El PSC reclama la ‘vía canadiense’ si fracasa la reforma constitucional

El PSC renunció a la consulta legal y acordada en las últimas elecciones catalanas, pero la ponencia que se debatirá en el próximo congreso considera que no quedará más remedio que explorar esa fórmula si la reforma constitucional que proponen los socialistas no fuese votada por los catalanes. El ejemplo a seguir sería la vía canadiense, en referencia a la Ley de Claridad redactada en el año 2000 tras el segundo referéndum de Quebec que rechazó la independencia. Esa ley establece las condiciones en las que el Gobierno de Canadá podría entrar a negociar la secesión de alguna de sus provincias.

La continuas citas electorales han aplazado el congreso ordinario del PSC, que debía haberse celebrado en diciembre de 2015 y que finalmente tendrá lugar los próximos 5 y 6 de noviembre. El partido difundió este jueves la ponencia política que se debatirá en el cónclave y que recoge la propuesta de explorar la vía canadiense si la reforma constitucional no fuera votada por los catalanes.

“En caso de fracaso, en caso de que la ciudadanía decidiera rechazar el pacto logrado por sus representantes, entonces sí, los socialistas catalanes propondríamos al conjunto de los españoles otros instrumentos democráticos (por ejemplo, una Ley de la Claridad como la canadiense) que estableciese las condiciones para, si fuera necesario, verificar el apoyo ciudadano a una eventual secesión”, dice textualmente la ponencia.

La propuesta del PSC no es nueva y ha sido verbalizada por el primer secretario del partido, Miquel Iceta, y por la exministra Carme Chacón en los últimos meses, pero sí es la primera vez que se recoge en un documento del partido.

El PSOE mantiene posiciones muy distintas y siempre se ha mostrado contrario a cualquier consulta secesionista, hasta el punto de que en el fallido pacto suscrito con Ciudadanos para facilitar la investidura de Pedro Sánchez se recogía “oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España”.

Los socialistas catalanes razonan en la ponencia que sería “empezar por el final” plantear de entrada un referéndum sobre la independencia y matizan: “Si una consulta de estas características fuese viable de entrada, querría decir que estamos ante un nuevo marco de diálogo restablecido entre Cataluña y España, ante un nuevo clima de entendimiento”.

Si fuera posible la consulta legal y acordada previa a un debate profundo sobre los efectos positivos y negativos de la secesión, el PSC cree que “bien probablemente” ganaría el no, lo que impediría negociar un “pacto bilateral ambicioso” para mejorar el autogobierno catalán. Por ese motivo, consideran que lo que debe someterse a referéndum de los catalanes y el conjunto de españoles es la renovación del pacto constitucional de 1978, no la secesión.

Cataluña se encuentra en un “callejón sin salida”, dice la ponencia del PSC y eso exige un “cambio drástico de condiciones internas y externas”. Por eso, el PSC reclama “el reconocimiento claro y limpio de la nación catalana por parte del conjunto de la sociedad española”, así como que se garanticen “los recursos financieros debidos”, a partir de un modelo de financiación que incluya la “corresponsabilidad fiscal real” y basado en los “criterios de solidaridad, ordinalidad y gestión compartida”.

La reforma constitucional que reclama el PSC debería suponer también “el pleno reconocimiento del carácter nacional de Cataluña, de sus derechos históricos y de la singularidad de su autogobierno”. La ponencia plantea una relación con el Estado que, partiendo de un marco federal, se base en el “reconocimiento sin ambages de su realidad plurinacional”, además de un marco competencial que comporte el pleno autogobierno “en el marco de unas interdependencias hispanas y europeas que no resulten un lastre, sino un trampolín que proyecten la nación catalana hacia el futuro y la primera línea europea”.

La protección de la unidad y la lengua catalanas, la participación de Cataluña “en el primer plano de las responsabilidades políticas españolas y europeas”, así como un marco que permita la “asociación voluntaria de comunidades” con la vista puesta en la Eurorregión del Mediterráneo, o la coordinación de políticas en favor del catalán son otras de las reclamaciones que recoge la ponencia del PSC que se debatirá en el congreso.