El PSOE propone retirar las placas franquistas que protegió la Comunidad en Brunete

La moción, que salió adelante con los votos favorables de IU, PSOE y UPyD y con la abstención del PP, se presentó en febrero de 2014, dos años antes de la declaración BIC del conjunto, que es el máximo nivel de protección de los tres que existen. El portavoz del PSOE en Brunete, Salvador Sierra, afirma que su partido está a favor de la declaración, pero que se opone a que continúen las placas. "Si se hubiese cumplido la moción, ahora no habría ningún problema". La parlamentaria socialista Ana García D' Atri ha confirmado a EL PAÍS que su grupo estudiará la fórmula de revocar la decisión, aunque es consciente de la dificultad. Las únicas fórmulas serían comenzar de nuevo con la incoación del expediente (poco probable porque debe iniciarlo el Gobierno regional que aprobó la anterior declaración) o querellarse por la vía contencioso-administrativa, una solución también complicada porque, según D´Atri, su grupo no busca el enfrentamiento.

"Han hecho el BIC para no tener que quitarlos (los vestigios franquistas)", ha manifestado la diputada del PSOE. En su opinión, se trata de una "burla, un fraude" con el que se ha "instrumentalizado" la Ley de Memoria Histórica. "(Sobrini) dice que las placas son consustanciales, pero estas son accesorias, no forman parte del conjunto. Su texto no admite lugar a dudas de que es un elemento de exaltación franquista".

Como recuerda una de las lápidas, el conjunto fue inaugurado por Franco el 18 de julio de 1946, décimo aniversario de la sublevación contra la República. El Ayuntamiento de Brunete (que gobierna el PP con mayoría absoluta) había pedido en 2011 a la Comunidad que iniciara el expediente para dar a esta plaza, construida por Regiones Devastadas entre 1940 y 1946, la máxima protección. El expediente caducó en 2013, por lo que el Consistorio de la localidad volvió a solicitar la protección del conjunto en 2014. "No ha habido alegaciones a la propuesta", se ha defendido la directora general de Patrimonio durante su intervención en la comisión, a donde ha acudido a petición del grupo socialista para informar sobre el procedimiento de declaración como BIC de la Plaza Mayor de Brunete.

En opinión de Sobrini, tanto las placas como el escudo franquista que corona el conjunto, en la antigua Casa de la Falange, forman parte "consustancial" de la plaza. Al ser originales del proyecto, señala, son inseparables de él. La directora general de Patrimonio ha defendido que los textos de las lápidas "tienen longitud similar para que encajen" en el monumento. Este hecho, subraya, hace que no haya que eliminar estos elementos, tal y como señala la Ley de Memoria Histórica, a la que en un lapsus Sobrini llamó "histérica". El artículo 15 de la norma explica que las Administraciones han de retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Pero si las menciones son de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones históricas, artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley, lo anterior no se aplicará. Este segundo caso es al que alude Sobrini.

Aprobación por unanimidad

La BIC de la Plaza Mayor de Brunete y de los elementos que contiene se aprobó por unanimidad en la Comisión Regional de Patrimonio celebrada el 1 de marzo. En dicho organismo están representados todos los partidos, además de otras entidades, como la Real Academia de San Fernando o el Colegio de Arquitectos. Sin embargo, a la socialista Ana García D´ Atri le consta que los miembros de este órgano consultivo no tuvieron todos los documentos ni los detalles de los 22 elementos que aquel día presentaron al consejo. Un miembro de este ha asegurado a EL PAÍS que únicamente recibieron un archivo en formato ZIP con el listado de la orden de los elementos que se iban a aprobar como BIC y apenas 10 páginas que explicaban los monumentos y obras, "lo mismo que había aparecido en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 23 de noviembre de 2015".

Este miembro de la comisión destaca que el documento no incluía fotos, solo una breve explicación, y que tampoco el técnico que explicó el caso de Brunete en el consejo se refirió a los vestigios franquistas que albergaba. "Pasó de puntillas, se nos relató la versión corta, tal y como refleja el acta, al que por fin hemos tenido acceso", se queja. Para este consejero, el problema radica en los plazos en los que se presentó la documentación, ya que el consejo se convocó con una antelación de 10 días y el plazo con el que se puede solicitar más información es de 15 días antes. En ese sentido han incidido los representantes en la comisión de Cultura de Ciudadanos y Podemos. Esta última ha defendido que no se protejan los vestigios franquistas pero que, en caso de hacerse, se "contextualice para contribuir a la pedagogía ciudadana".

Para Sobrini, sin embargo, existía abundante documentación. Ha defendido que el texto íntegro se envió "en tiempo y forma" el 19 de febrero. "Me parece asombroso que varios miembros (del consejo) digan que no tenían los documentos" cuando "fueron aprobados por unanimidad", un extremo que ya defendió la presidenta regional Cristina Cifuentes. "Había mucho material, puede que algunos no se leyeran todos los documentos", ha criticado la directora de Patrimonio. La socialistas García D´Atri ha lamentado que ningún representante de los partidos advirtiera que el conjunto BIC de Brunete incluyera vestigios del franquismo. "No hay ocultación, pero tampoco se generó debate sobre ello. No quiero pensar que fue de mala fe".