Ejecutado en Francia un secuestrador y asesino
La polémica en torno a la pena capital surgió de nuevo, en este país, cuando ayer, al alba, en la prisión de las Beaumettes, de Marsella, la guillotina, precediendo «la siniestra ceremonia protagonizada por representantes de la justicia, del Estado y de la iglesia», separó la cabeza y el cuerpo de Christian Ranucci, de 21 años, condenado a muerte en marzo último, por haber secuestrado y asesinado hace dos años, a la niña de ocho años, María Dolores Rambla, de origen español.El presidente de la República, Giscard d'Estaing, no le concedió la gracia, un recurso real, con orígenes en el poder absoluto de la época medieval, legalizado por Luis XVIII y que figura en la Constitución actual francesa en los términos siguientes: «el Presidente de la República tiene el derecho de gracia».
Ranucci había secuestrado a la niña cuando ésta jugaba con unos compañeros. La introdujo en su coche, cerca de Niza, pero al chocar con otro automóvil perdió el control, no se detuvo, y cuando creyó que lo habían perdido de vista, en unos bosques cercanos, asesinó a María Dolores. Inmediatamente fue descubierto y, condenado a muerte, sin recurso posible, sólo le quedaba la posibilidad de la «gracia» del presidente. En estos momentos, otro condenado, por haber asesinado a una señora de 80 años, espera también la suerte que le reserve Giscard d'Estaing.
La juventud de Ranucci, su asesinato «gratuito» y sus antecedentes familiares, desastrosos, fueron uno de los argumentos esgrimidos ayer, por los que consideran negativa la pena capital.
El abogado del guillotinado, después del «acto», se declaró horrorizado: «jamás, en mi vida, he pasado momentos tan angustiosos».
Si ningún motivo justifica el castigo supremo, a los ojos de sus opositores, nada convence a sus partidarios. El presidente de la República, sin embargo, cambió sus ideas, sobre el particular, desde la última campaña electoral, que lo llevó al Palacio del Elíseo. Entonces, Giscard repitió su «aversión profunda» por la pena de muerte. En cada ocasión, añadió que no deseaba usar esta cuestión como instrumento electoral. A través de declaraciones sucesivas, de dos años a esta parte, el pensamiento de Giscard ha evolucionado en el sentido que ahora parece definir la primera ocasión que se le ha presentado de hacer uso del derecho de gracia.
En el plano de la coherencia gubernamental, la decisión del presidente ha sido positiva, ya que sus principales colaboradores son partidarios de la pena de muerte: el primer ministro, Chirac, el ministro de Justicia, Lecanuet, y el ministro del Interior, Poniatowski, se manifestaron recientemente con unanimidad: «es necesaria como fuerza de disuasión y en caso de secuestro, seguido de muerte, o cuando se trate de un crimen odioso».
