EH Bildu plantea paralizar los desahucios y devolver las viviendas intervenidas

EH Bildu ha presentado su primera iniciativa en el Parlamento vasco en la que exigen la paralización de las subastas y ejecuciones de viviendas habituales, y plantea la devolución de las viviendas a las personas que ya han sido desahuciadas, sustituyendo el pago de la hipoteca por un alquiler social que no deberá superar el 15 % de los ingresos familiares.

Los parlamentarios de la coalición Marian Beitialarrangoitia y Dani Maeztu han presentado en rueda de prensa celebrada en la Cámara vasca, la primera proposición no de ley de EH Bildu que tiene como objetivo "acabar con los desahucios", hasta que no se den "los pasos normativos necesarios" en materia de vivienda.

En este sentido, han subrayado la necesidad de contar con una Ley de Vivienda "que lleve a la práctica y garantice el derecho a disfrutar de una vivienda digna de todos los ciudadanos" y han subrayado la "responsabilidad" de las instituciones de "llevar a la práctica" este derecho básico. "Las entidades financieras, con la connivencia de PNV, PP y PSE, han convertido la vivienda en un bien de especulación", han criticado.

La iniciativa, que consta de cuatro puntos, insta al Congreso de los Diputados a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil incluyendo una disposición transitoria en la que se establezca la suspensión de todas las subastas y ejecuciones de viviendas habituales "en tanto las entidades financieras continúen con carácter general recibiendo dinero de fondos públicos".

En su iniciativa plantea la fórmula del alquiler social para los afectados

En los tres puntos restantes, plantea que el Parlamento vasco inste al Ejecutivo autonómico a paralizar "inmediatamente" los desahucios en las viviendas de alquiler que dependan de la Administración y utilice el derecho de tanteo y retracto en las viviendas públicas en régimen de propiedad, cuando un tercero --"que en la mayoría de los casos son las entidades financieras"-- ponga en marcha el procedimiento de ejecución hipotecaria.

En este sentido, Maeztu ha denunciado que los datos de 2011 revelan que en todos los procesos de ejecución hipotecaria en viviendas de protección oficial (VPO), un total de 26 casos, el Gobierno vasco no había ejercicio el derecho de tanteo y retracto en ninguno de ellos. "Viviendas que se han hecho con el dinero de todos los ciudadanos han acabado en manos de la entidades financieras y con sus inquilinos desahuciados", ha denunciado.

La propuesta también insta al Gobierno vasco a suscribir un convenio con los bancos y cajas con ámbito de actuación en el País vasco, "preferentemente con Kutxabank, que tiene naturaleza pública", para suspender inmediatamente los desahucios. "Las entidades públicas y financieras tiene mucha responsabilidad en esta situación", ha subrayado antes de recordar que "el Gobierno vasco gestiona cada año mil millones de euros del presupuestos público que procede de los impuestos de la ciudadanía, gestión que realiza a través de las entidades financieras, ya que deposita el dinero en ellas que lo utilizan para hacer negocio".

En el acuerdo plantean la "revisión" de los desahucios ejecutados hasta ahora, "devolviendo en consecuencia la vivienda" a los inquilinos. "Queremos que ninguna persona se vea privada de su vivienda habitual y creemos que hay que revertir la situación que se han dado de viviendas habituales", ha defendido.

En este sentido, se solicita a las entidades que se comprometan a dejar en manos de la Administración pública aquellas viviendas habituales que no puedan ser pagadas por sus inquilinos, antes de llevar a cabo la ejecución de la hipoteca. EH Bildu propone que la Administración se comprometa a gestionar, a través del alquiler social, estas viviendas para que los afectados no tengan que abandonarlas. Los inquilinos deberán pagar un alquiler proporcional al poder adquisitivo de la vivienda, que no superaría el 15 % de los ingresos de la unidad convivencial. Al superar la situación económica, la familia dejaría de pagar ese alquiler y volver a pagar la hipoteca.

Asimismo, solicita al Gobierno vasco que cese "cualquier relación con las entidades financieras que se nieguen a firmar el acuerdo", al considerar "vergonzoso e inaceptable" que en la situación de crisis actual, "teniendo en cuenta la responsabilidad que han tenido la entidades en la actual crisis, no se les pidan unos requisitos mínimos".