Un xenófobo, un voto

La captación del voto xenófobo no empieza en el Congreso de los Diputados. Pero ya se ha iniciado. El caldo de cultivo ideal para los mensajes destructivos contra los extranjeros -que despiertan las más bajas pasiones de los que viven en un hilo, por el aumento del paro y el estrechamiento de los recortes sociales- son los cinturones rojos de las grandes ciudades. Allí donde los inmigrantes rumanos, latinoamericanos o marroquíes se agrupan en un barrio en busca de comunidad y allí donde las políticas de integración municipales, autonómicas y nacionales tienen el punto de mira. El político local sin demasiados escrúpulos utiliza el choque de costumbres entre autóctonos y recién llegados, la necesidad de repartir los servicios sociales (básicamente las guarderías, la sanidad y las viviendas) entre más personas y la crisis, con el paro en la primera línea de fuego, está haciendo el resto.

"Lo de Vic indica que convergemos con la UE en lo malo", dice un sociólogo

La tensión es más visible en el ámbito local por congestión de servicios

El panfleto en contra de los inmigrantes rumanos promovido por el PP de Badalona y la negativa del alcalde de Vic, de CiU, a empadronar a los "sin papeles", unida al anuncio de denunciarles, son apuestas arriesgadas de los mandatarios locales de los grandes partidos, pero nada improvisadas. Los resultados de las elecciones autónomicas y locales en la pasada legislatura en determinados municipios muestran que estos duros mensajes calan en una parte de la población, la más vulnerable, y pueden arañar un puñado de votos, a veces suficiente como para hacerse con el poder municipal. La huella social que dejan estos brotes es de dinosaurio. Un mensaje puede cambiar el clima de la zona y destruir de un plumazo años de políticas destinadas a la integración. Pero las encuestas también demuestran que los picos más altos de preocupación de la población española en general por la llegada masiva de inmigrantes no están tanto ligados a estas cuestiones, tan locales, sino a las noticias sobre la llegada de extranjeros sin papeles en pateras o a determinados episodios de violencia.

"Lo que ha pasado en Vic, Badalona o Alcorcón, los problemas también con el padrón, demuestra que estamos convergiendo con la UE en lo malo, es un indicio de que hay tensiones en el nivel local y de que algunas políticas empiezan a identificarse como rentables electoralmente", señala el sociólogo Héctor Cebolla, profesor de Estructura Social Contemporánea en la UNED y experto en inmigración. "Nuestro sistema dificulta la creación de nuevos partidos políticos que tengan éxito con mensajes de ese tipo en las localidades en las que se pueden arañar esa clase de votos, los están usando algunos responsables políticos que pertenecen a grandes partidos y todo esto significa que nos está pasando lo mismo que ocurrió antes en otras naciones de Europa, es decir, implica que no estamos inmunizados ante la xenofobia, a pesar de lo que creía alguna gente. Es el mismo fenómeno que se vio en otros países europeos: ante la llegada masiva de inmigrantes a una parte de los cinturones rojos de las ciudades, el autóctono que puede se va; muchos de los que se quedan, se rallan".

Pero Cebolla, al igual que otros sociólogos, advierte de que las encuestas de opinión -señalan la inmigración como el tercer problema que más preocupa a los españoles- no tienen sentido en este caso utilizando muestras nacionales, al ser la xenofobia un fenómeno que arraiga, en el caso de España, en ámbitos exclusivamente locales. "Los efectos se diluyen cuando se hacen muestras de todo el país. Porque donde estas tensiones son más visibles es en grandes ciudades que tienen más inmigrantes y donde los servicios públicos se han congestionado. Y no es una tensión episódica, ni creo que los últimos casos, de Badalona o Vic, vayan a ser un fenómeno aislado, existen en otros países europeos que llevan mucho más tiempo que nosotros acogiendo gran cantidad de inmigrantes", añade Cebolla. "Otra cosa es que el sistema de partidos español no permita que el fenómeno sea amplio, pero en el nivel micro no nos vamos a diferenciar".

Tomás Calvo Buezas coincide en el análisis. Tiene la perspectiva que le dan varias décadas dedicado a este tema. Es catedrático emérito de la Universidad Complutense y fundador del Centro de Estudios sobre Inmigración de esta institución. "La crisis no es el caldo propicio para la solidaridad, con ella crece el recelo. Es cierto que los inmigrantes se ven también muy afectados por ella con un 29% de paro entre ellos, pero también hay un 31% entre los jóvenes. No se puede decir estadísticamente que la xenofobia crezca por estos fenómenos, pero está claro que está latente y que ha aumentado". Calvo Buezas recuerda el episodio que hizo saltar las primeras alarmas hace unos años: el crimen racista de Aravaca, en noviembre de 1992. La preocupación que despertó hizo que se tomara conciencia de la situación a todos los niveles, político, social, reglamentario, y se pusieron en marcha muchas iniciativas para favorecer los mensajes positivos y la integración. Esta actuación hizo que se rebajaran los índices de xenofobia y que cuando en 2007 creció la inmigración hubiera más tolerancia.

También resalta este experto el atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid. "Hizo mucho mal. Contribuyó a la asociación de los musulmanes con la violencia, por eso hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se dan", advierte.

A pesar de todo, nadie discute que España haya sido, como país y hasta ahora, un ejemplo de tolerancia ante la llegada masiva de inmigrantes que ha ocurrido en los últimos 12 años. La política de inmigración en España se ha construido sostenida en el consenso. No ha sido un espacio, como ha ocurrido con otros temas sociales como la educación o la sanidad, pasto de la confrontación política en las cámaras parlamentarias o en los pasillos e incluso en las calles. Los partidos mayoritarios se han portado en esta cuestión de una forma coherente. Es verdad que lo dicen ellos mismos, sus responsables, pero la inmensa mayoría de los expertos lo certifica.

