Botella quiere restringir el derecho a manifestarse en el centro histórico

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), se ha sumado esta mañana a los esfuerzos del Gobierno regional para limitar el derecho de manifestación en la Puerta del Sol. El presidente autonómico, Ignacio González (PP), trasladó hace dos semanas a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes (PP) su petición para que “valore” los perjuicios que las protestas “legítimas” en la plaza ocasionan a “comerciantes, vecinos y turistas”. “Pedimos que no se concentren todas en el mismo punto, Madrid es muy grande”, aseguró el portavoz regional, Salvador Victoria. Cifuentes le respondió que es “prácticamente imposible” actuar en ese sentido, pues “la Delegación del Gobierno no decide donde se llevan a cabo” las protestas, “eso lo deciden los organizadores”. Para soslayar esa barrera legal, Botella se ha sacado de la chistera esta mañana que la Delegación del Gobierno prohíba manifestaciones en Sol porque es Bien de Interés Cultural (BIC). El portavoz municipal, Enrique Núñez, ha añadido que en la plaza Mayor no se celebran protestas desde hace seis años en virtud de este argumento. Sin embargo, desde 2011 se han celebrado16 protestas en ese lugar.

Lo que ni Botella ni Núñez han añadido es que no sólo Sol o la plaza Mayor gozan de esa protección cultural (que otorga el Gobierno regional). También es Bien de Interés Cultural, por ejemplo, el paseo de la Castellana desde la glorieta de Carlos V (Atocha) hasta la plaza de Cibeles, y la Puerta de Alcalá. Es más: todo el recinto histórico de la villa de Madrid fue declarado BIC en 1993, una zona delimitada por el parque del Retiro; las rondas de Atocha, Valencia y Toledo; el Palacio Real; las calles Alberto Aguilera, Sagasta y Génova; la plaza de Colón y la calle Serrano. El argumento de Botella permitiría a la Delegación del Gobierno prohibir manifestaciones en toda esa área.

Cifuentes ha recordado que el derecho de manifestación “no está sometido a autorización previa”. El artículo 21 de la Constitución estipula: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

En opinión del Gobierno regional, ese derecho constitucional “no puede afectar a los derechos constitucionales del resto de los ciudadanos”. En concreto, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento, y la propia Delegación del Gobierno, han puesto el énfasis en la defensa de los comerciantes de la Puerta del Sol, que se dicen perjudicados por las protestas. A favor de la restricción del derecho a manifestarse en Sol se han pronunciado la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, la Federación de Comerciantes del Centro y la Confederación de Comercio de Madrid, entre otras organizaciones.

En la Puerta del Sol hay un restaurante, una cafetería, un bar de tapas, una heladería, cuatro establecimientos de comida rápida, seis tiendas de ropa o zapatos, cuatro locales de cambio de divisas o venta de recuerdos turísticos, tres de telefonía móvil, dos de apuestas y máquinas tragaperras, tres bancos, una perfumería, una farmacia, un óptica, tres puestos de lotería, cuatro quioscos, un estanco, un tienda de venta de lana, otra de abanicos y El Corte Inglés. En breve, abrirá allí su tienda insignia de Apple. También tiene su sede en Sol, en la Casa de Correos, el propio Gobierno regional, el más molesto por las protestas.

Así, en la plaza hay en total 40 establecimientos comerciales. Son estos los que sufren directamente el impacto de las protestas. Sin embargo, los empresarios elevan el número de afectados considerablemente: un millar de comercios, 150 establecimientos hoteleros y más de 300 restaurantes, según la Federación de Comerciantes de Centro. Por tanto, habría que deducir que la zona en la que los empresarios desean restringir el derecho a manifestación abarca otras calles y plazas del centro histórico (Callao, Arenal, Preciados, Gran Vía, etcétera). Según esta federación, “nadie entra en los establecimientos” cuando hay manifestación, los restaurantes pierden el 20% de sus clientes y los taxistas no encuentran clientes (la asociación mayoritaria del sector, la Gremial, apoya la reivindicación). Sin embargo, no hay ningún estudio independiente que sostenga el impacto real de las protestas sobre la actividad comercial.

También hay polémicas sobre cuántas manifestaciones se producen en la puerta del Sol. El Gobierno regional las cifra en un millar al año, es decir, aproximadamente tres al día. Sin embargo, Cifuentes aseguró que en 2012 hubo 396 manifestaciones, y en 2013 hubo 391. Y no fueron grandes protestas multitudinarias: en 2012, 175 tuvieron menos de 50 participantes (el 44%); en 2013, fueron fueron 143 (el 37%). 

Nadie en el PP ha dado la mínima indicación sobre lo que significa restringir el derecho de manifestación (“modular”, ha dicho hoy Botella); o se prohíben todas las protestas, o sólo algunas, pero en este último caso, con qué criterio. Ni, tampoco ha aclarado nadie dónde sí se podrían celebrar sin restricciones: “La actividad comercial debe estar protegida. Las manifestaciones deben hacerse en lugares donde no perjudiquen la actividad económica de un sector tan importante como es el comercio”, ha señalado hoy la alcaldesa.

¿Dónde sería eso? La Puerta del Sol y sus aledaños son casi peatonales, por lo que las protestas allí no tienen impacto sobre el tráfico. Prácticamente cualquier otro lugar de manifestación obliga sin embargo a cortar calles. Por ejemplo: tanto Botella como González, y la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, acudieron a la manifestación organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo el pasado 27 de octubre. Esa protesta cortocircuitó el tráfico en la Castellana, y el eje de los bulevares desde la calle Génova hasta Goya, afectando pues directamente a la zona comercial de la milla de oro. Es mismo día, una manifestación a favor de la sanidad pública obligaba a cortar el paseo de la Castellana desde Atocha hasta la plaza de Cibeles.

¿Dónde no hay actividad comercial en Madrid? Prácticamente en ninguna parte. ¿Adónde podrían llevarse las manifestaciones para causar el menor daño posible? Legalmente, a ninguna parte. El lugar de protesta lo elige el que protesta. Pero históricamente se ha debatido en Madrid la posibilidad de crear una zona dedicada específicamente para protestas, un manifestódromo. El ministro de Justicia y exalcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, ya dijo a finales de 2012 (la polémica es recurrente desde la llegada al Gobierno central del PP, en noviembre de 2011, por la oleada de recortes sociales) que todo es, en cualquier caso, agua de borrajas: “El Gobierno no va a limitar el derecho constitucional de manifestación. No tiene intención de hacerlo”.