Interior contraataca para desmontar la investigación judicial del ‘caso Raval’

La imputación de ocho mossos por la brutal detención del empresario del Gayxample Juan Andrés Benítez ha supuesto un punto y aparte en el caso Raval. El Departamento de Interior ha decidido suspender de empleo y sueldo a los policías y, al mismo tiempo, ha desplegado una estrategia política, jurídica y mediática con el fin de desactivar la investigación judicial y lograr que los agentes de Ciutat Vella sean exonerados.

La ofensiva se ha centrado, una vez más, en desacreditar la investigación que, por orden de la juez, está realizando el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Un informe de la policía en el que se analiza, fotograma a fotograma, el vídeo de los hechos, concluyó que uno de los agentes propinó cinco puñetazos en el lado izquierdo de la cabeza de Benítez; este, según la autopsia preliminar, murió de forma violenta por los golpes recibidos en la zona “craneo-facial”. Hace una semana, el consejero de Interior, Ramon Espadaler, afirmó que de ningún modo puede llegarse a esa conclusión viendo las imágenes. Y afirmó que no hubo “mala praxis” en el resto de golpes (patadas, rodillazos) que se aprecian en el vídeo.

Espadaler volvió ayer a la carga en la sesión de control del Parlament. Una semana antes de que los mossos declaren como imputados ante la juez —por un delito contra la vida, torturas, coacciones y obstrucción a la justicia— el consejero cuestionó el trabajo de la Policía Judicial. Esta vez, por un error al transcribir una frase de Benítez en una llamada que hizo, la noche de los hechos (5 de octubre) a la Guardia Urbana.

Benítez dijo tras la pelea que estaba “sangrando”, pero el CNP no lo recogió

El empresario llamó a la policía local después de la pelea que mantuvo con El Yazid A., y antes de que las patrullas de los Mossos llegasen, Benítez había agredido, por motivos poco claros, a la esposa de El Yazid A., y este acudió a defenderla. La juez le imputó pero, en el mismo auto en el que señaló a los mossos, decidió exculparle porque actuó “en legítima defensa” y porque, si provocó a Benítez alguna herida, fue de “escasa entidad”. La magistrada Eva Moltó basó su decisión en la declaración de los testigos.

El audio de la llamada figura en la causa, pero ha dado lugar a dos transcripciones distintas. “Estoy sangrando”, recoge la Guardia Urbana. “Se están quedando”, tradujo el CNP. La primera versión es la correcta, según fuentes judiciales. En lo demás, las transcripciones son casi idénticas y describen el relato confuso de Benítez sobre la pelea y sobre un presunto robo.

Esas “incorrecciones e imperfecciones”, dijo el consejero, son “muy importantes” para la investigación judicial: la clave del caso es determinar qué causó los golpes mortales que recibió Benítez —la autopsia no lo ha aclarado aún— y hasta qué punto influyó una dolencia cardiaca que sufría y de la que no se estaba tratando adecuadamente, según fuentes de la defensa de los mossos imputados. Sobre el posible uso de una porra extensible, los forenses han concluído que Benítez “no presenta lesiones características del uso de la defensa aportada”, pero a petición de la acusación particular la juez ha ordenado otro informe para saber si se usó de forma no ortodoxa, a modo de “ariete” contra Benítez.

Que Benítez admita que sangraba no es tan relevante, discrepan fuentes de la acusación particular. Como recoge el auto judicial, la mayoría de los 11 testigos han afirmado que Benítez no presentaba “ninguna herida visible” tras la pelea con El Yazid A., salvo “un pequeño hilo de sangre en una de las aletas de su nariz y un poco de sangre en el dedo”. Solo uno de los testigos, añade la juez, manifestó que el empresario del Gayxample tenía “sangre en la cara, en los brazos, en las manos y en la camiseta”. Las imágenes muestran, además, un charco de sangre donde fue reducido.

Imputados los policías, llega el turno de su defensa. Los dos sargentos han acudido al abogado Jordi Pina, de Molins & Silva. Otros cuatro agentes serán defendidos por el penalista José María Fuster-Fabra, mientras que el letrado de Interior, Josep Lluís Florensa, se hará cargo de los dos restantes. Fuentes de la defensa consideran que la exculpación de El Yazid A. ha sido prematura y diseñan ya su estrategia a la espera de la autopsia definitiva, el historial clínico de Benítez y el informe toxicológico.

Cuatro técnicos del SEM que reanimaron dos veces a Benítez la noche de los hechos declaran mañana ante la juez. Benítez se desvaneció cuando era introducido en el coche patrulla y murió, horas después, en el hospital.