Ballesteros declara ante el juez que pagó facturas irregulares para no delinquir

Josep Fèlix Ballesteros ha declarado este martes ante el Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona por su presunta implicación en una trama de prevaricación en el Ayuntamiento de Tarragona. El alcalde socialista ha insistido en manifestar que si ordenó pagar más de 270.000 euros en facturas irregulares emitidas por una empresa afín al PSC fue porque temía hacer caer al consistorio en un delito de enriquecimiento injusto. Ballesteros, que ha llegado al juzgado acompañado por la mayoría de concejales que configuran su equipo de gobierno, ha prestado ante el juez instructor la misma versión de los hechos que ya manifestó ante la prensa a las pocas horas de conocerse su imputación. "Validar una factura cuando un servicio se ha prestado es una obligación" ha sentenciado el alcalde para justificar que los trabajos encargados a Inipro no fueron ficticios.

Después de un interrogatorio que se ha alargado por más de tres horas, Ballesteros ha querido apuntar que se siente tranquilo, "he hecho lo que debía, colaborar con la justicia". En el mismo sentido ha puntualizado haber respondido "a todas y cada una de las preguntas" que le han sido formuladas.

El alcalde, que recibió hasta siete advertencias de los servicios técnicos municipales alertándole de la irregularidad de la relación con Inipro, ha insistido en qué los pagos "se firmaron porqué legalmente se tenían que firmar". En este sentido, se escuda en qué los trabajos de asesoramiento a la población inmigrante que, entre 2010 y 2012, se encargaron a Inipro no solo eran necesarios sino que no tenían nada de insólito. Uno de los extremos que trataba de aclarar el juez instructor es porqué el equipo de gobierno socialista externalizó un trabajo que, aparentemente, se podía llevar a cabo con los recursos propios del área municipal de servicios sociales. "No es una práctica excepcional ni tiene nada de extraño" ha respondido Ballesteros. El Ayuntamiento de Tarragona tiene "más de 400 subcontrataciones de servicios" ha detallado.

"Me gustaría que aquellos que presionan políticamente a la justicia la dejen trabajar", ha finalizado el alcalde, en clara alusión a la CUP, personada en el caso como acusación. Carles Perdiguero, letrado de la formación independentista, ha precisado que el asunto lo destapó el comité de empresa del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS). Una posterior investigación coordinada por la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil indagó el caso y el juzgado entiende que puede darse la concurrencia de delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios en subastas públicas.