Examen al juez del 9-N

Joan Manel Abril, el juez que ha instruido la causa contra Artur Mas por la consulta del 9-N, abandona. El próximo 1 de julio deja su cargo como magistrado de la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Su decisión, afirma, obedece a motivos estrictamente personales: catedrático de Derecho Civil, quiere volver a ejercer como docente e investigador en la UAB y centrar su carrera como magistrado en Andorra. En su salida, sin embargo, han pesado otras razones y, en particular, el riguroso examen y constante vigilancia al que le ha sometido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propósito de su labor al frente de la causa del 9-N, explican a este diario fuentes judiciales.

En 2012, Abril fue propuesto por el Parlament (con votos de CiU, PSC, ERC e ICV) para magistrado del TSJC. El vocal del Consejo Ramon Camp, designado por CiU, avaló su nombramiento. Pese a que es experto en materia civil, Abril ha instruido casos penales sonados; por ejemplo, una de las piezas del caso Mercurio, que acabó con condena por tráfico de influencias para el ex número dos del PSC, Daniel Fernández. Su nombre, sin embargo, empezó a mirarse con lupa cuando fue designado instructor de la querella de la Fiscalía contra el expresidente de la Generalitat por desobediencia, al organizar la consulta sobre la independencia (9 de noviembre de 2014) tras el veto del Tribunal Constitucional.

El TSJC admitió a trámite la querella en diciembre de 2014, pero Abril no citó a declarar como imputado a Mas hasta nueve meses después y pasadas las elecciones cruciales del 27-S. Tenía claro, explican fuentes próximas al magistrado, que la instrucción no debía influir (en un sentido u otro) en la campaña. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, vio pasividad en esa decisión: perdió la confianza en el entonces presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, y sospechó de Abril. Sus compañeros defienden que dirigido la instrucción de forma “técnica” y “sin injerencias”.

El malestar se concretó, de hecho, en una inspección que el CGPJ abrió a Abril por el supuesto retraso en la tramitación del 9-N. El expediente se acabó archivando, pero obligó al magistrado a dar cuenta de sus gestiones. “En lugar de ocuparse de lo importante, tuvo que dedicarse a dar explicaciones”, señalan las mismas fuentes. Fue solo el primer movimiento de “presión” del Consejo, al que habrían de seguir otros. En particular, la atención prestada a las quejas de Manos Limpias.

El sindicato ultra fue el primero en querellarse contra Mas y Abril le concedió, por ello, la dirección letrada sobre el resto de las acusaciones populares. Desde el inicio de la causa, sin embargo, envió quejas reiteradas contra Abril ante el CGPJ. En especial, porque el magistrado se negaba a facilitarle copia en CD de la declaración ante el juez de Artur Mas (octubre de 2015), y que el sindicato pretendía filtrar a la prensa. El órgano de gobierno de los jueces tiene potestad para dar carpetazo a esas quejas si considera que no tienen base. Pero en lugar de eso, decidió investigarlas y exigir nuevas explicaciones.

Trabas a la compatibilidad

El tercer episodio es más reciente y tiene que ver con una particularidad de Abril. Además de magistrado en Cataluña, lo es también en Andorra: preside desde diciembre de 2014 el Tribunal Superior de Justicia del Principado, de cuya sala civil es miembro desde 2003. Pese a que tiene reconocida la compatibilidad, el Consejo puso pegas a él y a quienes están en su situación. Desde ahora, la compatibilidad para ejercer en Andorra debe someterse a una autorización anual; antes era indefinida.

Tras hallar indicios de delito contra el diputado en el Congreso Francesc Homs, Abril pretendía que el Tribunal Supremo asumiese por completo la instrucción del 9-N para evitar resoluciones contradictorias. No lo logró. Sus dos últimas decisiones en la causa han sido retirar la dirección letrada a Manos Limpias (por las “quejas” de las otras partes) y ampliar un año el plazo de instrucción, que está casi finalizada. Abril será sustituido por Francisco Valls: el CGPJ ya ha aceptado su excedencia voluntaria.