La Junta acusa a la juez Alaya de instruir una “causa general”

La Junta de Andalucía acusa a la juez Mercedes Alaya de instruir en el caso de los ERE una “causa general” que analiza toda su acción de gobierno a modo de “investigación prospectiva”, que prohíbe la ley. El Ejecutivo autónomo carga contra la magistrada en su último recurso presentado esta semana ante la Audiencia de Sevilla, después de que Alaya decidiera el 23 de diciembre investigar las principales empresas públicas de la Junta.

No es la primera vez que el Gobierno andaluz tilda la actuación de Alaya de “causa general” en su guerra abierta con la juez. Hasta ahora la Audiencia de Sevilla ha respaldado la mayoría de actuaciones de la magistrada. En su auto, Alaya requería informes de las empresas públicas para estudiar la “elusión de la fiscalización previa”. Ahora la Junta alerta en su recurso de que “no existe la conexidad delictiva” que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para así ampliar el caso de los ERE a las grandes empresas públicas de la Junta, además de todas las consejerías que ya investiga Alaya.

Además, los abogados del Ejecutivo plantean que el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla ya investiga las principales empresas de la Junta, por las que abrió nueve piezas separadas. Por último, el Gobierno argumenta que al afectar la pretendida investigación de Alaya a decisiones tomadas por el Consejo de Gobierno de la Junta, la competencia de la instrucción atañe al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero nunca a la juez Alaya.

Por otra parte, la Junta ha recurrido un segundo auto de Alaya en el que esta censuraba las ayudas millonarias concedidas por el Ejecutivo a extrabajadores tras el cierre en 2007 de la multinacional Delphi en Cádiz. En su resolución, Alaya se dirigía al Ministerio de Empleo para que informara sobre la “norma estatal” que debía aplicarse para determinar las ayudas de Delphi, después de recibir desde el propio departamento de Empleo un informe muy crítico con el Gobierno andaluz.

Ahora la Junta recurre dicho auto porque estima que la juez presupone que el Gobierno andaluz ha vulnerado “competencias propias” del Estado en materia de legislación laboral. En su escrito, la Junta acusa a Alaya de “autoatribuirse” competencias propias del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo se defiende y afirma que “los peritos [del Estado] están mutando la competencia autonómica para otorgar ayudas, contraviniendo de modo palmario, sin rubor alguno, una norma con rango de ley aprobada por el Parlamento de Andalucía”.