La nueva Ley de la Ciencia, entre la frustración y el estado de excepción laboral

El 14 de abril se han cumplido 25 años de la promulgación de la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, sin duda el principal referente del sistema científico-técnico español. Los logros de esta ley han sido muy importantes: aumento sustancial de la presencia española en proyectos internacionales y en todas las bases de datos científicas, consolidación de grupos, aumento del protagonismo de la Universidad como agente fundamental en la creación de conocimiento básico, presencia creciente de las comunidades autónomas (CC AA). y promoción de la tecnología y la innovación en planes regionales, con un gasto total en I+D que ha evolucionado desde el 0,72% del PIB en 1988 al 1,35%PIB alcanzado en 2009, todavía muy lejos de la media europea y de la OCDE.

Sin embargo, la Ley no consiguió su objetivo básico de coordinación entre los distintos agentes del sistema público de I+D ni con las CC AA. Aunque los resultados menos brillantes son los obtenidos en promoción de la I+D y de la innovación empresarial. El sector empresarial español no ha incorporado la innovación tecnológica como elemento estratégico de su actuación, aunque ha contado con una ingente cantidad de instrumentos, alimentados por el exponencialmente creciente capítulo 8 de los PGE, que ya supone más del 60% del total del gasto en I+D de la Administración General del Estado (AGE) y con la política fiscal más generosa de la OCDE. Los mecanismos de promoción no han funcionado sino que se ha producido una sustitución de inversiones por ayudas públicas.

En los países más avanzados el porcentaje de inversión privada respecto al total supera el 60%, mientras en España la financiación empresarial supuso en 2009 el 43,3% del gasto total, con una reducción neta del 8,8% respecto a 2008. Según el INE el gasto total en I+D ha disminuido en 2010 por primera vez en 15 años, debido al comportamiento de la inversión privada. Por tanto, no estamos ante un problema de financiación excesiva del sector público, sino ante un déficit sostenido de los recursos privados aportados al sistema.

La discusión de la nueva Ley se plantea en el marco de una profunda crisis con un aumento vertiginoso del paro y la destrucción de gran parte del sistema productivo. La vinculación entre ciencia y entorno socioeconómico es un factor clave para la innovación, entendida como la aplicación práctica del desarrollo tecnológico y de la generación de conocimiento a la resolución de necesidades empresariales y sociales concretas. Por tanto, las medidas de la Ley deberían comprender no sólo al sistema público, sino también al resto de actores del sistema de ciencia y tecnología, con el objetivo de promover la creación de conocimiento básico, atender a las demandas de la sociedad y fomentar la mejora de los procesos de innovación en el sistema productivo.

La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Los aspectos centrales de la ley reflejan las presiones de los sectores empresariales para reorientar al sector público hacia la trasferencia y la innovación. Ante la incapacidad de generar un tejido tecnológico potente a partir de una inversión propia sostenida y suficiente, se propone la conversión del sector público en el núcleo de la investigación finalista y aplicada. Para abundar en esta propuesta, CIU ha introducido en el trámite de enmiendas el concepto de transferencia inversa, que en román paladino significa que serán las grandes empresas las que decidan las prioridades y objetivos del sector público.

Insistimos en tropezar en la misma piedra, errando el diagnóstico y confundiendo el papel de los actores. El sector público no puede actuar como motor exclusivo del tan reiterado cambio de modelo de desarrollo. Las prioridades de orden organizativo, financiero, de recursos humanos y de estrategia empresarial son las que definen a las empresas innovadoras, además de la gestión de las innovaciones tecnológicas. La interacción entre sector público y privado es imprescindible, pero debe establecerse desde el respeto a los objetivos y culturas propias de ambos sectores y dentro del marco de una planificación estratégica de las actividades de I+D+i que exige el cambio de modelo de desarrollo en nuestro país.

La ley tampoco resuelve la escasa coordinación de las actividades de I+D entre AGE y CC AA. El Consejo de Política Científica y Tecnológica sustituye al inoperante Consejo General de Ciencia y Tecnología y el paso por Comisión ha reforzado, de la mano de CiU y PNV, la vía de las negociaciones bilaterales respecto a las federales, primando a las autonomías con poder real o por simple aritmética parlamentaria.

Una ley contra los trabajadores de la investigación

Pero el principal problema de la ley se centra en los recursos humanos. Desde CC OO propusimos la incorporación al nuevo texto legal de los criterios básicos de un Estatuto del Personal de Investigación, que debía recoger el derecho a la carrera profesional para el conjunto de funciones que incluye la actividad investigadora -científicas, técnicas y de gestión-, favorecer la movilidad, y reducir la alarmante precariedad que lastra los centros públicos de investigación.

Ninguno de estos objetivos se recoge en el proyecto de ley. Las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) se reconvierten a las del CSIC, pero con el adjetivo MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación). Eso sí, los investigadores de OPI se incorporarán en la escala inicial, Científico Titular, al margen de su situación profesional; un despropósito que solo puede generar polémica y aumenta el descrédito del ministerio. Se crea la figura del tecnólogo, pero no se desarrolla su carrera profesional, y no se incluye referencia alguna al personal de gestión, aunque se reconoce que la falta de gestores especializados limita la capacidad de actuación de los centros públicos.

