El TSJ investiga al consejero de Hacienda por revelación de secretos

La suerte del consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, parece cada día más marcada. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano admitió este jueves a trámite la denuncia del fiscal contra él y el interventor general de la Generalitat, Salvador Hernándiz. El motivo: haber filtrado supuestamente un informe confidencial (iba dirigido al tribunal) a Rafael Blasco, histórico dirigente del PP valenciano imputado en el caso Cooperación por haber participado presuntamente en el desvío de fondos públicos de ayuda al desarrollo de países pobres. La denuncia se ha presentado por los supuestos delitos de revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y encubrimiento.

El juez encargado de la investigación será José Flors, el mismo que sentó al expresidente valenciano Francisco Camps en el banquillo, lo que le llevó a dimitir.

El documento supuestamente filtrado consistía en un informe solicitado por la juez a la Intervención de la Generalitat sobre la adecuación a la normativa de las subvenciones de la consejería que entonces dirigía Blasco y que fueron presuntamente defraudadas. La entrega del informe se produjo aparentemente en plena sesión de las Cortes Valencianas, el 21 de noviembre. Vela se giró y le hizo llegar al diputado Blasco unos papeles. Este los leyó en su escaño y en las fotografías, publicadas primero por Levante-EMV, pudo apreciarse que se trataba del informe confidencial.

Las imágenes y la grabación del circuito interno de televisión de las Cortes resultan tan evidentes que las fuentes jurídicas consultadas opinaron que la imputación del consejero será inevitable y probablemente muy rápida. Fuentes de la Generalitat adelantaron que, de ser así, Vela, consejero de Hacienda de una comunidad intervenida por el Gobierno en la que casi a diario se producen movilizaciones por los impagos de la Generalitat, se verá obligado a dimitir.

“Resulta extraordinariamente alarmante que sea el imputado el que lea un documento solicitado por la autoridad judicial a la Intervención General de la Generalitat Valenciana antes de que el órgano judicial peticionario pueda tenerlo en su poder”, señaló el fiscal en su denuncia. “Y lo que es más, que esta lectura se haga en la sede parlamentaria de las Cortes Valencianas de la que es diputado el imputado”, agregó el ministerio público, antes de recordar que la Generalitat es una de las acusaciones del caso Cooperación.

El fiscal destaca igualmente que Vela no podía tener acceso al documento porque el juzgado de instrucción que lo requirió —antes de que el caso pasara al TSJ por la condición de diputado, y por tanto de aforado, de Blasco— lo hizo directamente a la Intervención General. Y porque esta, que depende orgánicamente del departamento que dirige Vela, “actúa con plena independencia funcional”.

El ministerio público señala, asimismo, que el informe no pudo salir del sistema judicial, “habida cuenta que el mismo día en que el imputado está leyendo el informe, estaba sellándose la entrada (del mismo) en el juzgado” donde se inició la investigación.

La primera diligencia pedida por la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana consiste en solicitar el “control, visionado y audición” de las grabaciones del circuito interno de Las Cortes, y de los reportajes fotográficos de los hechos publicados por varios diarios. Más allá del coste político que tenga el caso, los tres delitos por los que han sido denunciados Vela y el interventor prevén penas que, sumadas, podrían llegar como máximo a los 10 años de prisión. En la parte baja, las tres conductas están castigadas con la inhabilitación para cargo o empleo público. Y Vela es catedrático de universidad.