"La sociedad española ha sido muy receptiva al fenómeno migratorio y la mayoría de los ayuntamientos están haciendo un importante trabajo para favorecer la integración, pero es un proceso largo y complejo y la obligación de los responsables políticos es acompañarlo, invertir en él y poner las condiciones para que transcurra con normalidad", opina la directora general de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Estrella Rodríguez Pardo. "Los discursos que alimentan el odio a lo diferente y enfrentan a unos con otros son peligrosos a largo plazo porque en estas cuestiones en muy difícil construir y facilísimo destruir. Es fácil despertar en la gente el miedo al futuro, al paro, y culpar al que viene de fuera y alimentar los odios. Es difícil explicar bien las cosas, prevenir y resolver. La responsabilidad es compartida, entre los programas del Gobierno y los recursos del Gobierno y los que han puesto por su parte las comunidades y ayuntamientos para la integración de inmigrantes. Y después de todo ese trabajo, el destrozo que hacen a la sociedad esos mensajes destructivos, ¿cómo se arregla y quién lo paga?", advierte la directora general.

Aparte de los dos momentos más delicados para la política de inmigración en España (en 2000, con los dos cambios normativos sucesivos, y en 2005, con la regularización extraordinaria de extranjeros), España, a pesar de las encuestas, no ha vivido grandes confrontaciones por este tema. Pero hay cuestiones que flotan de forma permanente sobre esta calma, una de las cuales suscitó la polémica de Vic: el derecho al empadronamiento reconocido por la legislación española, se esté en una situación legal o no en el país. Esto es para no pocos especialistas, nacionales e internacionales, una situación anómala que debería revisarse y es un derecho que resulta difícil tanto de entender como de explicar bien a los ciudadanos. Y se trata de una de las cuestiones más usadas para lanzar mensajes xenófobos.

"Hay un aumento del rechazo del otro y se produce en los territorios más vulnerables y no en los que tienen más nivel de renta", advierte la portavoz de Inmigración del PSOE en el Congreso de los Diputados, Esperanza Esteve. "Es normal que en un momento de crisis haya cierto temor a que el otro te acabe desplazando a ti, pero lo grave es que una institución, un partido, use esta situación para crear confrontación entre vecinos, agudice las diferencias y ponga la culpabilidad en el que acaba de llegar, eso es muy sucio", señala Esteve. "Estos mensajes juegan con un proceso de cambio social delicado en un momento en el que la percepción de la diversidad es muy alta y, aunque hay déficits, se está trabajando duro en los sitios en los que hay más problemas y son lugares en los que hay que cuidar mucho la convivencia, huir de los agravios comparativos y desmontar mensajes negativos. Así que el daño que hacen esas políticas xenófobas es enorme y es muy irresponsable por parte de esos partidos permitir que se quiebre así la convivencia para arañar apenas unos votos", concluye la portavoz socialista.

Su homólogo en el PP, el portavoz de Inmigración Rafael Hernando, considera que "hay datos preocupantes en el intento de utilizar este tema para captar votos, porque la sociedad ha sido bastante tolerante en los últimos tiempos, dado que España es el país que ha recibido más inmigrantes en los últimos 25 años, y no se han producido elementos de xenofobia, como pasó en Francia". Pero opina que la cuestión es que el Gobierno "no ha tomado medidas serias para atajar el problema de la llegada masiva de inmigrantes, como demuestra que el año pasado, a pesar de la crisis, se dieran 325.000 tarjetas". Hernando insiste en que la ley ha dejado muchas cosas sin resolver: "Es más fácil venir ilegalmente que de forma legal para los inmigrantes y a través del arraigo se está produciendo además un nuevo proceso de regularización", advierte.

El portavoz popular califica como "desafortunado" el panfleto repartido en Badalona y menciona que también lo han sido "las redadas de Interior contra los marroquíes". "El problema es que se han primado mucho los derechos y muy poco las obligaciones de los que vienen, como el respetar nuestra legislación. Venir a nuestro país es un privilegio para muchos extranjeros, reciben sanidad y educación gratuita, pero tienen que tener en cuenta que también hay unas normas que deben cumplir que hablan de la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, en referencia al uso del velo islámico en los lugares públicos", explica. "Para evitar el rechazo hay que conseguir que la gente venga legalmente y que cumpla con las normas que tenemos, que son iguales para todos. Es en ellas, en nuestras leyes, en nuestro ordenamiento, donde está el límite de lo que se puede hacer o no, se sea español o inmigrante", concluye.

Carles Campuzano, portavoz de Inmigración de CiU en el Congreso, que conoce de cerca los últimos casos, opina que "si hay xenofobia es por el discurso populista que se ha utilizado pero también por la realidad, por los problemas que no se han abordado bien". Campuzano también insiste en que, dada la intensidad del fenómeno de la inmigración en España, ha imperado mayoritariamente el sentido común, pero subraya que "el discurso que culpabiliza tiene éxito porque hay problemas en la calle que no han resuelto". Y lo explica: "Alrededor de las personas a las que se dirige ese discurso está el paro, pero también cuestiones cercanas, como el cambio de su barrio, que ya no tiene nada que ver con el que era y muchos que llevan allí toda la vida lo sienten extraño. No se puede culpabilizar al votante, es un error, porque a base de eso no se va a evitar que continúen votando a los populistas. Hay que tomar iniciativas. El modelo legal, por el marco y la puesta en práctica no es bueno, y cuando superemos esta crisis económica hay que abrir una reflexión sobre qué modelo de inmigración va a necesitar España. Porque la demografía exigiría más trabajadores de origen extranjero y no podemos repetir el mismo modelo que hay ahora", advierte el portavoz de CiU.