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Reportaje:UNA DECISIÓN SIN PRECEDENTES

De 'pervertido' a héroe

Con 17 años de edad fue detenido por cuatro policías y pasó tres meses en prisión por ser homosexual. Treinta y tres años más tarde, Antonio Ruiz ha sido resarcido con 4.000 euros

Vive estos días como en una nube, agarrado a su expediente carcelario, el que tantos disgustos le causó hace 33 años y tantas satisfacciones le está dando, paradójicamente, ahora. Antonio Ruiz, nacido en Xirivella (Valencia) hace 50 años, se sabe un símbolo. Un ejemplo elocuente del largo camino recorrido por el movimiento gay en España, desde la marginación y la cárcel, entre 1954 y 1979, hasta el éxito social de hoy, rubricado por el gesto sin precedentes del Gobierno, que acaba de otorgarle 4.000 euros como indemnización por los tres meses pasados en la prisión de Badajoz en 1976. "No soy el que más ha sufrido. Eso que se lo quite la gente de la cabeza. Pero mi caso ha sido el más fácil de aprobar por la comisión que se ocupa de nuestro caso", cuenta ante un campari, "porque mi expediente lo tenían hace mucho. Hay 185 personas en mis circunstancias que también cobrarán".

La Ley de Vagos y Maleantes de 1954 trataba de 'limpiar' la calle de supuestos pervertidos

Si él ha sido el primero es porque ha pasado los últimos años -ya con una baja médica por el sarcoma de Kaposi que padece- enfrascado en la batalla por ese resarcimiento económico a los homosexuales encarcelados durante el franquismo y el posfranquismo. Una batalla que comienza en 1999 y que cobra fuerza tras la creación de la Asociación de Ex Presos Sociales en 2004. Son casi 10 años de idas y venidas al Congreso de los Diputados. De entrevistas con parlamentarios de todos los grupos, incluido el PP, "que nos recibió cuando ya no estaba en el Gobierno", precisa. Claro que ningún apoyo tan sólido como el de Izquierda Unida, la formación a la que está más próximo. Primero hubo un reconocimiento institucional en 2004 y, finalmente, una partida en los Presupuestos del Estado de cuatro millones de euros para saldar lo que él considera una deuda pendiente con un colectivo de unas 3.000 o 4.000 personas. "Esa cifra corresponde a los que fueron fichados como homosexuales en aquellos años. Los que pasamos por las cárceles no seremos más de 500", puntualiza Antonio Gutiérrez Dorado, vicepresidente de la misma asociación, en conversación telefónica desde su peluquería El Tupé de Málaga.

Gutiérrez, que pasó más de seis meses en la Modelo de Barcelona en dos etapas distintas, tiene una historia novelesca a sus espaldas, que incluye una fuga de su casa, a los 17 años, y un año como postulante en un monasterio de Soria. "Los monjes eran unas personas maravillosas. Todavía tenemos amistad", cuenta. Y aunque el grueso de los homosexuales con derecho a indemnización fueron los represaliados con la Ley de Vagos y Maleantes de 1954, él está seguro de una cosa: "Fue mucho más dura la represión con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 a 1979".

Si con la primera se trataba de limpiar la calle de supuestos pervertidos, con la segunda se pretendía curarles, desde la convicción de que la homosexualidad era una enfermedad. España no era un caso aislado. Hasta 1973, la homosexualidad estuvo considerada como un trastorno mental por la Asociación Psiquiátrica Americana y la OMS la mantuvo como tal hasta los años noventa. "Se nos ha perseguido en todas partes, eso es cierto", admite Antonio Ruiz Sáez, "y en ningún país se han aprobado indemnizaciones como la que me han dado a mí". El expediente 138/76, que lleva bajo el brazo, es un sobrio y elocuente relato de un drama. En él están sus fotos de adolescente, de frente y de perfil - "era guapísimo, ¿verdad?"-; los informes de los cuatro policías que le detuvieron, el 4 de marzo de 1976; las requisitorias del magistrado del Tribunal de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Valencia, pidiendo los antecedentes penales del expedientado y ordenando, finalmente, su ingreso en prisión. En ese escrito, el juez reclamaba: "Expídase oficio al señor médico forense para que reconozca al expedientado y emita el correspondiente informe antropológico, psíquico y patológico". Primero estuvo en la prisión de Valencia; luego, en la cárcel de Carabanchel de Madrid; finalmente, y hasta junio de ese año, en la de Badajoz. "Hacíamos balones de fútbol de cuero. Yo creo que por eso odio el fútbol", cuenta.

Le pusieron en libertad el 5 de junio, el día en que cumplía 18 años. Si la cárcel había sido dura, más dura resultó su reinserción en una sociedad hostil. Primero, en calidad de desterrado, vivió un año en Denia (Alicante) en casa de un tío. Aunque no duró mucho allí. "Buscaba mi camino", dice, y terminó por dedicarse a la prostitución. "Pero no era como ahora. Tenía mis amantes. Con uno, abogado, aprendí a escribir a máquina, otro me encontró un empleo en Dragados y Construcciones, y hubo uno con el que aprendí algo de política", dice con gesto coqueto y enigmático.

El tiempo y la distancia han permitido a este antiguo ebanista y pastelero, que dejó la escuela a los 14 años, revisitar su historia. Ruiz cuenta que fue denunciado por una monja. Los funcionarios franquistas señalan en su expediente que él declaró haber sido denunciado por su madre. "Claro, pero es que entonces yo no conocía bien la historia", arguye Ruiz. Lo que sí reconoce es que, antes de que llegara la policía a buscarlo, había pasado por el hospital provincial tras un intento de suicidio. Fue después de anunciar que quería marcharse con un joven amante. "Se me echó encima toda la familia", cuenta.

Era el mayor de cinco hermanos y los tres chicos menores fueron interrogados en un convento para averiguar si habían sido corrompidos. La culpa era de la Iglesia. Antonio Ruiz no admite ninguna responsabilidad de su madre, que será la principal beneficiaria de esos 4.000 euros de la indemnización. "Voy a quitarle el baño para ponerle un plato de ducha, porque tiene mal la cadera", dice. Madre e hijo conviven en el mismo piso en el que irrumpió la policía para detenerle a él hace 33 años.

No hay sombra de rencor entre ellos. Es la hora de la restitución. Aunque Gutiérrez Dorado cree que no será completa "hasta que no se suprima el registro de peligrosos sociales que se guarda todavía en los archivos de la Dirección General de la Seguridad del Estado". Y hay algo más. "Queremos que la homofobia sea un delito". ¿Quieren ver en la cárcel a los que no simpatizan con los homosexuales? "Queremos que se penalice a los que hagan apología de la homofobia. Igual que pasa con el racismo o el Holocausto". Nadie duda de que lo lograrán.

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