Gemma Montull confesará la financiación ilegal de Convergència

Un personaje secundario va a desatar el clímax en el culebrón del caso Palau. Gemma Montull, la mujer que controlaba las finanzas del Palau de la Música, se dispone a confesar este miércoles cómo la institución musical sirvió para canalizar comisiones ilegales de la empresa Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La anunciada confesión de los Montull -el padre, Jordi Montull, ratificará previsiblemente lo que diga su hija- puede acreditar que el partido de Artur Mas se financió de forma ilegal al menos hasta 2009.

Aunque tardía -durante los ocho años de instrucción, Gemma Montull no ha admitido ningún delito-, la confesión es su vía de escape para disfrutar de un futuro lejos de la cárcel. La Fiscalía solicita para ella una pena de 26 años de prisión. Dice que su colaboración "directa e imprescindible" fue clave para que su padre y el expresidente del Palau, Fèlix Millet, saquearan más de 20 millones de los fondos de la entidad cultural. El fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, podría rebajar la pena para Gemma Montull hasta los dos años de cárcel.

Millet es la gran incógnita de la vista de este miércoles, que se antoja decisiva para el desenlace del juicio. Tras el anuncio de la confesión por parte de los Montull, la defensa del expresidente del Palau se ha sumado estos últimos días a las negociaciones con el fiscal. Millet lo tiene más difícil para lograr una rebaja porque es el gran protagonista del caso Palau y, además, porque solo puede, en su caso, ratificar lo que digan los Montull.

Según fuentes judiciales, es previsible que el fiscal pida invertir el orden de declaración de los acusados, de manera que primero sean Gemma y Jordi Montull los que declaren -responderán, previsiblemente, a todas las preguntas de la fiscalía- y a continuación lo haga Millet. El expresidente del Palau podría adaptar sus palabras a la declaración que finalmente pronuncien quienes fueron sus personas de máxima confianza en la institución.

El juicio por el caso Palau trata de esclarecer el saqueo de los fondos del Palau -cifrado por Hacienda en 24 millones- y, también, la financiación ilegal de Convergència. Según la Fiscalía, el partido cobró 6,6 millones de euros de la empresa Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras públicas durante el último Gobierno de Jordi Pujol (1999-2003). Ferrovial hacía pasar como donaciones al Palau lo que, en realidad, eran pagos ilegales. Millet y Montull hacían de intermediarios en la transacción y se llevaban una comisión.