Los obispos, los grandes derrotados

Los obispos españoles y, sobre todo, el Vaticano, son los grandes derrotados en el agitado combate de los conservadores contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Una y cien veces, los prelados llamaron a sus fieles a la objeción de conciencia y a manifestarse en la calle, con el argumento de que la nueva materia escolar atenta contra "derechos humanos fundamentales". Su tesis es tan antigua como la propia Iglesia romana: poder por poder, el de los representantes de Dios en la tierra (es decir, los obispos) está por encima del poder del Estado. Detrás hay, además, una aceptación siempre reticente del mandato conciliar (Vaticano II, año 1965) de separación Estado-Iglesia, y de la libertad religiosa y de conciencia.

Una y cien veces los prelados llamaron a sus fieles a objetar

El toque de rebato contra esta asignatura fue temprano y muy exigente, como si la moral social corriera el peor de los peligros. El repique agitado de las campanas eclesiásticas anunciaba un suceso tan alarmante que se exigía el esfuerzo de todos los fieles para atajarlo. "La nueva asignatura es inaceptable, impone el relativismo moral, perjudica el desarrollo de la persona, vulnera la libertad de enseñanza y la religiosa", proclamaron los obispos tras una reunión de dos días en la Conferencia Episcopal. Todo el documento era una declaración de guerra. Llamaba a combatir a los padres, pero también a los colegios. Fue ahí donde la jerarquía recibió el primer desengaño. La poderosa Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA), muy mayoritaria en el sector confesional y de la enseñanza concertada, llegó a un acuerdo con el Gobierno para ajustar la asignatura a sus idearios, apartándose de la campaña y de las manifestaciones.

Ni siquiera esa amenaza a la unidad de la escuela católica arredró a los prelados. Acudieron a Roma en busca de auxilio. Lo tuvieron enseguida, y de gran tonelaje: por boca de la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio de la Inquisición), cuyo primer secretario, Angelo Amato, visitó Madrid para la ocasión. Amato fue el segundo del cardenal Joseph Ratzinger cuando el hoy papa Benedicto XVI presidía con mano de hierro el citado dicasterio. "No debe ser el Estado quien impone las convicciones religiosas y éticas, sino la propia conciencia", declaró el mandatario de la Santa Sede.

El Ejecutivo socialista se hartó de decir que la nueva asignatura no tenía intención de adoctrinamiento, ni se entrometía en el derecho de los prelados a enseñar moral y religión católicas en las escuelas, ni en el de los alumnos a recibirla. Los libros de texto que fueron apareciendo, algunos firmados por intelectuales de la talla de Fernando Savater o José Antonio Marina, desmentían esos recelos episcopales. La Conferencia Episcopal no hacía caso. Según el cardenal Cañizares, hoy miembro del Gobierno vaticano, Educación para la Ciudadanía era una tapadera de los socialistas para enseñar "totalitarismo", "relativismo", e incluso para "derribar la moral social". También el cardenal Rouco atizó el fuego con dramatismo: la asignatura es "inconstitucional y atenta contra el derecho de los padres a educar a sus hijos".

Tanta sordera contagió a la curia romana, sin excepción. Pese al dictamen del Tribunal Supremo, su cardenal prefecto de la Congregación Pontificia para la Educación Católica, Zenon Grocholewski, expresó ayer mismo su desolación: "Rechazar la objeción atenta contra el derecho esencial de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propios convencimientos", dijo antes de reiterarse en la idea de que la polémica asignatura es una "imposición de una determinada educación ética".