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La exportación, objetivo prioritario de Comercio

Ante la inminencia de un conjunto de medidas económicas a corto plazo que el Gobierno viene discutiendo -a lo largo de las últimas semanas, sin acuerdo unánime, por ahora, Información Comercial Española, órgano de la Secretaría General Técnica de Comercio, titula su último editorial «Prioridad a la exportación». En él argumenta reiteradamente la importancia de una política de fomento de la exportación como única posibilidad de reducir el déficit de la balanza de pagos, y como fuente de aumento de empleo y de apoyo a la mediana empresa.Insiste el editorial en el hecho de que la exportación no es un sector, sino que afecta a todos los sectores de la economía y en que debe recibir un carácter prioritario en cualquier orientación de la política monetaria. Señala que España «vuelve a enfrentarse con un posible estrangulamiento de su economía por el lado del sector exterior, de difícil solución ». Ni el turismo, ni inversiones extranjeras, muy debilitadas en estos momentos, ni remesas de emigrantes serán, según el órgano de Comercio, suficientes para evitar el grave problema en el sector exterior.

Más información
Disensiones en el seno del Gobierno sobre el nuevo programa económico

Finaliza el editorial precisando: algunas de las medidas que si consideran inaplazables y que responden a los planteamiento: de Comercio en las discusiones que se desarrollan sobre el con junto de disposiciones económicas a tornar inmediatamente por el Gobierno. Estas medidas sor básicamente las siguientes: mejora de los mecanismos de tramitación de exportaciones, aceleración en las devoluciones por desgravación fiscal, garantía de financiación en esta línea se considera incluso el establecimiento de un coeficiente obliga. torio para la banca del 3 %, dedicado a la exportación e incluso de un 1 % en las cajas, manteniendo un tipo de interés preferente para estas- operaciones-, dotación de mayores recursos para ferias, exposiciones y misiones comerciales; se apunta también la posibilidad de una mayor participación del Estado en la financiación de la seguridad, que supondría una reducción de costes y, por tanto una mejora de precios.

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