería el motivo? ¿No podría el Gobierno español convocarla, encargando a un grupo de personas la redacción de un informe de base, como lo fue el rapport Spaak?