Los Militares implicados pueden pasar a la jurisdicción ordinaria
Los militares presuntamente implicados en el asunto Lockheed podrían esclarecer su culpabilidad ante la jurisdicción ordinaria, que se puede encargar del sumario sobre los sobornos, por no tratarse de una figura de delito estrictamente militar.Las diligencias se instruyen por dos fiscales del Tribunal Supremo, que estudian la copiosa documentación facilitada por el Departamento de Justicia norteamericano. No se sabe sí tal documentación agotará el tema. Parece posible que el total esclarecimiento requiera también una documentación amplia obtenida en España.
En altos niveles de la justicia española se considera discutible el procedimiento seguido hasta ahora para la tramitación del asunto. Según fuentes oficiosas, no está claro en buena doctrina procesal, que la Fiscalía del Supremo pueda optar, como mejor camino, por una investigación previa como la que se está efectuando ahora. La función del ministerio fiscal consiste en examinar los documentos y, si se descubren hechos que revisten caracteres de delito, debe interponerse una querella. También resulta .discutible -a juicio de dichas fuentes- el procedimiento empleado en la obtención de los documentos de procedencia norteamericana.
El hecho de que el fiscal del Tribunal Supremo acudiera a Washington para firmar un acuerdo pudiera no ser el mejor sistema para el alto tribunal español, toda vez que esa tramitación podría haberse realizado por la representación diplomática española.
Algunas instancias próximas al Supremo español consideran tal desplazamiento como una concesión innecesaria al ejecutivo norteamericano, sobre todo cuando -a menos que tal información no se haya hecho pública- no firmó el acuerdo por parte USA el homólogo de nuestro fiscal, esto es, el attorney general
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Tratamiento judicial ordinario para los implicados
Viene de la primera páginaAl margen de las consideraciones sobre el procesamiento, empiezan a consolidarse algunas impesiones sobre el alcance final del asunto:
Hasta el momento, las responsabilidades por los sobornos no alcanzan, al parecer, a personalidades de primera línea. Tampoco existe la impresión, en los altos niveles del Tribunal Supremo, de que se hayan producido presiones para retrasar en cualquiera de sus fases el procedimiento.
La Corona parece haber comunicado por vías no oficiales su interés por que el asunto se sustancie sin tardanza y se actúe sin cortapisas para llegar cuanto antes a una completa atribución de culpabilidades, sean cuales fueren los implicados. Las jerarquías de las Fuerzas Armadas serían las primeras interesadas en una aclaración de los hechos rápida y total. El Ministerio del Aire y el propio ministro tratan de agilizar esa decantación de responsabilidades.
Por último, hay un clima que conviene advertir: en los medios próximos al Tribunal Supremo -en los que se han estrellado tantos intentos de presión y de interferencia política- existe la impresión de que el asunto Lockheed es un tema menor y de escaso alcance si se compara -por su volumen y por las implicaciones dolosas- con otros posibles affaires hoy sin descubrir. Ejemplos: algunas inversiones en determinados polos de desarrollo o las que se realizaron en ciertas instalaciones deportivas;, operaciones ambas -se asegura- en las que se podrían descubrir irregularidades superiores a las del asunto Matesa.
