El Gobierno pide a la Junta andaluza que negocie la reducción de jornada
Montero destaca la actitud del Ejecutivo de Rajoy en vez de recurrir al Constitucional
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha enviado un escrito al Ejecutivo andaluz de Susana Díaz en la que le pide que se convoque la comisión bilateral entre ambas administraciones para abordar la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos, después de que la Junta haya aprobado la restitución de este derecho a partir del próximo mes de enero.
Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien ha considerado esta convocatoria como "un buen síntoma" de diálogo por parte del Gobierno de la Nación, quien "directamente" ha recurrido esta decisión al Tribunal Constitucional en comunidades como Castilla-La Mancha.
Montero, que ha dicho esperar que este mecanismo sea para llegar a un acuerdo entre ambas administraciones y no suponga ninguna "trampa" por parte del Gobierno de Mariano, ha asegurado que recibe esta iniciativa "con esperanza". Y es que, según ha indicado, 2017 es un buen año para revertir derechos a los empleados públicos, fundamentalmente en comunidades "cumplidoras".
"El Gobierno podría haber ido directamente al TC si no veía posibilidad de acuerdo, con lo que quiero interpretar que convocar este órgano representa una señal de querer consensuar y acordar", ha señalado Montero, quien ha manifestado que el Ejecutivo andaluz tiene capacidad "autoorganizativa" para llevar a cabo esta medida.
La titular del ramo, que ha indicado que el Gobierno andaluz sigue "firme" en su decisión de aplicar la jornada de 35 horas para los empleados públicos a partir del 16 de enero, ha dicho esperar que el Gobierno de Rajoy "tome nota" y lo aplique en todas las administraciones, siendo "una demanda de las organizaciones sindicales y un derecho que los trabajadores dejaron aparcados por la crisis".
Montero, que ha pedido al PP-A que "ayude" al Gobierno andaluz para que el Ejecutivo central no lleve esta medida al TC, ha insistido en que es "un buen síntoma" que se convoque una reunión para abordar este asunto y que la Junta pueda explicar sus motivos.
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