Oriol Pujol asegura al juez de las ITV que colocó a 46 altos cargos

El ex número dos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol Ferrusola, decidió el nombramiento de un total de 46 altos cargos de los dos Gobiernos que ha presidido Artur Mas. Así consta, al menos, en el escrito de defensa que ha remitido al juez que le investiga por el caso ITV, la presunta trama de corrupción que pretendió tumbar una adjudicación de la inspección técnica de vehículos (ITV) para lograr adjudicaciones a dedo.

Pujol está imputado por un delito de tráfico de influencias al presionar, supuestamente, a un alto cargo de la Generalitat para colocar a su amigo Josep Tous como mediador del Gobierno catalán en el sector de las ITV. Pujol niega que cometiera delito alguno y argumenta que, dada su condición de secretario general del partido nacionalista, no era “extraño ni atípico” que propusiera a candidatos para cargos de confianza del ejecutivo. Aunque no fue nombrado, Tous era el candidato de Pujol, admite en el escrito, para ocupar la secretaría general de Empresa y Ocupación.

En el escrito enviado al juez, Pujol incluye la relación de altos cargos que, como secretario general del partido, propuso al Gobierno. Tras las elecciones de 2010, planteó con éxito 21 nombres para ocupar otros tantos lugares de responsabilidad; en su mayoría se trata de secretarios generales, las personas de confianza de los consejeros de cada departamento. Entre otros, la lista incluye al secretario del Gobierno, Germà Gordó; al secretario general de Presidencia, Francesc Homs; al secretario general de Cultura, Xavier Solà —imputado por malversación de fondos en la Asociación Catalana de Municipios— así como a sus homólogos de Universidades, Territorio o Familia. A esos cargos de confianza hay que añadir la práctica totalidad de los delegados territoriales de la Generalitat.

Ese año, Pujol fracasó en cinco nombramientos: el de Tous, pero también los de los secretarios generales de Salud o Enseñanza. Dos años más tarde, tras los comicios que rebajaron la mayoría de Artur Mas en el Parlament, el imputado logró un éxito aún mayor: situó en sus puestos a otros 25 altos cargos. Entre ellos, de nuevo, el secretario del Gobierno, Jordi Baiget, y el secretario general, Jordi Vilajoana. Solo dos cargos se resistieron a su influencia esa vez: los secretarios generales de Territorio y de Bienestar.

El escrito de defensa esgrime las “especiales circunstancias” que rodean a Pujol, quien aparece como “interlocutor” de imputados y testigos del caso. “Mucha gente llama al señor Pujol y le pide cosas, y él les hace caso o no”. Como diputado y portavoz, añade la defensa, el dirigente nacionalista “intervino activamente en los debates relativos” a la ITV, inmersa en batallas judiciales. Era, de hecho, un “buen conocedor” de la materia. La defensa concluye que hay un “interés” evidente de Pujol en las ITV, pero no en el sentido que lo entienden los investigadores: su interés es “adecuado, forma parte de su rol de responsable político, es lícito y neutral”, abunda el escrito.

Las intervenciones telefónicas del sumario revelan las conversaciones de Pujol con los implicados. Esa circunstancia, sin embargo, no tiene mayor importancia porque el diputado habla con “todos los operadores de la ITV”, que tenían a Pujol como “un interlocutor significadamente cualificado” al que dirigirse para “trasladarle sus inquietudes”. Tales contactos eran “frecuentes” y se producían “con absoluta normalidad y naturalidad”. El comportamiento, insiste la defensa —que ejerce el penalista Javier Melero— “forma parte de una normal actividad política” y “no tiene ninguna relevancia a efectos penales”.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instruye el caso considera a Pujol el “vértice” de la presunta trama corrupta y cree que trató de lucrarse personalmente con futuras adjudicaciones mediante una participación indirecta en una sociedad de nuevo cuño, Upprime Energy.

Un nuevo informe de la unidad de Vigilancia Aduanera, que investiga el caso ITV, abunda en la implicación de Oriol Pujol y concluye que los implicados quisieron crear un “entramado societario” que dificultara conocer la identidad de sus “verdaderos partícipes”, entre ellos el diputado de CDC. A partir de los correos electrónicos incautados, los investigadores concluyen que los imputados crearon la empresa Molkolan como sociedad “interpuesta”. Para crear otra de las empresas que integraban Upprime, añade el informe, se eligió a “un abogado de confianza de Oriol Pujol”, Modest Llopis.