Suspendido un desahucio en Valencia por un préstamo con 70.000 euros de interés

“El caso está claro: aquí la culpa la tienen el banco y los buitres, que le han fastidiado la vida”, explicaba este jueves un hombre mientras daba caladas a un cigarro que amenazaba con quemarle la yema de los dedos. Lo hacía esperando en la puerta del portal de Gisela, una mujer de 36 años que vive con su hija de 13 en una casa del barrio de La Torre, en Valencia. En la acera de enfrente, decenas de vecinos y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), conseguían suspender temporalmente el desahucio de su piso.

La dueña, Gisela Bajo Quintana, reside en este barrio periférico desde hace 13 años. Cuando llegó junto a su expareja el piso costaba 18.000 euros. El BBVA, según cuenta su madre, María Mercedes, le dio un crédito de 30.000 euros (“cinco millones de pesetas”). Más tarde recurrió, junto a sus dos hermanos, a un prestamista para que gestionara la venta de un inmueble heredado en la Avenida del Cid. Este agente se hizo cargo de la venta del piso y de la deuda del banco. Al no poder venderlo, se apropió de la casa y pidió el desahucio de esta, que tenía como aval. La cantidad de dinero requerida, además, ha pasado de 30.000 euros a 105.000 debido a los intereses.

“No puedo más”, comenta Gisela desconsolada en el salón de su casa invocando a su “mala fortuna”. Encima de ella, arropada por su hija y varias conocidas, un reloj marca de forma perpetua las 9.45. Hora aproximada a la que, según le avisaron hace dos meses, vendrían a sacarla de este apartamento de 70 metros cuadrados. “Ya han venido tres veces”, balbucea entre lágrimas, “pero como oían al perro no pasaron. Yo, mientras, me escondía en el cuarto, acojonada”. Gisela está en paro y no recibe ningún subsidio, apunta su madre, aunque de vez en cuando limpia casas. “Y recurre a Cáritas para conseguir comida”, añade.

Desde primera hora de la mañana, los concentrados mostraron su respaldo a la mujer y su hija mientras protestaban contra el desalojo. “Yo voy a venir siempre que pueda. Aunque mañana me toca ser activista y afectado porque van a por mi hermano”, señalaba Miguel, uno de ellos, a la vez que consultaba su móvil en busca de noticias desde el juzgado. “Ha pasado una secretaria en taxi pero se ha marchado”, relataba otro de los congregados. “Y la policía ha mirado varias veces desde la avenida, pero no se ha acercado. Seguimos pendientes”.

El anuncio llegó hacia las 12.30. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) avisó de forma extrajudicial que el desahucio estaba suspendido temporalmente porque el procurador había presentado un informe. “Ahora queda estudiarlo y concretar si se lleva a cabo y cuándo”, indicaron. La propietaria, agregaron, cuenta con varias denuncias y el desahucio ha sido aplazado en dos ocasiones. Sigue pendiente, por tanto, la orden de embargo.

“Ella avaló esta casa con la de la herencia”, explica la madre, “pero el que se encargó del préstamo no le dijo que si no la vendía le iba a quitar todo”, sostiene sin detallar nombres ni fechas ni de la inmobiliaria ni del gestor. Desde el TSJ cuentan que el desalojo proviene de la pérdida del piso y el impago de varias mensualidades en régimen de alquiler. En total, un año y medio.

Antes de las dos de la tarde, un miembro de la PAH se acercó al TSJ junto a la afectada y, según expresó, le aseguraron que recibirá una citación con la próxima visita. A lo mejor coincide, otra vez, con la hora clavada en su reloj sin pilas.