El fiscal del ‘caso Palau’ pide cárcel para el extesorero de Convergència

El fiscal del caso Palau ha pedido siete años y medio de cárcel para el ex tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Daniel Osácar, por haber recibido parte del dinero que Ferrovial dio al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública. En su escrito, el fiscal le acusa de tráfico de influencias y blanqueo y exige que pague una multa de 20 millones. Anticorrupción también pide un año y medio de prisión (y otros 10 millones de multa) para quien fue un “destacado militante y parlamentario” de la formación, Jaume Camps, por tráfico de influencias.

Concluida la investigación sobre el expolio del Palau de la Música, el fiscal Emilio Sánchez Ulled dirige la acusación contra 17 personas. Para quienes fueron máximos responsables de la institución musical catalana —Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull— solicita 27 años y medio de cárcel por malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo, falsificación y fraude fiscal. La hija de Montull, Gemma, afronta una petición de 26.

El fiscal concluye que Convergència recibió 6,6 millones en comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de adjudicarle obras de gran envergadura (la Ciudad de la Justicia, la línea 9 del metro) durante el último Gobierno de Jordi Pujol. La fiscalía pide el decomiso de esa cantidad. La constructora camufló las comisiones —el 4% del importe de la obra adjudicada— como donaciones al Palau. Mientras, Millet y Montull se llevaban su parte como intermediarios.

El “acuerdo criminal” entre CDC y Ferrovial duró de 1999 a 2009. En su gestación participaron el extesorero Carles Torrent (fallecido en 2005) y Camps, que ahora es alto cargo en dos empresas del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por CiU. El exdiputado “aunaba los elementos” para ejercer de “enlace” de la trama, ya que no solo tenía un papel destacado en CDC sino que “prestaba servicios profesionales” a Ferrovial. El sistema fue “continuado y perfeccionado” por Osácar.

La investigación del caso Palau no ha podido llegar más arriba para aclarar la “trama delictiva” ligada a la “financiación ilegal” de CDC. Pero el fiscal está convencido de que los acusados “debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido político”. Esos “altos responsables” ejercieron su “ascendente” sobre ciertos cargos públicos, que debían “asegurar el flujo de adjudicaciones” a Ferrovial. El apoyo económico al partido fue el “peaje” que la constructora tuvo que pagar “para participar con éxito en el mercado de la obra pública en Cataluña”. Para los dos directivos de la compañía acusados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, el fiscal pide cuatro años y medio de prisión por tráfico de influencias.

Los investigadores admiten que no hay irregularidades en los concursos públicos, pero defienden que eso no cambia nada. E insisten en que los fondos ilícitos llegaron a CDC por tres vías: 3,7 millones a través de dinero en efectivo entregado a los extesoreros; el resto, mediante facturas falsas de empresas y convenios de colaboración “aparentes” con la Fundación Trias Fargas, rebautizada como CatDem tras el escándalo, que estalló en 2009.

¿Cómo lograron Millet y Montull perpetrar un expolio tan profundo (24 millones de euros), durante tanto tiempo y sin que nadie les frenara? A juicio del fiscal, los hechos no pueden entenderse sin atender a “elementos sociológicos o, si se quiere, psicológicos”. En concreto, Sánchez Ulled denuncia la existencia de un “círculo sociopolítico ensimismado”, en el que “intereses compartidos de todo tipo convergieron en una conveniente ceguera frente a cualquier asomo de irregularidad”. El daño hecho a la institución musical catalana por excelencia “va más allá”, sigue el escrito, de los fondos públicos y privados de los que Millet se apropió. De ahí, razona, la “cólera ciudadana” que suscitó el caso.

El fiscal se permite incluso una aproximación a las figuras de Millet y Montull. Estos y “sus compinches”, relata, “explotaron hábilmente” el prestigio acumulado a lo largo de la historia por el Orfeó —la institución centenaria del coro— para “enmascarar sus ilícitos manejos, incluso los más turbios”. Sánchez Ulled atribuye al expresidente del Palau una “notable destreza” para imprimir a su conducta “un engañoso marchamo de respetabilidad” con el que logró eludir “cualquier tipo de control efectivo sobre su gestión”.

El escrito de acusación, de unas 150 páginas, se dirige contra 17 personas

En esa sensación de impunidad de la que gozó durante años influyó su “activo papel en el fasto social”, así como su “proximidad a los círculos de poder vinculados a CDC”. Millet contaba con un “tejido de relaciones” en el que se le recibía como a “uno de los suyos”.

Pese a la compleja estructura jurídica del Palau —con organismos privados y públicos, división de funciones y de fondos—, Millet mantenía, de hecho, un poder omnímodo sobre todas esas instituciones. Ese poder les permitió a él y a Montull —a quien el fiscal llama “edecán”— una “absoluta libertad de movimientos” y la capacidad de “disimular” sus trapicheos. Millet, insiste, dominaba la institución de forma “jerárquica y carismática”.

Los investigadores admiten que no hay irregularidades en los concursos de adjudicación de las obras bajo sospecha, pero defienden que ese hecho no impide que existiera el “acuerdo criminal” entre CDC y Ferrovial

Millet también fue clave en la trama de las comisiones ilegales de Ferrovial, ya que “facilitó el contacto” entre Ferrovial y CDC, “medió en el cálculo” de las comisiones —el 2,5% iba para el partido y el 1,5 restante, para él mismo y para Montull— y prestó la estructura jurídica y financiera del Palau para que el acuerdo criminal saliera adelante.

El desvío de fondos contó igualmente con la “complicidad” de la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano, para la que solicita ocho años y medio de prisión. Millet, Montull y Garicano deben devolver al Palau 18 millones correspondientes a “retiradas ilícitas en efectivo”. La mitad de ese dinero (cobrado en bancos en cheques al portador) “ha desaparecido sin dejar rastro alguno”. El fiscal reprocha a los bancos que, “de forma sorprendente”, no hayan conservado la documentación sobre esas retiradas de efectivo.