Comienza el juicio sobre el "Caso Nueva Esperanza" nueve años después de abierto el sumario

Nueve años después de haberse abierto el sumario sobre el caso Nueva Esperanza, uno de los primeros y más sonados affaires inmobiliarios surgidos en España en la década de los sesenta, se ha iniciado ayer la vista del juicio relativo a este asunto en la sala de audiencias, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid. El juicio ha comenzado en medio de la mayor indiferencia, si se tiene en cuenta el número de las personas presentes en la primera sesión, que apenas excedía de una docena. Seguramente las causas son el tiempo transcurrido desde que surgió el affaire, la fuerte depreciación de la moneda en los últimos nueve años y, sobre todo, el haber resuelto por su cuenta el problema de la vivienda, la mayor parte de los 10.000 perjudicados en el caso.

El sumario por supuesta estafa y falsedad, en el que están en juego 105.896.925,024 pesetas no justificadas según el fiscal, comenzó a tramitarse en el año 1967 en Valencia, domicilio social de Construcciones Nueva Esperanza, SL, y sociedades derivadas, por el titular del Juzgado de Primera Instancia de la citada ciudad, Salvador Barberá, al que la Sala de. Gobierno del Tribunal Supremo nombró juez especial para el caso con jurisdicción en todo el territorio nacional. Iguales jurisdicción y competencia especiales fueron atribuidas a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, ante la cual comenzó la vista de juicio ayer, después de haberse suspendido en dos ocasiones en fechas anteriores por enfermedad del principal acusado. Además del ministerio fiscal, interviene como acusador particular el letrado Joaquín Ruiz-Giménez, en nombre de la asociación general de perjudicados y damnificados, así como en representación de las cooperativas Virgen de la Esperanza de Canillas, Getafe y Villaverde.El número de los procesados en la causa asciende a 25, sin contar alguno ya fallecido y otros que no han comparecido por diversas causas. Los nombres de los procesados son: Joaquín Beltrán, Angeles Tarazón, Manuel Tus, María Teresa Barberá, Francisco Beltrán, José Antonio Meneu, Eugenio Navarro, Bienvenido Antón, Francisco Tormo, Salvador Cubel, Juan Caudet, Pedro García Cabanes, Juan Almiñana, Juan La.font, Emilio Sevilla, Claudio Pérez Eugenio, Mariano Mirete, Nemesio González Viana, Miguel Angel Díaz Barroso, Francisco Rodríguez Suárez, José Trevonel, Angel Piquer Antón, Angel Piquer Campos, Juan Amador y Femando Cates. Los delitos de que se les acusa son varios de falsedad, estafa, usurpación de funciones, cohecho, libramiento de cheques sin fondo y apropiación indebida. En total solicita el fiscal, penas que suponen varios centenares de años de cárcel y multas que ascienden a 105 millones de pesetas, aunque no hay que olvidar que son de aplicación al caso los decretos de indulto de 23 de septiembre de 1971 y de 25 de noviembre de 1975. En el mo mento de incoarse el sumario, el número de personas que habían contratado piso en Construcciones Nueva Esperanza, SL, era exactamente de 10.615, de las que 275 en Alcalá de Henares, 74 en Alcoy, 1.203 en Alicante, 1.203 en Alicante Í 44 en Barcelona, 34 en Castellón de la Plana, 5.509 en Madrid, 806 en Málaga 267 en Sevilla y 2.493 en Valencia.

Según el fiscal, el 14 de noviembre de 1963 la sociedad de responsabilidad limitada Construcciones Nueva Esperanza fue constituida por el procesado Joaquín Beltrán, en unión del Heliodoro Herrero, con un capital de 200.000 pesetas. El objeto de la sociedad era construir viviendas en régimen de comunidad. El 14 de febrero de 1966 el capital social fue ampliado ficticiamente a cinco millones de pesetas, dividido en participaciones. Por otra parte, se constituyó una empresa denominada Financieros Reunidos, SA., promovida por Joaquin Beltrán, su esposa, Angeles Tarazón y Manuel Tus. Asimismo, fue constituida Construcciones Tarazón Martínez, como empresa constructora de los pisos y viviendas que se proponían vender, pero que, al parecer, era ficticia y, en realidad, no se trataba más que de un grupo de empleados y amigos, sin ninguna solvencia, que con grandes campañas publicitarias provocaron la afluencia masiva de pequenos capitales, como entrega inicial para la posterior adquisición de la vivienda. Posteriormente tuvieron que parar las obras, por no poder hacer frente a los pagos que iban recayendo sobre ellos y se originó el caso Nueva Esperanza. Los promotores, según el fiscal, consiguieron de manera irregular 705.866.979,64 pesetas, en tanto que los pagos realizados fueron de 599.970.054,42 pesetas, siendo la diferencia no justificada de 105.896.925,04 pesetas.

Durante la sesión de ayer se efectuó el interrogatorio del procesado Beltrán por parte del fiscal. El representante de la ley dirigió toda su acción a demostrar la ficción de las operaciones de las sociedades.