Piden la abolición de la comisión para el Régimen Especial vasco
Cuatro vocales y dos asesores de la Comisión para el Régimen Administrativo Especial de Guipúzcoa y Vizcaya -creada por decreto de 7 de noviembre de 1975- acaban de enviar un escrito al presidente del citado organismo, señor Gómez Picazo, en el que los firmantes le comunican su decisión de dar por terminada su labor en el seno de la comisión. Una copia de la misma carta ha sido dirigida al ministro de la Gobernación, señor Martín Villa."Nuestra decisión -dice el escrito enviado al ministro de la Gobernación- se funda en que elaborada la ponencia de Gobernación, y aprobada por unanimidad, se crea ya el marco político en el que debe discurrir el régimen provincial. Los problemas posteriores, la extensión de las competencias provinciales, el régimen fiscal, etcétera, entendemos que no es de nuestra competencia examinarlos, sino que deben ser confiados a la Diputación y a las juntas generales que han de surgir al ponerse en vigor lo acordado en la ponencia de Gobernación.»
«Los Reyes -continúa el escrito- nunca abolieron los fueros, pues ni la ley de 1839, ni la de 21 de julio de 1873, decretan esta abolición. Esta última ley dispone que se hagan reformas en el antiguo Régimen Foral, reformas que nunca se hicieron. Y dichas reformas se han de hacer, según se dispone, "con audiencia de las provincias". que sólo podrán ser legítimamente oídas a través de sus órganos tradicionales, las juntas Generales y la Diputación nombrada por ellas. Las juntas generales son, por ello, la pieza básica del sistema. Habiendo estudiado la comisión el tema de las juntas y la Diputación, y llegando a una solución unánime respecto al mismo, nuestra misión ha concluido.»
En su carta, los seis firmantes piden que estas conclusiones a las que ha llegado la ponencia de Gobernación se eleven sin añadiduras, dejando la labor posterior para la futura Diputación y junta general. Caso de que su criterio no sea compartido por la mayoría, los autores de la carta piden que figure como voto particular. Solicitan también los firmantes que en la fase posterior todos los temas deben ser tratados y, negociados por el Gobierno con los órganos políticos que surjan de la aplicación de las conclusiones aprobadas en la ponencia de Gobernación.
«De aquí en adelante -afirma la carta- carecemos de todo estímulo no tenemos fuerza moral para continuar un estudio cuyos resultados serán siempre cuestionables y sobre todo en los pueblos de Guipúzcoa Vizcaya, cuyos intereses pretendemos servir. En consecuencia, insistimos, pensamos que debemos dar por terminada nuestra labor en la comisión.»
El escrito aparece firmado por Enrique Guzmán y Ramón Vizcaíno, presidentes de las Cámaras de Comercio de Vizcava y Guipúzcoa, respectivamente; Luis Olarra, presidente del Consejo de Empresarios de Vizcaya, Miguel Muñoz, procurador sindical en Cortes por Guipúzcoa, Roque Arambarri, procurador en Cortes y presidente de la Cámara Sindical Oficial Agraria de Guipúzcoa, y Alvaro Navajas y Adrián Celaya, asesores jurídicos oficiales de las dos provincias vascas.
En círculos cercanos a las Cámaras de Comercio de Guipúzcoa y Vizcaya se tiene la impresión de que esta iniciativa personal de los seis miembros de la comisión -que, al parecer, no han consultado con el resto para elaborar el escrito- podría ser suscrita por la mayoría de los componentes de la misma. Parece casi seguro que los señores Escudero Rueda, Otazu, Satrústegui y Fernández Palacios, entre otros, estarían dispuestos a hacer suya también esta decisión de los seis firmantes.
