“Todo lo decidían Granados y sus asesores”

“Yo no decidía qué convenios se hacían o no, era una gestora que recibía la información del señor Granados (Francisco Granados) o de su entorno, casi siempre de sus asesores”, ha afirmado Carmen Plata Esteban, ex directora gerente de la Fundación Arpegio, investigada por el juez Eloy Velasco en la trama Púnica, ante la Comisión de Investigación sobre la Corrupción de la Asamblea de Madrid. Plata trabajó en la Fundación desde su creación en diciembre de 2006, cuando el máximo responsable de Arpegio era Francisco Granados, hasta junio de 2011, fecha en la que solicitó una excedencia. Ha exculpado completamente a Esperanza Aguirre. “Nunca me llamó”.

La decisión de crear la fundación era “devolver a los madrileños parte de los beneficios de la empresa Arpegio”, que en 2005 habían ascendido a más de 129 millones de euros, ha mantenido la exdirectora. Desde la institución se repartieron unos 10 millones de euros mediante subvenciones y convenios, que ahora están bajo la lupa de la Audiencia Nacional.

A la exdirectora, sin embargo, no le “chocó” ningún convenio llevado a cabo por la Fundación Arpegio porque no habría seguido adelante. Preguntada por un concierto llevado a cabo por Waiter Music (empresa investigada en la Púnica) ha respondido que “lo que tenía que decir se lo dije al juez”. Plata es afiliada al PP y ha ocupado diferentes cargos, entre otros fue directora general en Sanidad y concejal del PP de Getafe entre 1995 y 2014.

El espectáculo musical se celebró en marzo de 2007 en el Palacio de los Deportes de Madrid, intervinieron un coro infantil y artistas como Mike Oldfield, Tears for fears, John Miles y Ana Torroja. La entrada costaba 50 euros, pero se regalaron miles. La Fundación Arpegio patrocinó el evento con 139.200 euros. La Audiencia Nacional estudia si Granados obtenía comisiones de las actuaciones que organizaba Waiter Music.

En cuanto a los diferentes convenios que se firmaron sin que se convocaran licitaciones públicas y, por lo tanto sin ningún control, en opinión de los diputados. “Son contratos claramente encubiertos, sin ningún control y por un total de 800.000 euros en 2007”, ha dicho Encarnación Moya representante socialista. Plata ha mantenido que se pedían ofertas “como mínimo tres”. La ley de contratos les permitía en ese momento actuar de ese modo, sin convocar concursos públicos, ha añadido. Solo hubo una licitación pública para la recuperación del Cerro de los Ángeles.

La exdirectora defendió que existía control en la fundación. Por un lado, se encontraba el patronato que aprobaba el plan de actuaciones a seguir y el presupuesto. Posteriormente se realizaba una auditoría externa, se aprobaban las cuentas, se enviaban a la Cámara de Cuentas de Madrid y al Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid. Desde la propia fundación confirmaban si se había realizado o no el proyecto de forma satisfactoria. Y, por último, “pedíamos una memoria justificativa, también económica”.