Los pacientes exigen a Sanidad que garantice la atención a desplazados

Decepcionados e indignados. Las asociaciones de pacientes exigen al Ministerio de Sanidad que garantice la atención médica a los desplazados; es decir, a los ciudadanos que requieran una cita médica o una receta fuera de su comunidad de origen. Algunas autonomías, como la valenciana o Cataluña, están denegando estos servicios y vulnerando así la Ley General de Sanidad, que obliga a las regiones a atender en igualdad de condiciones a los enfermos, estén o no empadronados, y a sufragar sus gastos médicos. El departamento de Leire Pajín, sin embargo, mantiene que no puede actuar sin una denuncia directa de los afectados. Y asegura que no tienen ninguna. De oficio, dicen, no pueden investigarlo.

La ley no impide que la alta inspección pueda actuar de oficio

La respuesta no ha satisfecho ni a los pacientes, ni a los sindicatos ni a las asociaciones de consumidores. Todos critican la "inacción" del ministerio. "Se está produciendo una situación clara de desamparo de los enfermos que hay que corregir. Y ese debería ser el papel de Sanidad, pero no tiene voluntad política para hacerlo, un síntoma más de que es un ministerio vacío de contenido", esgrime Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, organización que aglutina a numerosas asociaciones de enfermos.

Tampoco las autonomías que más desplazados reciben están conformes con la actuación de Sanidad. Valencia, Murcia y Madrid pedirán en el próximo Consejo Interterritorial que se establezca un mecanismo de compensación del gasto que producen los enfermos desplazados. Algo a lo que el ministerio es contrario. Y no es la primera vez que esas autonomías llevan el tema a la reunión. Además, María Ángeles Palacios, la consejera de Murcia -una región que en los dos meses del verano pasado atendió a 130.000 desplazados- planea dialogar con el resto de comunidades afectadas para tratar de establecer un frente común en esa cita. "Somos sensibles a los problemas de otras autonomías, pero este es serio y se repite cada año", explicó un portavoz de esa consejería.

Madrid, que atendió a 280.000 desplazados el año pasado, asegura que ha llevado la cuestión "en varias ocasiones" al Consejo Interterritorial. El consejero madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, pidió en la última reunión entre el ministerio y las autonomías un sistema de compensación basado en la facturación entre comunidades. En la próxima cita volverá a hacerlo, asegura una portavoz. Y así, "en cada ocasión que se nos presente", añade.

También desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública critican que el ministerio no investigue los casos de desatención a los enfermos desplazados. Su portavoz, Marciano Sánchez-Bayle, se reunió ayer con la ministra Pajín y le trasladó su preocupación por esa vulneración de la ley. Sanidad, sin embargo, insiste en que no puede actuar de oficio, sino a partir de denuncias concretas. Asegura no tener pruebas fehacientes de lo que sucede, pese a que existen fotos de carteles en los que se informa de que no se derivará a los especialistas a los desplazados (en un ambulatorio de Cullera, Valencia), o circulares que instan a los médicos catalanes a no dar recetas a turistas con dolencias crónicas.

Hay multitud de casos. Abuelos que viven unos meses al año repartidos entre sus hijos que residen en distintas comunidades autónomas y que necesitan ir al médico. Enfermos crónicos que van de vacaciones y precisan recetas. Como Juan Carlos Sánchez, un aragonés enfermo crónico que necesitó medicación en Cataluña, donde estaba pasando un mes, y le denegaron la prescripción. Un hecho que le llevó a poner una reclamación en el ambulatorio en el que le atendieron.

A pesar de casos como el suyo, Sanidad insiste en que solo puede activar a alta inspección, que vela para que no haya desigualdades entre regiones, con una denuncia directa. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, sin embargo, no recoge que ese órgano no pueda actuar de oficio. Su función es supervisar, evaluar y comprobar que las leyes de sanidad se cumplan. Y más concretamente, "verificar la inexistencia de cualquier tipo de discriminación" en la prestación de servicios sanitarios.

"Claro que el ministerio tiene capacidad para impedir estas actuaciones de algunas comunidades. La ley es muy clara", afirma el secretario de Sanidad de CC OO, Antonio Cabrera. A su sindicato han llegado denuncias de los propios trabajadores sanitarios. "Sabemos que hay comunidades que actúan de manera ilegal", añade. Puntualiza que la crisis y la necesidad de recortar gasto está fomentando estas prácticas.