Un militar mata a su ex esposa ante la pasividad de la justicia

La argentina Sylvina Bassani murió ayer, asesinada por su ex marido, después de esperar más de 19 meses a que se acabara de instruir un procedimiento penal contra su marido, José Javier Lacasa; después de poner en conocimiento del juzgado en numerosos escritos que él estaba quebrantando la orden de alejamiento; después de pedir su ingreso en prisión por esta persecución.

El sargento mató a su ex pareja en Guadalajara ante su hijo de cuatro años

Los psicólogos del juzgado rechazaron la existencia de maltrato familiar

Su traslado de domicilio y de comunidad autónoma, ante la inactividad judicial, no sirvió de nada. El asesino, sargento del Ejército de Tierra, de 34 años, se enteró de dónde vivía ella con su nueva pareja, otro militar. Los mató a los dos ayer a las 6.45 de la mañana, con una pistola, en su casa de Alovera (Guadalajara), y se suicidó. Todo ocurrió delante del hijo que el asesino tenía con la víctima, de cuatro años. Con Sylvina, son ya 26 las mujeres asesinadas en España este año por violencia machista.

La víctima había interpuesto una primera denuncia por malos tratos en 2003 -el mismo año de su matrimonio-, que después retiró. En septiembre de 2006 volvió a pedir ayuda a los jueces. Vivía con su marido en Ajalvir (Madrid), y denunció en los juzgados de Torrejón de Ardoz una agresión física y malos tratos habituales hacia ella y hacia su hijo.

Se dictó una orden de protección con medidas cautelares civiles y penales, entre ellas, alejamiento del marido respecto de ella y su hijo y la entrega de sus armas -él sólo reconoce tener una escopeta de aire comprimido-. El juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz siguió los dos procedimientos: la instrucción penal y el procedimiento civil de divorcio. En este último se dictó sentencia en un plazo razonable: el 22 de marzo de 2007. El penal, 20 meses después, sigue abierto. No se ha iniciado la fase de juicio oral y ni siquiera hay acusación hasta el momento. El procedimiento lleva meses en manos del fiscal, según aseguran los abogados de la víctima, Roberto García y Fernando Martín.

A partir de la orden de protección, de septiembre de 2006, Sylvina, de 33 años y doctora en microbiología médica, empezó a poner en conocimiento del juzgado varios quebrantamientos de la medida cautelar: llamadas telefónicas, mensajes de móvil, ruedas pinchadas del coche, vecinos que lo habían visto merodeando por la casa... infructuosamente. El juzgado pidió oficios a las compañías de teléfonos, pero después de recibir los datos de una de ellas, señaló que no estaba acreditado que las llamadas se hubieran hecho desde el teléfono de Lacasa. Sylvina aseguraba que no sabía de dónde se hacían, pero que era su voz la que escuchaba. En abril de 2007 la juez Gemma Fernández denegó varias peticiones a la víctima: que se reconociera al menor, que se practicara un informe psiquiátrico de Lacasa, que declarara Sylvina para contar lo que había pasado en los últimos meses, que declarara una psicóloga y que se celebrara una comparecencia para decidir si el ex marido debía ingresar en prisión. Otro juzgado archivó un procedimiento por quebrantamiento de condena.

Un informe psicosocial del juzgado de 7 de marzo de 2007, firmado por Juan Ignacio Alonso y María Isabel Tagle, llegó a afirmar que "desde el punto de vista psicológico no se puede hablar de maltrato familiar". A pesar de que, en el mismo, Lacasa relataba que le había sacado de sus casillas que ella le dijera que quería hacer un viaje a Boston y que había tirado una televisión. Al trabajador social y a la psicóloga él les pareció una persona normal, e incluso la reconvinieron a ella para que, a través de tratamiento psicológico, elaborara "adecuadamente su conflictividad de pareja" y se "abriera a las relaciones paternofiliales" entre el padre y el hijo. A través de un Punto de Encuentro Familiar, y porque así se había decidido en la sentencia de divorcio-a pesar de la orden de alejamiento entre ellos-, Lacasa había reanudado las visitas con su hijo, de forma supervisada y controlada. La sentencia estaba recurrida ante la Audiencia Provincial.

Por el juzgado de Violencia sobre la mujer de Torrejón de Ardoz (el de instrucción número 5 de la localidad) han pasado tres jueces desde que se inició el procedimiento de Sylvina. Finalmente, 19 meses después, la mujer a la que jueces y psicólogos parecieron no dar mucho crédito ha muerto asesinada. No tenía familiares en España. Su hermano, que vive en Italia, estaba ayer viajando para poder velar el cadáver de su hermana.

La nueva pareja de Sylvina, Andrés Marzal, de 38 años, también era militar. Él y el asesino habían estado destinados en la Brigada Paracaidista en Alcalá de Henares. El día del crimen, el timbré sonó a las 06.45 de la mañana, en el adosado número 1, de la calle Manuel de Falla. Andrés abrió la puerta, lo que le costó la muerte. Javier Lacasa "le dio dos tiros". Luego se dirigió a la cocina, donde estaba Sylvina, y "le disparó tres veces". Acto seguido llamó al 112 y dijo que había dos muertos en la casa y que, posiblemente, habría un tercero. Para sí mismo, usó una última bala. Cuando llegó la policía al domicilio encontró los tres cadáveres y un "menor, que presenció el crimen". El niño era el hijo del asesino y de la mujer argentina.

Es la reconstrucción de los hechos según el delegado del Gobierno en la Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano. Fuentes militares aseguraron que el arma homicida fue una Smith & Wesson, que sería de su propiedad, porque "en su puesto de trabajo no tenía asignada una pistola".

En Ajalvir (Madrid), donde Sylvina residió con su asesino, los malos tratos eran conocidos por los vecinos, que hacían corrillo ayer en el portal del bloque. "Al final se la ha cargado", se lamentaba Montserrat. "Se quejaba de que no atendía al niño", explicó. También contó que a Sylvina le gustaba bailar: "Se tuvo que borrar de aerobic porque Javier no quería que fuera". Sylvina también relataba que, después de un noviazgo normal, tras la boda él se enfadaba si ella llevaba ropa ajustada.

El menor, Gonzalo, se mudó ayer con unos amigos y vecinos de Sylvina y Andrés. Los servicios sociales del Gobierno de Castilla-La Mancha han asumido su tutela hasta que contacten con sus abuelos maternos, aunque no quisieron precisar ayer si el niño está en un centro de acogida o sigue con los amigos de la pareja.

Uno de los abogados de Sylvina, Roberto García, habla sin dudar de "desatención judicial". "Esto era algo anunciado que se podía haber evitado", señala. "Nos ponemos a disposición del Consejo del Poder Judicial y de todas las autoridades para que investiguen qué es lo que ha ocurrido en este desgraciado caso".