Rechazada por sorpresa la ley francesa antipiratería que preveía cortes en Internet

El Parlamento francés ha rechazado contra todo pronóstico un proyecto de ley del Gobierno conservador de Nicolas Sarkozy para defender los derechos de autor, según informan los diarios galos. La norma iba a permitir la suspensión de hasta un año de la conexión a Internet de usuarios reincidentes en la descarga ilegal de contenidos audiovisuales.

La mayoría de los diputados de la Asamblea, a mano alzada, han rechazo el proyecto, que previamente había sido aprobado (y endurecido) por el Senado. La ausencia de numerosos representantes y el hecho de que dos diputados de la mayoritaria UMP (el partido de Sarkozy) hayan votado en contra junto a la izquierda, ha inclinado la balanza: 15 votos a favor, frente a 21 en contra. El resultado ha sido recibido por los diputados de la izquierda puestos en pie entre aplausos.

Los dos diputados que han roto la disciplina de partido lo han hecho, previsiblemente, por el endurecimiento que el Senado introdujo en la norma, con la figura del doble castigo: los internautas reincidentes en la descarga ilegal no solo verían cortado su acceso a Internet por un plazo de hasta un año, sino que también deberían seguir abonando la cuota de conexión todo ese tiempo.

El Ejecutivo podrá pedir que se vuelva a votar la ley en "algunas semanas", explicó a la emisora France Info el secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento, Roger Karoutchi. Cuando es rechazado un texto legal que proviene de una comisión mixta paritaria (como es el caso), el Gobierno puede decidir que se realice una nueva votación, aunque el texto debe entonces volver a pasar por las dos cámaras (Senado y Asamblea).

Cómo funciona la norma

Si la ley acaba entrando en vigor tal y como está redactada ahora, los internautas que realicen descargas ilegales de manera continuada recibirán un correo electrónico de aviso de la Alta Autoridad Para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet (Hadopi, en sus siglas en francés), un organismo creado específicamente para aplicar la ley.

Si el usuario continuase con las descargas ilegales, a los seis meses recibirá una carta certificada como segundo aviso. Según el diario Le Parisien, la norma cuenta con un presupuesto capaz de enviar 3.000 cartas certificadas y 10.000 mensajes electrónicos al día y podrá sancionar, también al día, a 1.000 internautas.

La izquierda, que considera la norma ilegal, tenía previsto enviar el texto de la ley al Consejo Constitucional. Los socialistas galos creen que solo un juez puede cortar el acceso de un ciudadano a Internet. También empresas de telecomunicaciones y operadores, se han mostrado contrarios a la ley. Sin embargo, profesionales del mundo de la cultura, cantantes y cineastas, apoyan la norma.