Mas intenta atajar la división interna con un calendario para la consulta
El presidente catalán firmará la convocatoria de la votación antes del 24 de septiembre El mes arrancará con una reunión de las fuerzas soberanistas
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha optado por fijar en el calendario todos los pasos para la consulta de independencia del 9 de noviembre, en un intento de evitar nuevas divisiones en su Gabinete. Después del revuelo provocado esta semana por la vicepresidenta, Joana Ortega, al plantear un aplazamiento de la votación si el Gobierno impugna la convocatoria, Mas ha acabado por dejar claro que ya no hay marcha atrás y que la agenda está fijada. La votación del 9 de noviembre se convocará antes del 24 de septiembre.
Con el presidente catalán ya oficialmente de vacaciones, ayer fue la propia vicepresidenta la encargada de devolver las aguas a su cauce y acabar de enterrar la crisis que ella misma abrió esta semana con Esquerra Republicana, el socio de CiU en el Parlamento catalán. Ortega compareció para asegurar que trabaja para hacer posible la consulta y que está “al lado” de Artur Mas, y anunció para septiembre una cumbre de partidos favorables al referéndum. En un intento de zanjar la crisis y dejar de lado la división del Gobierno de CiU, Ortega exhibió el calendario como garantía. La vicepresidenta aseguró que la votación se convocará “antes de la Merced”, la patrona de Barcelona, que se celebra el 24 de septiembre.
El objetivo del Gobierno catalán es, por este orden, calmar a sus socios de Esquerra Republicana, levantar el estado de ánimo de las bases soberanistas y evitar un enfrentamiento público de Unió Democràtica y Convergència, al menos mientras el Gobierno central no recurra la convocatoria de la consulta. El problema es que Unió y Convergència solo comparten hoja de ruta para diseñar qué hay que hacer hasta la convocatoria de la votación, pero las discrepancias sobre lo que hay que hacer después, si hay impugnación, son públicas y notorias.
Cumbre rorreferéndum con el PSC
La Generalitat no solo tiene en el calendario la fecha de la consulta soberanista y la firma del decreto de convocatoria. La vicepresidenta catalana, Joana Ortega, también anunció ayer para comienzos de septiembre un encuentro con todas las fuerzas partidarias de esa votación. Las formaciones políticas invitadas serán las que apoyan explícitamente el referéndum del 9 de noviembre —CiU, ERC, ICV y la CUP—, pero la Generalitat también llamará a los socialistas catalanes, en un último intento por recuperar el apoyo del PSC al proceso soberanista.
El primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, expuso ayer la posición de su partido. “Nosotros siempre vamos a los lugares a los que nos invitan, y si lo hacen porque hemos anunciado que votaremos a favor de la ley de consultas, evidentemente acudiremos si la vicepresidenta nos convoca”, afirmó.
Al mismo tiempo, explicó que aprovechará la reunión para “recordar que esta ley no puede amparar la consulta con la pregunta que se ha pactado. Una ley de consultas no puede servir para hacer la pregunta propia de un referéndum”, agregó.
Los socialistas catalanes mantienen que, si bien apoyan el llamado “derecho a decidir”, una consulta como la que plantean las fuerzas soberanistas solo podría tener validez si es “legal” y “pactada con el Gobierno”, algo que descartan que pueda ocurrir con vistas al 9 de noviembre. Con todo, Miquel Iceta está intentando recomponer las relaciones de su partido con el resto de formaciones catalanistas. De ahí que haya abandonado el tono duro que utilizaba su antecesor, Pere Navarro, para desmarcarse del soberanismo. Iceta, por ejemplo, dejó claro el pasado fin de semana que no piensa sancionar a los militantes de su partido que participen en actos soberanistas como la manifestación que se prepara para el 11 de septiembre.
Fuentes de Esquerra Republicana de Catalunya celebraron ayer la convocatoria de la reunión por Joana Ortega, porque entienden que da por acabada la crisis que ella misma había abierto al plantear el aplazamiento de la consulta.
Para calmar a Esquerra Republicana, Joana Ortega optó ayer por encuadrar su discurso dentro de las directrices de Artur Mas, según las cuales el único plan es votar. Preguntada en TV-3 por su desmarque del plan de Mas, la vicepresidenta intentó minimizar el conflicto por el posible aplazamiento de la consulta. “Hice una reflexión que reitero y mantengo, y es que, si alguien se piensa que prohibiendo la consulta matará los anhelos de los catalanes, se equivoca”, destacó Ortega. Antes había advertido de que costará encontrar una brecha entre lo que dicen ella y Mas, porque ambos coinciden en que el único plan es votar el 9 de noviembre. Además, recordó que el presidente de la Generalitat ya anunció que, si el Tribunal Constitucional impugna la consulta, consensuará con el resto de las formaciones favorables al referéndum independentista los pasos a seguir. Por esta razón, insistió: “No hay grietas entre Mas y yo”. Por si acaso, evitó volver a la idea del aplazamiento.
El Gobierno catalán disimula todas las señales de división interna exhibiendo la hoja de ruta a seguir hasta la convocatoria de la consulta, que tiene prácticamente cronometrada. El nacionalismo tiene marcado en rojo la semana del 15 de septiembre. Confiando en el éxito de la manifestación de la Diada del día 11, pondrá a prueba la estabilidad de su pacto con ERC en el debate de política general que abre el año parlamentario. Este se solapará con el referéndum de independencia de Escocia, que se celebrará el 18 de septiembre y que la Generalitat ha tomado como espejo de lo que debería ocurrir en Cataluña.
El segundo plato fuerte llegará a finales de esta semana. A la espera de acabarlo de consensuar con el resto de los partidos favorables a la consulta, Mas quiere aprobar la ley catalana de consultas populares el 19 de septiembre como máximo. Ese día, viernes, el Parlamento autonómico votará la ley, pero siempre después de que se haya celebrado la reunión del Consejo de Ministros. Fuentes de la Generalitat explican que los asesores de Mas no quieren correr el riesgo de que el Gobierno impugne el texto ante el Tribunal Constitucional a las pocas horas de haberse aprobado.
Una vez la ley entre en vigor, algo que podría ocurrir el mismo viernes si se publica en una edición especial del Diario Oficial de la Generalitat, el presidente tendrá luz verde para firmar el decreto de convocatoria del referéndum. Las mismas fuentes aseguran que Mas está valorando convocarlo el mismo día para, de nuevo, evitar una impugnación exprés. Una vez esto ocurra, el balón estará en el tejado del Gobierno y del Tribunal Constitucional.
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