Un juzgado anula el proyecto de Rasquera para cultivar cannabis

La justicia ha tumbado el plan del Ayuntamiento de Rasquera (Ribera d’Ebre) para cultivar cannabis a gran escala en el municipio. El juzgado de lo contencioso-administrativo 2 de Tarragona ha anulado los acuerdos aprobados por el pleno, que preveían permitir a una asociación de consumidores de marihuana cultivar esta planta en terrenos del municipio para combatir así la crisis financiera que vive el Consistorio. La sentencia argumenta que el plan “carece de un verdadero interés público” y, por tanto, el consistorio no tiene competencias para impulsarlo.

La juez da la razón a la Abogacía del Estado, que en marzo de 2012 interpuso un recurso para pedir que se anulasen dos acuerdos aprobados un mes antes por el pleno de Rasquera, que preside el alcalde Bernat Pellisa (ERC). Uno de esos acuerdos consistía en crear una entidad pública empresarial para la promoción económica del municipio. El consistorio justifica la entidad como un “plan anticrisis” que se convertiría en “la principal fuente de ingresos”.

La sentencia reconoce el derecho de los ayuntamientos a desarrollar actividades económicas, pero concluye que en el caso de Rasquera el interés público no está justificado. El acuerdo también debe anularse, según la juez, porque el ayuntamiento carece de permiso para desarrollar una actividad “que puede suponer un contacto material con sustancias calificadas legalmente como estupefacientes”.

El segundo acuerdo anulado es un contrato por el que el Ayuntamiento cedía unos terrenos para cultivar cannabis a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) a cambio de dinero: 36.000 euros en una primera entrega y otros 1,3 millones a pagar, por cuotas, en un plazo de dos años. El club de fumadores pretendía disponer de unos terrenos para abastecer así a sus 5.000 socios.

En su respuesta a la demanda del Estado, el Ayuntamiento alega que la asociación escogió el pueblo por “sus condiciones geográficas, topográficas climáticas y logísticas” y por la “especialización” de sus habitantes en el ámbito agrícola. Aparte del efectivo, el plan permitiría a Rasquera, según sus responsables, “dinamizar empresarial, social y comercialmente” el municipio, así como convertirlo en “un pueblo abierto al turismo”.

La sentencia reprocha a Rasquera que no haya aportado ningún expediente de contratación y que se preste a ceder bienes “de terceros, situándose en una posición de intermediario”. El consistorio, sigue la resolución, tampoco ha justificado “qué coste tiene la obtención de los terrenos que no son propios”. En cualquier caso, concluye, el contrato carece de interés público y también es nulo. El juzgado, de hecho, ya había suspendido cautelarmente el plan de Rasquera a petición de la Abogacía del Estado.

El Ayuntamiento de Rasquera anunció ayer que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. “Teníamos la esperanza de que, después de tanto tiempo esperando la sentencia, los argumentos tendrían más calidad”, lamentó Pellisa, que en dos semanas formalizará su renuncia al cargo en un pleno extraordinario. El abogado del consistorio, Martí Cànaves, tildó la sentencia de “arbitraria e inmotivada”, defendió el interés público del proyecto y recordó que el plan fue apoyado por una consulta popular.