La declaración del exinterventor general marcará el futuro procesal de Griñán

Hoy es el día más decisivo de su carrera profesional. El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez declara como imputado ante la juez Mercedes Alaya para aclarar su papel en la vigilancia del fondo de los ERE y cómo este perduró una década pese a las alertas que emitió. La expectación ante su comparecencia se ha multiplicado tras la renuncia del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al que se ha enfrentado varias veces el último año. De las respuestas de Gómez depende su futuro procesal y, probablemente, el de Griñán.

El presidente fue su superior como consejero de Hacienda (de 2004 a 2009) y autorizó las modificaciones presupuestarias que permitieron ampliar la cuantía del fondo esos años. Gómez firmó 15 informes que alertaban del uso inadecuado del fondo que cayeron en saco roto. Griñán asegura que esos informes nunca llegaron a su despacho porque no alertaban del menoscabo de fondos públicos. Su actual consejera de Hacienda y entonces exviceconsejera Carmen Martínez Aguayo asumió que ella los recibió pero nunca los leyó ni los elevó a Griñán. Gómez ha subido el tono de sus críticas al Gobierno andaluz desde su primera declaración ante la Guardia Civil hace casi dos años. A continuación, de forma cronológica, lo que ha dicho o escrito Gómez sobre el fondo de los ERE:

Los primeros informes. La Intervención, a las órdenes de Gómez, emitió 15 informes desde 2003 hasta 2009 que destacaban la opacidad del mecanismo utilizado para pagar los ERE. Los informes subrayaron el uso inadecuado de las transferencias de financiación en vez de las subvenciones excepcionales (con un control más estricto). Pero nadie cambió el procedimiento. El diseño del fondo hizo que se fiscalizara la agencia pública Idea [pagadora del fondo] mientras que los expedientes permanecían en la Consejería de Empleo, fuera del alcance del interventor. El informe de cumplimiento de 2003 subrayó: “Se prescinde de forma absoluta del procedimiento administrativo establecido (...) La elección por el gestor de una figura u otra no se reduce, como es evidente, a una mera cuestión de forma. Es de fondo”.

Ese ejercicio la partida de los ERE presentó un desfase de 38 millones “sin cobertura presupuestaria”. El interventor analizó una muestra de ayudas y denunció la falta de solicitudes por parte de los empresarios, la omisión de fiscalización previa y la nula publicidad de las subvenciones. Tras las alegaciones presentadas por Empleo, la contundencia de los informes fue menguando según pasaban los años.

Guardia Civil: En su primera declaración como testigo en octubre de 2011, Gómez insistió en que no debió emitir informe de actuación, el que alerta del menoscabo de fondos, porque las deficiencias correspondían a Empleo e Idea era el organismo auditado. Sin embargo, meses después la Guardia Civil censuró a la Intervención por ignorar su deber ante “las deficiencias observadas” y estimó que no se “adoptaron de manera reiterada las medidas necesarias” para solventarlas.

Cámara de Cuentas: En junio del año pasado, antes de que el órgano fiscalizador acabara su informe definitivo, el exinterventor envió un escrito para salvar su responsabilidad y lo logró. Ante la indigación de Gómez, que acusó a los auditores de la Cámara de ignorar año tras año “las notorias debilidades” del procedimiento, los auditores rectificaron. El exinterventor censuró que la Cámara no pusiera reparos al fondo en su análisis anual de las cuentas de la Junta. “Resulta estruendoso este silencio tan prolongado”, criticó.

Comisión de investigación: En la comisión de investigación del Parlamento andaluz del pasado verano, que terminó en fiasco, tanto Griñán como varios exconsejeros afirmaron que la Intervención podía haber frenado el fondo si hubiera hecho el informe que alertaba del menoscabo de fondos. Y Gómez saltó contra ellos: “Si su vecino le advierte a voces por la ventana de que hay llamas en el extractor, ¿usted llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino le confirmara la noticia por carta?”, interrogó. “Nosotros lo advertirmos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó”, añadió. Pese a sus críticas, Gómez se alineó con la tesis de la Junta y defendió la legalidad del sistema ya que las transferencias de financiación tienen rango de ley.

Carta explosiva al Parlamento: Posteriormente, tras verse señalado en la comisión de investigación, Gómez dirigió una durísima carta al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, en la que acusaba a Griñán “de cebar sin descanso la corrupta partida”. Para responder a las críticas de los políticos que le censuraron no haber emitido el informe de actuación, la respuesta de Gómez fue contundente: “Fui agredido por una caterva de políticos cobardes y sin honor (...) que podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo”.

Masiva imputación: La declaración de Gómez es consecuencia de la imputación decretada por Alaya de 20 altos cargos y funcionarios de la Junta, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez. El exinterventor abre fuego hoy en unos interrogatorios que se prolongarán hasta el próximo otoño. De sus palabras estarán muy pendientes todos los protagonistas, incluidos sus antiguos superiores Griñán y Martínez Aguayo.