Sarkozy y el aforamiento real

Sarkozy no tiene fuero que le ampare. La reciente noticia de su detención es ejemplar. Es el expresidente de la República francesa, es decir, ex jefe del Estado, equivalente a nuestro ex jefe del Estado, nuestro rey abdicado. A Sakozy le han detenido en una comisaría de policía normal durante todo el tiempo normalmente necesario para las indagaciones e interrogatorio. A continuación, cumpliendo los trámites normales, le han puesto a disposición de un juez normal, que ha practicado las actuaciones procesales normales, y ha decidido lo que normalmente procedía. Él ha dicho lo normal allí y aquí, que es víctima de una conspiración político-judicial, “por ser quien es”. Y, sin perjuicio del razonable terremoto mediático, todo sigue su curso normal.

Al ex jefe del Estado español no le podría ocurrir lo mismo. Es absoluta y totalmente inviolable por cualquier actuación oficial o privada realizada por él durante su reinado. Y para hechos posteriores al día de la abdicación ha perdido la inviolabilidad absoluta que, como rey “reinante”, le otorgaba la Constitución. Pero que nadie se inquiete. Hay acuerdo político mayoritario para blindar al rey abdicado frente al riesgo de ser juzgado por jueces normales.

Para ello se ha aforado al exmonarca ante el Tribunal Supremo, aprovechando una ley de modificación de las vacaciones judiciales. El cauce aprovechado no tiene nada que ver con el fuero del rey abdicado, pero era el vehículo más rápido que pasaba en ese momento por el Congreso de los Diputados. Según su propio Presidente, una verdadera chapuza. El fuero, además, tendrá efecto retroactivo, de manera que si algún juzgado normal hubiera osado iniciar alguna actuación penal o civil que afecte al regio aforado por hechos posteriores a la abdicación, deberá suspender el trámite y remitir lo actuado al Tribunal Supremo, que ya sabe lo que tiene que hacer.

La historia de la inviolabilidad absoluta de los reyes europeos está unida a sus ancestros religiosos. La monarquía más antigua, la inglesa, todavía es hoy Gobernadora de la Iglesia Anglicana. En la Constitución de Dinamarca aún se conserva la fórmula de que el rey es “sagrado e inviolable”. También lo eran Fernando VII e Isabel II. Así se estableció en las sucesivas Constituciones españolas hasta la de 1869, fruto de la revolución de 1868. La tradición europea de la inviolabilidad real implica mucho más que un fuero, porque el fuero sólo significa que el aforado debe ser juzgado por un tribunal de mayor rango que el que normalmente correspondería. A los reyes no les puede juzgar ningún tribunal, de ningún rango, en ningún caso.

A diferencia de los reyes, los presidentes de las repúblicas europeas no son plenamente inviolables. Se les puede juzgar, ante los más altos tribunales o ante los Parlamentos, y en ocasiones solo por determinados delitos, o solo tras su mandato. En Alemania, se puede juzgar al Jefe del Estado ante el Tribunal Constitucional Federal, a iniciativa de una cuarta parte del Parlamento. En Italia, por violación de la Constitución, a instancia de la mayoría absoluta del Parlamento. En Portugal ante el Tribunal Supremo, por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, y por otros delitos, al finalizar su mandato y sin fuero alguno. Y Sarkozy, muy a su pesar, es buena muestra de la ausencia de inviolabilidad total en Francia.

En España, el actual Gobierno había proyectado un blindaje procesal a la reina y a los entonces príncipes Felipe y Leticia, dotándoles de fuero ante el Tribunal Supremo. Poco después, la inesperada abdicación desbordó las obsequiosas previsiones de Gallardón. Ahora, mediante la precipitada chapuza legislativa, tendrán que crear más fueros no sólo para la reina consorte, sino también para la reina madre, para el rey padre, y hasta para su nieta la Infanta que, por infantil, no lo necesita.

La dinastía borbónica española, con sus cuatro abdicaciones en tres siglos, y las interrupciones de dos breves Repúblicas y una prolongada dictadura, no es modelo de estabilidad. El blindaje procesal del fuero no serviría para asegurar una vida más apacible ni duradera a la dinastía ni a la institución. Más bien al contrario.

Si se produjera la improbable noticia de que el Tribunal Supremo inicia causa penal contra la reina consorte, la reina madre o el rey padre, se tambalearían los cimientos de la Corona y del sistema. Si el tribunal competente debería ser el normal o el Supremo sería una cuestión de fuero casi irrelevante, ante la magnitud del terremoto, muy probablemente insuperable.

Y por encima de estas previsiones ya no cabe imaginar catástrofes institucionales todavía peores. El Gobierno se encargará de que aquí no tengamos, como en Francia, la ejemplar posibilidad republicana de que el ex jefe del Estado sea un ciudadano normal, que deba responder civil o penalmente ante un juez normal por sus actos privados, no oficiales, hechos mientras era Jefe del Estado, o después. Como Sarkozy.

José María Mena es ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.