La creación de nuevos impuestos tensa al Gobierno de Junts pel Sí

La negociación de los Presupuestos de la Generalitat ha vuelto a tensar las relaciones entre el Gobierno catalán y la CUP. Pero no únicamente entre ellos. La necesidad de acordar una batería de modificaciones fiscales también ha cuestionado la unidad de criterio entre las dos formaciones integrantes del Ejecutivo, el Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT) y Esquerra Republicana (ERC). El secretario de Economía de la administración autonómica, Pere Aragonès, así lo reconoció ayer en un encuentro mantenido ante representantes sindicales para explicar las líneas maestras que tendrán las Cuentas de 2017, al asegurar que los impuestos aprobados se explican “por equilibrios parlamentarios”.

Así lo desveló el secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, quien explicó que en la reunión, en la que estuvo el vicepresidente del Gobierno catalán y consejero de Economía, Oriol Junqueras, les habían trasladado que la nueva fiscalidad impulsada se había alcanzado “por equilibrios parlamentarios”. Esa afirmación no fue desmentida después por Aragonès, quien argumentó que “lo primero que tenemos que intentar es que se aprueben” los Presupuestos.

Las diferencias llegan básicamente por la demanda de la CUP, y respetada en parte por ERC, de modificar el impuesto de la renta (bajarlo a las rentas bajas y subirlo a las altas) y modificar al alza el impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio. Esas dos reivindicaciones, no obstante, son dos de las líneas rojas que mantiene el PDECAT, la formación del presidente catalán Carles Puigdemont. Y no se han introducido en el borrador de la denominada ley de acompañamiento a los Presupuestos que se remitirá al Parlament. Esquerra se ha arrogado en las negociaciones para intentar sacar adelante las cuentas —hasta ahora solo está garantizado su debate en el Parlament— la figura de mero mediador entre la formación de centroderecha y los anticapitalistas para poder sacar las Cuentas.

Aragonés señaló que “aunque todo es mejorable, la presión fiscal de Cataluña es la correcta”. Su departamento planteaba hace medio año incluir las modificaciones planteadas por la CUP para introducir mayor progresividad al impuesto. En vez de eso, en esta ocasión el Ejecutivo catalán y los anticapitalistas han optado por gravar más a las rentas altas mediante nuevas figuras impositivas y alzas en algunas ya existentes y crear nuevos tributos con argumentos de salud (gravamen a las bebidas azucaradas) y de medio ambiente (a las centrales nucleares y a los centros comerciales).

La coordinadora general del PDECAT, Marta Pascal, atribuyó la creación de nuevas tasas al actual contexto económico, ya que “nunca hemos sido favorables a la subida de impuestos” y aseguró que, durante el debate en el Parlament, “velarán” para que se introduzcan modificaciones para “preservar” a las clases medias. El secretario general de UGT, Camil Ros, considera “una chapuza” las reformas acordadas, al considerar que se grava a todos los niveles de rentas, cuando era necesario subir la presión fiscal a las más altas. Expertos fiscales y asociaciones de familias apoyan ese argumento por la supresión de una deducción fiscal del 1,5% a la adquisición de viviendas.

El Ejecutivo de Carles Puigdemont prevé remitir a la Cámara autonómica el anteproyecto de Presupuestos el próximo 29 de noviembre, cuando aprobará el borrador en su reunión del Gobierno. En las previsiones del Ejecutivo está poder celebrar el debate parlamentario en diciembre y poder aprobarlos de forma definitiva a finales del mes de enero, siempre y cuando la presentación de recursos ante el Tribunal de Garantías Estatutarias no retrase más el trámite.

Desde el Ejecutivo se niegan a cifrar la partida de gasto social, los documentos internos utilizados por la CUP para que sus bases valoren las negociaciones la sitúan en cerca de 1.000 millones de euros, más de lo previsto en las Cuentas de 2016, vetadas.