Imputado el exalcalde de Los Santos por una deuda opaca de 1,8 millones

Tras detectarse un agujero de 1,8 millones de euros en la contabilidad de Los Santos de la Humosa, un juzgado de instrucción de Alcalá de Henares ha imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa a Francisco Javier López, su exalcalde del Partido Popular, a Juan Ramón Solís, el anterior interventor, y a Miguel Ángel del Olmo, actual concejal y portavoz del partido Unión del Pueblo Santero (UPS).

La imputación se esperaba tras el demoledor informe de la Cámara de Cuentas que hablaba en 2013 de “graves deficiencias observadas” en los números del Ayuntamiento de los años 2009 y 2010 y de la “falta total de control interno”.

Nada cuadra en esta localidad de 2.300 habitantes. Hay pagos a una cuenta corriente fantasma, cobros de impuestos por parte de una empresa privada (EGTRM) registrados solo en parte y en papel, o el agujero contable de 1,8 millones que nadie se explica y que dejó huella en papeleo en los cajones.

Desde 2011 Los Santos de la Humosa está dirigido por el socialista José Ignacio Fernández. Este, como llevaba en su programa electoral, puso según llegó al poder la poca documentación de la que disponía en manos de la Cámara de Cuentas.

El tesorero se contrataba

Salvador Díaz, el abogado externo que representa al Consistorio, explica que “la imputación es por prevaricación administrativa, pero también podríamos hablar de malversación de fondos públicos y negociaciones prohibidas con funcionarios”.

Las “negociaciones prohibidas” de las que habla el letrado Díaz son con el extesorero José Augusto Crespo Lara, contra el que hay un proceso en marcha. Este, a su vez concejal, facturó al pueblo 121.000 euros como administrador único de Suministros Pflaumer. “Firmaba pagos por servicios prestados a su propia empresa”, cuenta el abogado.

Y Díaz cree que puede acusarse a los imputados de malversación de fondos por el gasto de 89.628 euros en 2009, que no han justificado, en conceptos diversos: actividades extraescolares, gasolina y hasta novillos y toreros. Además, no hay un contrato que evidencie el gasto de 64.166 euros en la gestión del acceso público a Internet y otros 27.000 en el mantenimiento de la publicidad.