Barcelona rechaza que Comín permita la actividad privada en hospitales públicos

El Ayuntamiento de Barcelona se ha rebelado contra la decisión del consejero de Salud, Toni Comín, de mantener la actividad privada en los hospitales públicos. Comín justificó en una entrevista a EL PAÍS que esa medida “ayuda a cuadrar las cuentas” de algunos hospitales. Pero esa excusa no sirve a la comisionada de Salud del Ayuntamiento, Gemma Tarafa, que se ha mostrado su desacuerdo y ha apostado por “revertir las privatizaciones y destinar todos los recursos a la asistencia pública”.

Desde que entró en el consistorio, el gobierno de Ada Colau siempre se ha posicionado en contra del trasvase de recursos públicos a la privada, bien sea a través de privatizaciones o de actividad extra que hacen los centros sanitarios previo pago. “Se han de destinar todos los recursos a la máxima calidad en la asistencia pública que ya hemos pagado con nuestros impuestos”, argumenta Tarafa para justificar su reprobación a las declaraciones de Comín.

Según un informe del propio Ayuntamiento, Salud destina 200 millones al año a actividad privada en Barcelona. El 55% de las terapias de rehabilitación se contratan a entidades privadas con afán de lucro y el 100% del transporte sanitario no urgente de la ciudad (21 millones de euros) o la oxigenoterapia (siete millones) están también privatizadas.

Tarafa celebra la medida de Comín de echar de la red hospitalaria pública a centros con ánimo de lucro, pero no la ve suficiente: “Hay margen para hacer más pasos. Es necesario abordar las grandes bolsas de negocio privado que están en la atención sociosanitaria, el transporte sanitario o la rehabilitación”. La comisionada considera que, más que un problema económico, es una cuestión de “voluntad política”.

Aunque el margen de maniobra del Ayuntamiento en temas de salud no es muy amplio —las competencias las tiene el Departamento que dirige Comín—, Tarafa ha anunciado que el gobierno local “trabajará mucho en el seno del Consorcio Sanitario de Barcelona (CSB)”, donde el Ayuntamiento controla el 40% de la institución y el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) el otro 60%. Por lo pronto, ya han puesto en marcha, con el beneplácito de Salud, una comisión de estrategias de desprivatización para estudiar la situación y la reversión de algunos servicios externalizados.

“Cada año se renuevan conciertos que se podrían revertir sin impacto presupuestario, como la atención domiciliaria de noches y festivos en Barcelona, de la cual, a partir de la demanda del Ayuntamiento, se ha empezado a estudiar la desprivatización y asunción de la gestión por parte del ICS”, relata Tarafa. En la próxima reunión de CSB se pondrá sobre la mesa una propuesta para esta cuestión y el Ayuntamiento llevará también a debate la situación de Barnaclínic, el brazo privado del Hospital Clínic con el que comparte espacio físico y trabajadores.

En medio de esas medidas para desprivatizar los servicios sanitario, la comisionada de Salud también apuesta por “evaluar el trabajo de las empresas que prestan el servicio para garantizar la transparencia e incluir elementos de la economía social en las cláusulas de los contratos”. Tarafa señala que, aunque hay buen entendimiento con Salud en muchos temas comunes y las dinámicas de trabajo han mejorado con respecto al gobierno anterior, “si no hay acuerdo y se llega a un nudo sin retorno, lo evidenciaremos”.