Los enemigos de Cataluña

Era estupendo. Los enemigos de Cataluña eran los habituales, Madri-T, España, el Estado español y así. Pero el episodio de la muerte y entierro (parcial) de las “estructuras de Estado” (EDE) a cargo del Consell de Garanties Estatutàries demuestra que íbamos errados. La quinta columna, el enemigo interno, el botiflerisme agazapado en nuestras instituciones es el peor saboteador. Un enemigo más peligroso que el rival exterior, porque es difícil de detectar.

A este Consell, de mayoría soberanista (Convergència y Esquerra: CiE) se le ha ocurrido dar la razón a las protestas de inconstitucionalidad, nada más y nada menos que ¡del Partido Popular! El dictamen desautoriza frontalmente cinco enmiendas que CiE habían formulado a los presupuestos para 2015. Hará historia porque desmonta, desarticula y destruye todos (menos uno) los proyectos de erigir, a uña de caballo, antes del 27-S, unas “estructuras de Estado” imaginadas para dar a pie a pensar que las elecciones convencionales anticipadas gozan de un ligero barniz plebiscitario, una aureola vagamente autodeterminista.

Algunos habíamos apuntado que esta historia de crear un Estado de nueva planta sin que se sepa si hay una mayoría clara en favor de la operación (peor: con las encuestas oficiales en contra) era una “estafa política” (Éxtasis y parálisis del secesionismo, EL PAIS, 14 de febrero).

Era también —y lo es— una sandez intelectual, porque la expresión esconde dos conceptos antitéticos: el que utiliza el soberanismo en su agitación, instrumentos administrativos propios de un Estado independiente; y el que convive en programas electorales como el de CiU, las estructuras administrativas autonómicas importantes como los Mossos d’Esquadra o el Servei Català de Trànsit (Cataluña 2020, CiU, 2012, página 14): esa confusión es la que facilita las simpáticas alusiones a que esa lotería, “la Grossa” es una estructura de Estado, o que también lo es, dijo graciosamente Felip Puig, el turismo catalán.

Y era y es un contrasentido jurídico dedicar los impuestos de los contribuyentes a financiar actividades administrativas (sueldos de funcionarios y otros gastos corrientes) en una Administración que no dispone de la competencia para desempeñarlas: es una malversación (o en suave, mal uso) de caudales públicos.

Pues bien, llega ahora el Consell de Garanties Estatutàries y estropea el tejemaneje de las EDE, reconociendo que no hay base jurídica para construirlas de verdad. Que, atención, no sólo son anticonstitucionales, sino que “no encuentran amparo” en el Estatut, es decir, que son contrarias al Estatut, antiestatutarias. Cuando un poder desprecia la ley vigente pero supuestamente ajena (la Constitución), ya se coloca en terreno resbaladizo. Pero cuando desafía abiertamente su propia ley, el ordenamiento en que se basa su propia existencia y legitimidad, en este caso el Estatut que el propio Artur Mas pactó con Rodríguez Zapatero —el texto que se conoce como “Constitución interna de Cataluña”—, entonces es que ha perdido el oremus.

Pero podríamos explicarlo de otra forma: el enemigo interno.

¿Saben quién es el ponente del dictamen, que ha concitado la unanimidad en cinco conclusiones, la mayoría en dos, y no ha generado ningún voto particular disidente? Joan Ridao, coautor del Estatut, jurista reconocido, doctor en Derecho, ex portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso. ¡Dáte por cazado, Joan!

Si tienen la paciencia de leer el dictamen, comprobarán hasta qué punto el desguace de las EDE, y del autodeterminismo unilateralista que las inspira es abrasivo: 

1. El compromiso de legislar para que la Agència Tributària de Catalunya pueda recaudar todos los impuestos “soportados” es un desatino, porque contraría la diferencia normativa entre tributos propios y no-propios; los hay que son competencia de otras Administraciones, según la Constitución; y el alcance de la capacidad normativa difiere según los tipos de ingresos, de forma que “es plena en cuanto a los tributos propios y en cambio es más limitada respecto a los tributos estatales cedidos”, según el art. 203 del Estatut (página 24 del dictamen).

2. La pretensión de que la ley de patrimonio de la Generalitat prevea la división de bienes entre lo-que-quede-de-España y un nuevo Estado catalán también es contraria a ley, porque la norma que regula esos pactos viene dada por los dos convenios de Viena (1978 y 1983), el último de los cuales no está firmado por el Reino de España, único competente para garantizar su cumplimiento, en aplicación de la competencia exclusiva que le reserva el artículo 149 de la Constitución (página 58).

3. La asunción de las funciones de regulación de la competencia, hoy en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, a pesar de que la Constitución no hace una reserva de derecho muy directa en favor de la Administración central, “no encuentra amparo en las competencias de la Generalitat previstas” en el artículo 154 del Estatut.

4. Una cosa similar sucede con la supervisión de la seguridad nuclear y el otorgamiento de licencias: los traspasos unilaterales decididos por la Generalitat violan ambas normas básicas.

