La fiscalía pide 23 años de prisión para cinco vecinos de Alcorcón por la huelga de 2012

Los hechos por los que fueron detenido los cinco vecinos de Alcorcón, que entonces tenían entre 23 y 28 años, se produjeron la madrugada y la mañana del día de la huelga general. Según consta en el atestado policial, había unas 80 personas manifestándose delante de la sede de la empresa De Blas, en el polígono industrial Urtinsa. Esta compañía es la que presta el servicio de autobuses de la zona suroeste de la región con la capital. El grupo de personas marchó por esta zona industrial y quemó diversos objetos en diferentes calles para impedir la circulación de vehículos. Según el atestado, también arrojaron objetos contra varias empresas (entre ellas, algún restaurante) y contra un vehículo policial y contra los autobuses que hacían los servicios mínimos. Además, les insultaron con gritos como “Maderos, hijos de puta”.

El informe policial mantiene que los manifestantes continuaron por el centro de la localidad montando más barricadas “utilizando para ello el mobiliario urbano”. El grupo terminó en la estación de Renfe de Alcorcón central. En ese momento lo integraban unas 40 personas. Los agentes municipales tenían identificados, según su relato, a los principales autores de los destrozos, por lo que se lo comunicaron a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que estaban en la parada de cercanías. Estos les ordenaron que salieran, pero se negaron.

Los policías nacionales fueron “increpados y agredidos” por los manifestantes. Los agentes municipales afirman, según consta en autos, que uno de los agresores, Víctor Hernán O. G., de 23 años, le pegó una patada “con gran violencia” a la altura del pecho al inspector de policía que dirigía el dispositivo de vigilancia. También agredió a dos agentes locales que intentaron pararle y que resultaron con contusiones leves en ambas rodillas. En el trance quedó destrozada la cámara de vídeo que estaban utilizando los agentes para grabar el incidente.

Otro grupo de manifestantes pegó a otro agente, que resultó lesionado con una contusión leve en el pie izquierdo. A raíz de estas agresiones, los congregados se disgregaron y se dispersaron por el municipio. A uno le detuvieron después en la calle de Polvoranca, a cierta distancia de la Renfe. A otro, en la plaza de la Hispanidad, también alejada del lugar de la revuelta.

Los cinco detenidos fueron trasladados a la comisaría de Alcorcón, tras lo cual pasaron a disposición judicial.

Los Juzgados de lo Penal de Móstoles acogerán el día 17 un primer juicio contra uno de los detenidos y el 23, otra vista contra los cuatro restantes. Ayer hubo una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Alcorcón (167.300 habitantes) para apoyar a los cinco acusados ante la inminencia de los juicios. También hubo un acto previo en el centro cultural Los Pinos con la participación de diversos integrantes de Podemos, Ganar Alcorcón e IU. También se han colocado pancartas y carteles por diversos puntos de la localidad en los que se lee “libertad para los cinco de Alcorcón”.

Los abogados de los acusados mantienen que sus clientes son inocentes y que tan solo se limitaron a ejercer un derecho fundamental, como el de manifestación. Afirman que en todo momento estuvieron informando de los motivos de la huelga y que no se metieron en ningún problema. “Es imposible que una persona que mide 1,60 metros y que pesa 60 kilos pueda pegar una patada a un policía que mide mucho más que él. Ni que fuera un volador”, afirma el abogado de dos de los detenidos, Manuel San Pastor.

El abogado recuerda que las lesiones que presentaban los policías eran todas de carácter leve y que ninguno necesitó atención posterior a la primera cura y atención en centros de salud. “¿Cómo podían estar los detenidos en puntos tan distantes y en un periodo de tiempo tan breve?”, se pregunta San Pastor.

“Montaje policial”

“Todo lo que han contado es absolutamente falso y se trata de un montaje policial como el ocurrido en la manifestación de Airbus en Getafe”, añadió el letrado. En este juicio de Getafe, los ocho sindicalistas acusados por la huelga general del 29 de septiembre de 2010 quedaron absueltos de las peticiones de condena de hasta ocho años y tres meses que llegó a solicitar la fiscalía.

Los letrados defensores alegarán incluso el retraso en la celebración del juicio, ya que han pasado cuatro años y medio desde que se produjeron los hechos. Van a pedir la atenuante de dilaciones indebidas no imputables a los procesados. “Son hechos ya muy remotos que han causado un gran perjuicio a todos ellos a causa de una lentitud tremenda. Muchos han rehecho su vida y ya tienen hasta familia”, añade el abogado. “Esperamos que al final de haga justicia y todos ellos queden en libertad, porque realmente son inocentes”, concluyó San Pastor.