Un juez investiga a la cúpula de Sant Pau por estafa y malversación

El juzgado de instrucción número 22 de Barcelona investigará a la cúpula del hospital de Sant Pau por estafa, malversación de fondos públicos y delitos societarios tras encontrar indicios de delito en una denuncia presentada por Carme Pérez, radióloga que lleva trabajando en el hospital desde 1979. La médico ha redactado un extenso texto —38 páginas y 29 adjuntos documentales, posteriormente ampliados— en los que atribuye a los gestores del hospital un cúmulo de irregularidades en contratos públicos, el pago de sobresueldos a directivos e indemnizaciones injustificadas, entre otras.

La denuncia está presentada formalmente contra Albert Folia, presidente del patronato de una de las tres fundaciones del complejo hospitalario, aunque los hechos son atribuibles al menos a una docena de gestores y patronos del centro. Folia preside la fundación dedicada a gestionar el patrimonio de Sant Pau, que está formada por representantes de la Iglesia, el Ayuntamiento y la Generalitat.

Carme Pérez declaró ayer ante el juez Juan Emilio Vilá Mayo para ratificar y aclarar los hechos denunciados, y recibió el apoyo de las asociaciones profesionales de médicos y enfermeras de Sant Pau, que se han personado en la causa. En próximas fechas podrían hacer lo mismo los sindicatos Metges de Catalunya y Sant Pau Assistencial. “En Sant Pau han ocurrido hechos muy graves y esperamos que el juez los investigue a fondo y depure todas las responsabilidades”, explicó Carme Pérez. La facultativa también hizo un llamamiento al consejero de Salud, Boi Ruiz, para que “limpie la sanidad pública de los políticos y gestores incompetentes y corruptos”. “La sanidad pública está bajo una enorme presión con los recortes. Salud y el sistema se juegan la credibilidad ante los trabajadores y los ciudadanos”, añadió.

Sant Pau fichó a

Los hechos denunciados incluyen irregularidades en la adjudicación de contratos en un hospital financiado enteramente con fondos públicos, el pago de sueldos y sobresueldos fuera de la normativa y favores políticos en forma de trabajo o consultoría.

Uno de los casos denunciados es el de José Ignacio Cuervo, del PSC y delegado de la Generalitat en Madrid entre 2007 y enero de 2011. Dos meses después de ser relevado, Cuervo firmó un contrato laboral con la fundación que gestiona el hospital para prestar apoyo en el centro de investigación de Sant Pau. Cuando los sindicatos cuestionaron esta contratación, Sant Pau cambió la fórmula: utilizó la fundación que gestiona el patrimonio de la institución para suscribir un contrato de asesoría con el mismo fin. El acuerdo, firmado el pasado 15 de junio, suponía una carga de trabajo en horas equivalente a media jornada —Cuervo había vuelto poco antes a su plaza de médico inspector en el hospital de Bellvitge— que le reportaba unos ingresos de 4.160 euros al mes (49.900 al año). La normativa interna de Sant Pau permite adjudicar este tipo de contratos a dedo —sin publicidad ni libre concurrencia— cuando sean por un importe inferior a 50.000 euros anuales. El hospital asegura que el contrato cesó el pasado mes de febrero.

Cuervo admite ahora “que fue un error firmar ese contrato”. “Yo había participado en el proyecto de investigación y pensé que era interesante mi aportación para Sant Pau, y también lo era para mí”, explica. “Pero no valoré bien las circunstancias, con los recortes, y que este acuerdo podía malinterpretarse. Lo que sí puedo decir es que hice el trabajo”.

Cuervo recibía

El acuerdo de Cuervo, firmado cuando el gerente era Jordi Varela, ilustra una manera de hacer las cosas que, según la denuncia, ha imperado en Sant Pau durante años. Sin demasiado respeto por la normativa, las tres fundaciones de la entidad —la que gestiona la asistencia sanitaria, la patrimonial y la de investigación— intercambian pagos, gastos y trabajadores, lo que a menudo entra en conflicto con la misión de los patronos, que tienen prohibido por la ley cobrar de las entidades que controlan.

EL PAÍS avanzó el pasado martes que el exdirectivo Ricard Gutiérrez Martí siguió recibiendo durante siete años entre 80.000 y 110.000 euros tras dejar su cargo en el centro y que en 2011 recibió una indemnización de 158.000 euros al ser despedido. Otro caso es el de Joan Ros Petit, patrono en las fundaciones de Sant Pau, cuyo despacho profesional —con el que seguía vinculado hasta hace 18 meses— ha cobrado durante años del centro sanitario. Actualmente, el despacho Ros Petit percibe trimestralmente 4.994 euros (sin IVA) por el vago concepto de “honorarios”.