La amnistía total y las autonomías

LA REIVINDICACIÓN de la autonomía por las «nacionalidades históricas» y de la amnistía total se hallan relacionadas por una mediación dramática: la mayoría de los presos políticos que aguardan esa amnistía son personas que fueron condenadas como militantes de ETA. En el País Vasco la amnistía total parece configurarse como un requisito sine qua non para que la negociación entre las fuerzas políticas y la discusión a nivel popular del proyecto de Estatuto de Autonomía se desarrolle en el necesario clima de paz y racionalidad, y, a su vez, sólo el régimen de autonomía podrá eliminar las condiciones que hacen posible el surgimiento de la violencia que, aunque asumida solo por unas minorías, recibe a veces el respaldo o la simpatía de sectores más amplios.En esa perspectiva no puede extrañar que ambas cuestiones hayan sido tratadas por los portavoces de los grupos parlamentarios autonomistas, socialista y comunista en la sesión plenaria de ayer en las Cortes. Ni tampoco que el senador Xirinacs y otros parlamentarios vascos sean quienes protagonicen el gesto de protesta de permanecer en pie durante las sesiones como forma de recordar que la amnistía total se halla pendiente.

Catalanes y vascos han anunciado de forma abrumadora en las elecciones que quieren la autonomía aquí y ahora, y que ese régimen de autogobierno no puede ser la manifestación particular de unas normas generales de descentralización administrativa. Al tiempo, la experiencia histórica ha demostrado a la inmensa mayoría de los nacionalistas que la autonomía puede tener el mismo contenido práctico que una fórmula federal y ninguno de sus peligros; en cuanto a las perspectivas independentistas, la importante presencia de población castellano-parlante en ambas zonas bastaría para demostrar su completa inviabilidad. Y aunque hay grupos políticos en Euskadi que defienden la reunificación de las tierras vascas españolas y francesas en un Estado independiente y socialista, las últimas elecciones han puesto de relieve la débil implantación popular de semejante idea.

En este marco, conviene analizar la teatral aparición en Durango de los presos vascos excarcelados y extrañados y el indulto que acaba de ser otorgado a favor de ocho de ellos. La ruptura del compromiso firmado por los extrañados de no volver a España es completamente condenable. Pero tampoco es admisible que una decisión administrativa, en su día acertada en términos estrictamente políticos, aspire a alcanzar una validez jurídica eterna. El extrañamiento temporal -en ningún caso de por vida- es una pena que sólo puede ser aplicada por sentencia firme de los tribunales de Justicia. El Gobierno recurrió a ese procedimiento para salvar las elecciones y guardarse, al tiempo, las espaldas; pero si ya entonces señalamos que esa irregular medida no era sino la consecuencia de no haber promulgado a tiempo la amnistía total, con mayor razón tenemos que repetir ahora que la desairada postura en que ha situado al Gobierno el regreso de los exiliados no tiene otra causa que su incomprensible resistencia a promulgar dicha amnistía. En este contexto, el indulto promulgado es otro intento que debe ser bien recibido, a la espera de conocer su extensión y condiciones de aplicación.

Por lo demás, los extrañados retornan para tratar de recuperar para sus organizaciones el liderazgo que las elecciones les ha arrebatado para entregárselo al Partido Nacionalista Vasco y al PSOE. No han regresado empuñando pistolas o metralletas, pero suya será la responsabilidad, y sobre ellos recaerán las sanciones legales y la reprobación popular, si recurren de nuevo a las armas movidos por el alucinamiento de la mentalidad grupuscular o la mitificación de conductas condenables, que la historia y los españoles hemos perdonado, pero que no deben ser tratadas como conductas heroicas o revolucionarias. Pero, al mismo tiempo, si el Gobierno no facilita su reintegración en la sociedad mediante los beneficios de la amnistía, sin duda alguien trataría de encontrar ahí el pretexto de volver a poner en marcha esa espiral de violencia y represión que en el inmediato pasado ha cubierto de sangre y de miedo el norte de España.

Creemos por eso que los senadores y diputados que, con su gesto, recuerdan que todavía se halla pendiente la amnistía, tienen un deber complementario hacia sus electores y hacia la opinión pública: definir, clara y unívocamente, cuáles son las condiciones políticas que, a su juicio, son necesarias para que el asesinato a sangre fría y por la espalda de un Guardia Civil o el secuestro de un industrial sean considerados finalmente un delito ordinario. Esa aclaración podría ser un importante paso hacia la amnistía total y hacia la desaparición del terrorismo político en Euskadi.