El articulado sólo reconoce el derecho a la carrera del personal científico, y con grandes restricciones en el sistema de acceso. Los sindicatos planteamos la reducción a dos tramos -el contrato predoctoral y el contrato de acceso-, previos al acceso a un puesto estable, apoyando el modelo de contratación laboral como vía de estabilización; pero rechazamos los contratos indefinidos condicionados a evaluaciones periódicas, que introducían una nueva causa de despido objetivo. Lo que no se lograba en el proceso de diálogo social se pretendía colar por la puerta trasera de la ley de ciencia.

Tras su paso por Comisión, se presenta como única novedad la sustitución del sistema 2+2, por el contrato laboral de cuatro años para realizar la tesis doctoral en universidades, OPI e ISFL financiadas con fondos públicos. A cambio, no se mantienen las condiciones actuales, y el sueldo inicial de los becarios (1.100 euros mensuales para FPI, FPU, JAE) se verá reducido entre un 30-40%.

Por otro lado el proyecto de ley propone un sistema de acceso que ni siquiera recoge las escasas garantías del actual modelo Ramón y Cajal. Los investigadores que superen la evaluación podrán ver sus méritos valorados en las pruebas de acceso a puestos de personal laboral fijo -¡¡¡solo faltaría que no valieran!!!-, pero no se les aplicará el sistema retributivo de sus homólogos funcionarios. Se han desechado las propuestas sindicales de asegurar un número de contratos indefinidos equivalente al número de plazas convocadas al inicio del proceso.

Pero donde el proyecto de ley adquiere su mayor nivel de regresión es en la enmienda 304, propuesta por el PP y aprobada por CiU, PNV y PSOE. La disposición adicional 23 implica que a todos los contratos temporales del sector público de la investigación (regulados en los artículos 19.2, 25.7 y 29 de la ley) no se les podrán aplicar los artículos 15.1 y 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Se elimina así la posibilidad de acceder a un contrato indefinido por encadenamiento de contratos en el mismo puesto de trabajo, la popular Ley Caldera. No se resuelve, sino que se profundiza, el problema de la precariedad en el sector público de la investigación, donde el personal investigador y técnico podrá ser precario ad infinitum.

La precariedad laboral se convierte en norma; una verdadera patología del sistema científico, cuando la única fórmula para construir una base amplia de investigadores eficientes deberían ser: estabilidad y medios, junto con un sistema objetivo de evaluación para su entrada. La precariedad, además de injusta, es disfuncional para el sistema de investigación. ¿Cómo va a aumentar la eficiencia de un sistema cuando la mitad de sus muy cualificados trabajadores se ven condenados a la inestabilidad de por vida?

Esta enmienda constituye un verdadero ataque a los trabajadores de la investigación, creando un estado de excepción laboral en el sector público.

Y otros retrocesos

Una exigencia del Ministerio de Economía y Hacienda ha sido aprobar la Ley a coste cero cuando queda claro que las actividades de I+D necesitan horizontes financieros plurianuales y estables. La ley no dispone de una Memoria económica y los PGE I+D 2011 han confirmando que nace sin apoyo presupuestario. Los únicos recursos nuevos para su puesta en marcha son los 17 millones de euros para financiar el coste de la Seguridad Social de los nuevos contratos predoctorales.

Se mantiene la dualidad de las dos agencias de financiación, una para la investigación y otra para la innovación, lo que impide la actuación estratégica conjunta y rompe la coherencia de los sistemas de evaluación y seguimiento de los recursos asignados. Si estas agencias son independientes, como prevé la Ley de Agencias, deberán contar con presupuestos plurianuales de los que el MEH no quiere ni oír hablar.

Desde la Secretaria Confederal de I+D+i de Comisiones Obreras hemos mantenido este discurso ante el Ministerio de Ciencia e Innovación, plasmado en las más de 80 enmiendas elaboradas con UGT, planteadas a todos los grupos parlamentarios pero solo defendidas por el grupo IU-ICV-ER. El grupo socialista no ha aceptado ninguna enmienda de calado, más allá de retoques en el texto introductorio. La ministra Garmendia ni siquiera ha asistido a las dos comisiones donde se discutió y aprobó el proyecto.

El PSOE justifica la ley en base al importante consenso alcanzado en comisión, donde solo el diputado de Izquierda Unida se opuso a su aprobación. Un diputado que representó en solitario las demandas de los dos grandes sindicatos de clase y de las asociaciones más representativas de los investigadores precarios.

Pocas son las posibilidades de que algo cambie en el Senado y en pocas semanas tendremos una nueva Ley de Ciencia que sustituya a la 13/1986. Poco hemos aprendido para convertir la esperanza que aquella suscitó en frustración y desprecio a los derechos de quienes construyen la investigación. Claro que aquella ley fue fruto de un Gobierno fuerte y de un ministerio sólido, mientras que la actual procede del ministerio más débil de un Gobierno débil y sin rumbo.

Emilio Criado es Científico Titular y representante de CC OO en el Consejo Rector del CSIC y Alicia Durán es Profesora de Investigación del CSIC y directora del Área de Ciencia y Tecnología de la Fundación 1º de Mayo de CC.OO.