Los juristas responsables de garantizar la concordancia de las leyes catalanas con el Estatut sólo salvan de la quema a una de las enmiendas soberanistas, la que propone crear una Agència catalana de la Seguretat Social. Niega a la Generalittat que “a través de estas agencias asuma y gestione competencias que no le son propias de acuerdo con la Constitución y el Estatut” (página 43) , pero le permite crearla en este caso si “no se erige en la norma por la cual la Generalitat asumirá directamente competencias” ajenas (página 49); es decir, si se trata sólo de crear una agencia virtual, no operativa, que exista pero no haga nada más que existir.

Tan decisivo como las enmiendas y el dictamen es lo que no figura en este paquete.

No figuran dos de las EDE más emblemáticas: la creación de un banco público, y la organización de un banco central.

Eso dirige nuestras sospechas hacia otro enemigo emboscado de Cataluña, el consejero de Economía Andreu Mas-Colell, incómodo porque los chicos de Esquerra le hayan retocado un presupuesto para el cual tanto le había costado armar una apariencia de verosimilitud: y encima que se tengan que incorporar dotaciones específicas adicionales (más de once millones de euros) para esos sueños de una noche de invierno. Pues bien, la venganza del Mas que sabe era ex-ante: ha procurado desde tiempo inmemorial evitar el ridículo de patrocinar las EDE más etéreas e imposibles que le pedían los hooligans.

En efecto, la conversión del Institut Català de Finances en un banco público (ahora es poco más que una ventanilla del departamento) figura en el memorial de agravios convergentes desde las elecciones de noviembre de 2012. Desde entonces no se ha hecho, por suerte, literalmente nada. Bueno, nada más que encajar con displicencia una moción parlamentaria de los republicanos estimulando a hacer… algo.

Y es que la competencia para conceder una ficha bancaria (antes de ser banco público, se tiene que ser banco) no la ejerce, por desgracia, el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts, sino el Banco de España. Bien, el Mas que sabe de qué va la cosa ni lo intentó, porque a la institución de Cibeles no le entusiasman las operaciones de simbiosis entre patriotismo y dinero. Y ahora que (desde el 1 de noviembre de 2014) la competencia para autorizar nuevas entidades bancarias se ha traspasado al Mecanismo Único de Supervisión (MUS), dependiente del Banco Central Europeo con sede en Fráncfort, la cosa no está mucho más clara, porque antes de concederlas el MUS evacua preceptivas consultas con los bancos centrales de los Estados miembros, o sea, otra vez el Banco de España.

Y sobre la creación de un banco central de nuevo cuño, ya ni le hace falta a Mas-Colell endosar la obligación moral de boicotearlo activamente, a fin de preservar el prestigio residual de nuestras instituciones: lo ha hecho con el dedo meñique el enemigo público número 1 del secesionismo, Josep Antoni Duran i Lleida.

Queda para el final el peor de los enemigos embozados de Cataluña, Carme Forcadell. ¿Qué toca, en este asunto? Toca que la otra enmienda rechazada (sobre “infraestructuras críticas”) es hija directa de las pesadillas sovietizantes de un sector de la Assemblea Nacional Catalana, que ella aún preside, sueños que no ha sabido imponer, lo que acredita su enemistad a la patria.

Vamos por partes. La idea se eleva por primera vez a instancias oficiales en el acuerdo para la décima legislatura firmado el 19 de diciembre de 2012 entre CiU y Esquerra. En el punto 8 del anexo 2, que detalla las EDE a impulsar, figura la intención de “elaborar un plan para asumir la gestión (…) de las principales infraestructuras logísticas que son competencia del Estado en Cataluña, aeropuertos, puertos, ferrocarril”.

Esa obsesión, de tono expropiatorio más que negociador, se olvidó felizmente durante tiempo. Hasta que la ANC la rescató en marzo de 2014 para su proyecto de Hoja de ruta 2014-2015, pero teñida de tentativa de golpe de mano: propugnó para determinados momentos del procés realizar “actos de ejercicio de soberanía” como “tomar el control efectivo del país”, puertos, aeropuertos y otros nudos de comunicación y poder, por parte de unos organismos populares sin base legal. El texto definitivo del papel limó las aristas más agudas del proyecto.

Y ahora reaparece en forma de enmienda de CiE, que propone una nueva norma legal “contra las posibles amenazas hacia estas infraestructuras”, buscando amparo en una Directiva de la Unión Europea (la 2008/114). El destrozo que le propina el Consell de Garanties es monumental. Recuerda que la directiva se refiere a infraestructuras “la perturbación y destrucción de las cuales afectaría gravemente dos o más Estados miembros” (página 36), que no es el caso; insiste en que la competencia de seguridad pública “es competencia exclusiva del Estado” (página 37); que ya ha sido ejercida en la ley de 28 de abril de 2011; y que por tanto “el legislador catalán no puede requerir al Govern [de la Generalitat]” que legisle lo que pretende (página 41)… Lo único posible sería elaborar “inventarios” y “catálogos”. Ninguna acción ejecutiva.

Esa es la música y la letra del dictamen. Ahora el soberanismo convertirá las enmiendas en sucedáneos de sí mismas, en perfume de apariencias, en declaraciones sin significado, en juegos de manos para adecuarse al dictamen, como con la ley sobre la seguridad social: nada de estructuras de Estado reales; nada operativo; ejecutividad cero; sólo estudios, catálogos… El Estado propio de Artur Mas es una nube. Las estructuras de Estado han muerto. Vivan los inventarios de Estado.