La policía no halla pruebas del supuesto juicio islámico de Tarragona

Los casi 3.000 folios del sumario del caso del supuesto tribunal islámico de Valls (Tarragona), que habría condenado a una mujer a morir, no incluye pruebas de cargo contra los acusados, seis de los cuales pasaron cuatro meses en prisión preventiva.

Las pesquisas, que arrancaron en marzo de 2009 tras la denuncia de la supuesta víctima, se resumen en un informe policial de diciembre de ese año que sitúa a uno de los líderes de la mezquita local, Rachid E., de 38 años, en el eje impulsor de una trama que pretendía implantar la ley islámica en la zona. Pero basa las acusaciones en meras hipótesis a partir de los "marcados" vínculos salafistas del imputado, además de la denuncia inicial.

La interpuso una marroquí de 28 años, que aseguró haber sido condenada a muerte en una masía de Valls por una veintena de musulmanes tras haberse quedado embarazada de un hombre que no era su pareja. Los Mossos se basan en este testimonio y en la ideología salafista del cabecilla de la mezquita de Valls, arrendatario de la masía, para fijar su "convencimiento" de que los detenidos habían instaurado un tribunal islámico.

Libertad sin fianza

Los nueve imputados fueron arrestados el pasado 14 de noviembre acusados de detención ilegal y tentativa de homicidio. Seis de ellos no quedaron en libertad sin fianza hasta el 12 de marzo, cuando la denunciante plantó al juez por tercera ocasión consecutiva. Cinco semanas antes, los imputados hubieran podido salir bajo una fianza de 6.000 euros, cantidad que no pudieron reunir.

Los esfuerzos judiciales se centran ahora en localizar a la denunciante. "Huyó por miedo cuando recibió la primera citación judicial", explicaron sus padres en marzo desde Marruecos. La responsable del centro de acogida al que fue trasladada la mujer tras la denuncia mostró ante el juez sus dudas sobre su salud mental. Explicó, por ejemplo, que se negaba a compartir la leche por miedo a ser envenenada.

Durante los casi nueve meses de rastreo policial se intervinieron 25 teléfonos y se hicieron seguimientos a una docena de sospechosos. Estas medidas sólo constataron que los imputados formaban una red próxima a la indigencia y dedicada a trapichear con coches de segunda mano y, quizá, algo de hachís.