El fiscal cree que Oriol Pujol se lucró con la trama de las ITV a través de su mujer

El ex número dos de Convergència Democràtica de Catalunya, Oriol Pujol Ferrusola, se lucró con la trama de las ITV a través de su mujer, Anna Vidal. Así lo sospecha la Fiscalía Anticorrupción en el informe que remitió al juez del caso ITV. El fiscal Fernando Maldonado pide que el diputado nacionalista —que ya declaró como imputado por tráfico de influencias— lo haga de nuevo por un delito de cohecho. Pujol pidió 30.000 euros a cambio de orientar el voto de CiU en la aprobación de una ley, según la tesis del fiscal, que le acusa de “traicionar el interés público” en beneficio propio.

El presunto soborno se remonta a 2008. El Gobierno catalán —en manos, entonces, del tripartito de izquierdas— aprobó la Ley de Seguridad Industrial, que regula, entre otros, el sector de las ITV. Durante la tramitación parlamentaria, Ricard Puignou —propietario de Certio y uno de los empresarios implicados en la trama— trató de influir en cargos públicos para que la ley se amoldara a sus intereses; entre ellos, Pujol, portavoz parlamentario de CiU.

Puignou tuvo a sueldo a dos personas cercanas a Pujol —Josep Tous, hombre de confianza en la esfera política, y Sergi Alsina, empresario y amigo íntimo— para que influyeran sobre él. Los correos electrónicos y otros documentos intervenidos dan fe de que lo lograron, según el fiscal: CiU presentó enmiendas en perfecta sintonía con las necesidades del empresario.

Pujol selló un “acuerdo delictivo permanente” con dos empresarios

Los correos electrónicos que han permitido abrir un nuevo frente contra Pujol fueron hallados en los domicilios de los detenidos hace casi dos años. No fue hasta el pasado diciembre, sin embargo, cuando la Agencia Tributaria analizó esos documentos, enviados en su mayoría en 2008. Son, por tanto, anteriores a los pinchazos telefónicos que destaparon la presunta trama de corrupción que intentó tumbar la primera adjudicación de estaciones de la ITV para obtener nuevas adjudicaciones de forma ilícita.

Pujol prestó su “peso político” para ayudar a la red y “presionó”, presuntamente, a altos cargos de la Generalitat para colocar en un puesto clave —mediador del sector— a Josep Tous. De ahí el delito de tráfico de influencias.

Las sospechas de que Pujol se benefició económicamente con la trama corrupta han planeado desde el principio del caso. Pero solo el análisis de los nuevos documentos ha permitido acotar esa participación. En su escrito, el fiscal considera que ha quedado acreditada la existencia de “acuerdos delictivos permanentes en el tiempo” entre Puignou, Alsina y Pujol. Uno de los correos clave detalla los resultados de una supuesta reunión entre Puignou y Pujol: “Van a presentar enmiendas a la ley de seguridad industrial, exigiendo que se aplique a los 90 días la nueva cuota de mercado (...) Harán campaña mediática y, aunque no mandan, ¡¡piden 30.000 euros!!”, exclama, escandalizado, Enric Marugán, uno de los socios de Certio.

Esa cantidad coincide con los honorarios solicitados a Puignou por Alsina, amigo íntimo de la familia, a cambio de influir en la tramitación de la ley. “Por el trabajo inicial en primera fase, honorarios fijos de 30.00 euros”, escribe. Un mes más tarde, en mayo, Alsina envía a su pagador un correo con el documento de enmiendas aprobado por CiU. En total, la sociedad de Puignou paga al empresario 80.000 euros en 2008 por los trabajos de lobby. “Ese mismo año”, subraya el fiscal, la mujer de Pujol recibe, “casualmente” —a través de una sociedad a su nombre— 46.400 euros de Alsina “por servicios aparentemente prestados”.

El fiscal concluye que Pujol se valió de su cargo en beneficio propio y que su apoyo se recompensó “a través de los pagos”; primero, de Puignou a Alsina; y después, de éste a Anna Vidal. El ministerio público pidió la imputación de todos ellos por cohecho y la apertura de una pieza separada. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instruye el caso ITV vio indicios de delito y llamó a las partes a una comparecencia para tomar una decisión, pero rechazó la idea de abrir una nueva investigación. Maldonado, sin embargo, ha presentado un recurso y, mientras se resuelve, el juez ha decidido aplazar la vista, que estaba prevista para el lunes.