La Junta amplía la investigación a UGT por irregularidades en ayudas públicas

El Gobierno andaluz ha decidido ampliar la investigación sobre el destino que el sindicato UGT ha dado a algunas partidas de fondos públicos que presuntamente han acabado financiando gastos de esta central que no tenían que ver con el objetivo para el que fueron transferidos. Tras las primeras denuncias aparecidas en medios de comunicación, la Junta inició un “procedimiento de información reservada” que ha supuesto que el sindicato haya tenido que devolver unos 25.000 euros a la Administración autonómica.

Pero el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha anunciado hoy que la Junta ha decidido abrir ahora un “procedimiento de revisión de oficio” de algunos fondos recibidos por UGT, lo que supone poder investigar durante más tiempo. Jiménez Barrios ha asegurado que el Gobierno regional ha tomado esta decisión al considerar insuficiente la documentación remitida por la central a los funcionarios encargados de la investigación.

José Ginel, secretario de Comunicación de UGT Andalucía, ha sostenido que no tiene constancia de la apertura de esa “revisión de oficio” y que la Administración regional no ha comunicado hasta ahora que faltara información. Según Ginel, hasta este momento solo se han reintegrado los cerca de 25.000 euros mencionados. Esta cantidad se refiere a dos facturas. Una —de 12.716,23 euros— se corresponde con una comida durante la Feria de Abril de Sevilla en 2010. Ese dinero llegó a UGT como subvención para gastos en procesos de negociación colectiva. La otra factura —de 11.499,10 euros— se refiere a la adecuación de un pabellón de Sevilla para la celebración de una reunión sindical en enero de 2011. Esos fondos empleados correspondían a la defensa legal de trabajadoras discriminadas laboralmente por razón de sexo.

El proceso de “revisión de oficio” tiene un plazo de tres meses. En ese tiempo se investigarán las facturas y partidas que han aparecido como presuntamente irregulares en los medios de comunicación. “El universo de facturas que se analizan es el mismo”, apuntaron ayer fuentes de la Junta. Pero se amplía el plazo para investigar. “Si no se justifican bien se reintegrará el dinero”, han añadido las mismas fuentes.

Este procedimiento de revisión es el mismo que el que la Junta abrió con los intrusos del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo, a los que el Gobierno andaluz ha exigido en la mayoría de casos también el reintegro de las cantidades que estos particulares cobraron fraudulentamente al estar en algún ERE de forma indebida.

En el caso de UGT, cuando dentro de tres meses concluya la “revisión de oficio”, los servicios jurídicos de la Junta deberán emitir un informe, que será remitido al Consejo Consultivo de Andalucía. Fuentes del Gobierno de la socialista Susana Díaz han apuntado que ese órgano es el que debe validar la devolución de los fondos que UGT haya utilizado para fines diferentes de los previstos. Al igual que el caso de los ERE, el destino de los fondos que ha recibido UGT también está siendo investigado por la justicia. En concreto, por el mismo Juzgado de Instrucción 6, el de la magistrada Mercedes Alaya.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, ha exigido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que deje a su partido personarse en “el expediente o investigación interna que supuestamente está haciendo” sobre los fondos públicos concedidos al sindicato. El popular, en unas declaraciones recogidas por Europa Press, ha criticado que hasta ahora “nada” se sepa del expediente que anunció la presidenta de la Junta sobre los “millones de millones de dinero público” que se han otorgado a los sindicatos CC OO y UGT en la comunidad durante años.

Rojas ha insistido en que la presidenta debería dejar personarse al PP en esta investigación para conocer de primera mano qué ha pasado con los fondos públicos. El popular ha vuelto a pedir también la comparecencia de los máximos responsables de CC OO y UGT en el Parlamento para que aclaren su gestión en los últimos años. En su opinión, PSOE e IU deben apoyar sus demandas o se convertirán en “cómplices de este escándalo”.